- Al día siguiente de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que preside dictara una sentencia de lo más polémica, contradictoria y trascendente, al día siguiente de que la calle echara fuego y bramara Justicia, la magistrada pamplonesa Esther Erice, todo un referente en violencia de género en el Estado, pedía calma y tiempo. Estas fueron sus palabras a 26 de abril de 2016: “Hay que esperar a que el Supremo clarifique conceptos como el de intimidación y, cuando lo haga, arrojará luz sobre este caso, Hay que entender los ritmos de la sentencia y que ésta no será firme hasta que el Supremo no se pronuncie. Será un recorrido interesante porque estos tipos penales son complejos y esta materia es muy cambiante. Desde que se aprobó el Código Penal en 1995 ha habido cuatro reformas”. Además, ya por entonces, la jueza vaticinaba el debate jurídico que se iba a producir a este respecto. “Ha habido también mucho problema, y lo ha desarrollado la doctrina jurisprudencial, sobre los contextos intimidatorios. No se hace una intimidación directa, pero el contexto, la intimidación ambiental, implican las razones para creer que se puede sufrir ese mal futuro, injusto y posible que caracteriza la intimidación”, indicó. En este sentido, aseguró que “todos estos conceptos hay que precisarlos, lo va haciendo el Tribunal Supremo conforme dicta las sentencias en los casos concretos, sabiendo también que no hay dos casos iguales”. Hoy día, aquellas palabras de Erice se han transformado en hechos probados. La integrante del grupo de expertos del CGPJ en violencia doméstica y de género entiende que el camino punitivo de caso como este venía ya marcado y, quizás, convenía precisarlo un poco más.

El Supremo acaba de sentenciar el caso de ‘La Manada’ como violación. ¿Merecía un asunto así que se clarificaran ciertas circunstancias concurrentes en los delitos sexuales?

-La propia resolución que se ha conocido nos indica que la jurisprudencia que se ha aplicado ya tenía precedentes. Quizás, lo que ha hecho ahora el Supremo ha sido profundizar en una línea que tenía marcada, y se ha pronunciado de manera determinante y clara sobre lo que considera intimidación y prevalimiento. Y así, cuando se dan las circunstancias que se daban en este caso, un espacio angosto, sin salida, una actuación en grupo y un escenario opresivo, eso conduce a hablar de intimidación ambiental.

¿Esta resolución repara la brecha social que se había abierto tras la actuación de la Justicia navarra?

-Es cierto que hubo esa brecha social, que se manifestó en la reacción ante la primera resolución. Pero ciertamente, la resolución definitiva es lo que ahora se ha avanzado en el fallo. Hay que tener en cuenta que las resoluciones, hasta que no se alcanza el Supremo, son provisionales. Al inicio se produjo una brecha entre la opinión pública y una sentencia que todavía no era firme. Por ello, lo que había que pensar es que una de las características de nuestro sistema de Justicia es el mecanismo de recursos del que dispone, y espero que se entienda ahora cómo funciona el sistema. Las resoluciones en Navarra fueron puestas por una sección de la Audiencia Provincial y por la Sala del TSJN, y ambas no fueron unánimes, por ello creo que allí no se reflejaba la totalidad de la Justicia navarra, en la que predomina la pluralidad y donde es normal que exista disparidad de criterios. Precisamente porque la Justicia es independiente, es mucho más amplia que una Sala y un TSJN que no fue unánime.

¿Cree que este caso marcará un punto de inflexión?

-Creo que este caso ya había supuesto un antes y un después antes de la sentencia del Supremo y ya había ayudado a mejorar nuestro sistema. Nos hubiera gustado que esa mejora se hubiera producido evitando este sufrimiento. Este caso ha supuesto a nivel de regulación formal que se haya planteado una redacción más precisa de estos tipos penales en lo que trabaja una comisión a tal efecto para una mejor redacción, además las asociaciones judiciales reclamaron un curso de perspectiva de género al Consejo General del Poder Judicial, un curso en el que hay más un millar de magistrados apuntados. Y, por lo tanto, este caso ha supuesto un punto de mejora para la normativa penal y un punto de inflexión para mejorar la formación de jueces y magistrados. Y aclara que es lo que viene siendo la intimidación ambiental en este caso concreto.