MADRID - La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales 64 años de prisión para el industrial del acero José María Aristrain, que fue máximo accionista de la extinta Aceralia y uno de los principales de Arcelor, por defraudar supuestamente a Hacienda 211 millones de euros entre 2005 y 2009.
La Audiencia Provincial de Madrid señaló para el miércoles próximo el juicio de José María Aristrain, a quien el fiscal imputa quince delitos de elusión tributaria y reclama que pague en concepto de responsabilidad civil 210.980.706 euros y una multa que ronda los 1.190 millones de euros.
En su escrito el fiscal señala que “en 1998 el industrial ordenó la constitución en Holanda de Corporación JMAC. B.V. para acogerse artificiosamente y de forma abusiva al muy beneficioso tratamiento fiscal de dicho país para una sociedad patrimonial de tenencia de participaciones “mediante la exención de tributos de los dividendos repartidos y las plusvalías obtenidas por las ventas de las mismas”. Añade que cuando la sociedad dejó de gozar de ese ventajoso tratamiento fiscal en Holanda, Aristrain dispuso el traslado de su gestión a Luxemburgo.
Explica que allí era participada al cien por cien por la sociedad española Corporación J.M. Aristrain, que a su vez era poseída al 69,17% por el acusado y el 30,83% por la Fundación Navarra Aristrain de la Cruz. Según el fiscal en realidad se trataba de una “falaz apariencia” puesto que el control y la dirección efectiva de la corporación estaba ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Subraya que de esta manera José María Aristrain consiguió que no tributaran en España al erario público por el impuesto de sociedades los dividendos de Arcelor, SA, ArcelorMittal, SA y Arcelor Mitall Steel en el periodo comprendido entre 2005 y 2008 ni la que plusvalía obtenida en 2008 por la venta de las acciones de ArcelorMittal.
“En 2005 liquidó la sociedad Tenmat SL, controlada por él mismo, si bien antes de hacerlo transmitió de forma artificial su titularidad de su corporación a otra llamada Corporación JMAC, B.V., deslocalizando con ello la plusvalía obtenida, que no tributó en España ni en Luxemburgo, con lo que causó un perjuicio a Hacienda de más de 130 millones de euros”, destaca la Fiscalía. - Efe
