Madrid - El Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han establecido una serie de mecanismos para frenar la difusión de vídeos con cualquier tipo de violencia o acoso (machista, escolar o laboral) y tratar de evitar así el daño extra y la humillación pública que sufren las víctimas.
Con ese objetivo varios responsables del Gobierno en funciones firmaron ayer protocolos de actuación con la Agencia, que va a poner además en marcha un canal para retirar con la mayor celeridad posible los contenidos especialmente sensibles en internet.
El objetivo principal de los protocolos que activados es el de avanzar hacia la “tolerancia cero” contra los vídeos y las imágenes violentas, y evitar que ese tipo de grabaciones se hagan virales en las redes sociales, lo que supone un daño extra para las víctimas que sufren ese tipo de abusos y acoso.
En el acto celebrado en la sede de la AEPD intervinieron la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo; los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; de Trabajo, Magdalena Valerio; la Fiscal General del Estado, María José Segarra; la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; y la directora de la AEPD, Mar España.
Todos subrayaron las ventajas que ofrecen en la actualidad las nuevas tecnologías pero también alertaron de que éstas proporcionan herramientas que pueden servir de cauce para dañar de una forma grave la privacidad de las personas.
El “canal prioritario” que la AEPD ha puesto en marcha para comunicar la difusión ilícita de contenidos sensibles y solicitar su retirada pretende ofrecer una respuesta rápida en situaciones “excepcionalmente delicadas”, como las que incluyen la difusión de imágenes con contenido social o violento.
Este nuevo mecanismo está especialmente indicado para las víctimas de violencia machista, agresiones sexuales o acoso, y para aquellas colectivos especialmente vulnerables, como los menores de edad, las personas discriminadas por su raza u orientación sexual o las personas con alguna discapacidad.
La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, corroboró la preocupación del Ejecutivo por este tipo de hechos y por el desenlace “fatal” de las víctimas que en ocasiones se registra cuando se produce la difusión y “viralización” de ese tipo de imágenes.
Por su parte, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, incidió en la necesidad de que la respuesta institucional ante la difusión de ese tipo de imágenes con contenidos violentos sea “rápida y eficaz” y en la importancia de imponer sanciones que resulten disuasorias y contribuyan a frenar estos hechos.
La difusión de vídeos o imágenes que incluyan contenidos sensibles tiene, según subrayaron ayer todas las instituciones que intervinieron en el acto, consecuencias administrativas, disciplinarias, civiles y penales.
Esas responsabilidades pueden recaer por ejemplo sobre una empresa: una trabajadora denuncia una posible situación de acoso y la empresa no actúa; o dos trabajadores varones son hostigados y grabados por sus compañeros mantener una relación sentimental y la empresa no adopta medidas para atajarlo.
Pero pueden también recaer sobre los ciudadanos; por ejemplo cuando unos alumnos graban en el patio cómo otros se burlan o insultan a un compañero; grupos de jóvenes que graban a un menor discapacitado, se burlan y lo “cuelgan” en redes; o cuando una persona publica en fotografías íntimas de su expareja, tomadas inicialmente con su consentimiento.
Tramitación en la red. Los afectados pueden describir en www.aepd.es cómo se ha producido esa difusión, explicar si ha sido víctima de violencia de género, de abuso, agresión o acoso, o si es menor de edad o una persona con discapacidad. A partir del relato, se determinará si es preciso adoptar medidas cautelares o urgentes.
