donostia - Se han convertido en un incómodo testigo para la agenda europea de inmigración. De hecho, les consta que existe una voluntad política de opacidad, pero no se arredran. El presidente de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), responsable del barco Aita Mari, Iñigo Mijangos, lanzó ayer un duro alegato contra el drama humano de la emigración y denunció la “estrategia diabólica” del Gobierno español para evitar la labor del buque con base en Pasaia. Gracias a su tripulación, 78 personas viven para contarlo, rescatadas de la fosa común del Mediterráneo central. Mijangos pidió a Madrid “mayor audacia” en materia de inmigración y sugirió seguir la estela del Gobierno Vasco por su compromiso demostrado. Además, reclamó trasladar a Euskadi a las personas que presentan necesidades más urgentes. “Donde sea que hayamos nacido, tenemos unos derechos adquiridos como personas y no hay que permitir que por voluntades políticas esos derechos se vean atropellados”, defendió.
Para la tripulación ha sido “especialmente doloroso” comprobar que la sombra de la sospecha ha planeado sobre el Aita Mari desde el minuto uno. La máxima autoridad marítima española ha contemplado el proyecto con “presunción de culpabilidad permanente, acusándonos de tener intenciones ocultas”, según denunció ayer visiblemente molesto.
A pesar de las dificultades, no solo ha sido posible rescatar a 78 personas a la deriva, sino prestar ayuda en las islas del Egeo, donde los refugiados soportan unas condiciones de vida “incompatibles con cualquier estándar humanitario”.
Mijangos compareció ayer en las Juntas Generales, acompañado por Iñigo Gutiérrez, vicepresidente de SMH, y Nerea Machado, integrante de la ONG. Los tres fueron recibidos por el presidente de la cámara, Xabier Ezeizabarrena, quien agradeció el trabajo realizado por esta organización, una labor “que la propia Unión Europea sigue sin garantizar”.
Detalló a los parlamentarios guipuzcoanos su experiencia a bordo del atunero reconvertido en buque de rescate, que el 26 de noviembre desembarcó en el puerto siciliano de Pozzallo a 79 náufragos que habían localizado cinco días antes en el Mediterráneo. Un operativo que finalmente fue posible, precedido de un eterno compás de espera burocrático.
Las decisiones sobre el Aita Mari dependen directamente del director general de Marina Mercante, y el trato dispensado ha sido “discriminatorio” con respecto a los trámites administrativos ordinarios, criticó la ONG. Entretanto, personas a la deriva mueren y no hay testigos de ello. Hay quienes avisan por teléfono a la desesperada de que se han quedado sin motor. Sobran las palabras cuando nadie acude al rescate.
Durante la navegación del Aita Mari en el Mediterráneo central la tripulación ha podido comprobar que los días de buena mar, numerosos botes se lanzan sin más miramientos. Muchos son interceptados y devueltos en caliente por los guardacostas libios, como ocurrió con las 289 personas de las que se tiene constancia durante los días que el barco de Pasaia navegó por la zona.
“Para ellos, cualquier desenlace es mejor que volver a Libia. De hecho, prefieren la muerte a seguir viviendo en su tierra en esas condiciones”, advirtió el responsable de SMH. El Parlamento Europeo reconoce que no existe en este país un Estado propio con las mínimas garantías jurídicas, algo que han podido comprobar los integrantes de la ONG guipuzcoana, según los testimonios recabados de las personas rescatadas.
Se atribuye al gobierno libio, pese a todo, una exclusividad de actuación en una franja de unas 80 millas náuticas (en torno a 150 kilómetros) para que actúe exclusivamente la Marina. Sin pensarlo dos veces, facilita de facto la devolución en caliente a un país en guerra. Se calcula que en total se han visto afectadas por ello un total de 8.613 personas. “Cualquier estrategia que diseñemos en Europa para disuadirles no vale porque quieren salir de Libia a cualquier precio. Por mucho que queramos verlo de otra manera, los flujos migratorios van a seguir ahí, no van a desaparecer”, advirtió.
A pesar de esa dramática situación que requiere de actuaciones inmediatas, el Gobierno español ha condicionado la labor de rescate de Aita Mari a tener un acuerdo de desembarco. “¿Pero cómo íbamos a llegar nosotros a ese acuerdo con Italia y Malta? Es algo que no nos competía. Ha sido una estrategia diabólica a sabiendas de que dicho acuerdo era imposible”, censuró Mijangos. Madrid finalmente dio el paso firmando el acuerdo de reubicación con Italia, Francia, Malta y Alemania. Una muestra de que dicha responsabilidad recaía sobre el Estado.
La ONG defendió ayer habilitar sistemas seguros para que estas personas puedan venir a Europa. “Lo que a mucha gente le asusta es la llamada migración desordenada. Bueno, pues ordenemos nosotros esa migración y así no nos encontraremos con esas situaciones”. A preguntas de los parlamentarios, abogó por “cambiar la voluntad política”. En ese sentido, expuso que el Gobierno Vasco “ha dado una respuesta audaz” junto a la Diputación y ayuntamientos. “Intentemos que el Gobierno español sea permeable a ello”, propuso.
situación “insostenible” Tanta o más preocupación suscita la situación en las islas del Egeo. La organización SMH mantiene desde hace dos años en Quíos una estructura permanente de atención, en colaboración con asociaciones locales.
El objetivo es ofrecer atención sanitaria al máximo número de personas en el campo de refugiados de Vial. “La situación es insostenible e incompatible con cualquier estándar humanitario”. En Quíos, en unas instalaciones para mil personas que se asemejan a un campo de concentración, actualmente se hacinan más de 6.000. “Las condiciones son inhumanas; hay una falta de servicios total y el olor es lo más parecido a un estercolero. No hay servicios ni duchas para todas las personas, y los que hay están en unas condiciones deplorables, sin mantenimiento ni limpieza”.
La mayor parte de las personas viven en tiendas de campaña muy precarias, cubiertas con un toldo de plástico. Otros improvisan hogares con juncos y materiales que no soportan una noche de tormenta. También hay quien duerme al raso.
Sarna, gastroenteritis y varicela son las enfermedades microbiológicas más presentes. El aislamiento para evitar contagios es inviable, y el espacio destinado a estas personas es insuficiente e inadecuado. La última remesa de vacunas del Gobierno consistía en diez unidades para 600 niños. Entretanto, el Ministerio de Educación de Grecia no autoriza la escolarización si los menores no están plenamente vacunados. Mijangos enumeró 24 casos clínicos complejos que necesitan una derivación urgente a un especialista. “Las condiciones de vida en el campo suponen un riesgo de muerte, más aún en el invierno”, alertó.
