Navarra se opone al veto educativo propuesto por VOX y que defiende el resto de la derecha

Navarra Suma es el único grupo que no rechaza esta medida y el Gobierno foral suscribe, junto a otras ocho comunidades, un manifiesto de repulsa - Chivite aboga por fomentar "una educación en igualdad"

21.01.2020 | 06:21
Mural sobre las emociones impartido dentro del programa de coeducación Skolae.

pamplona - El veto educativo propuesto por Vox, una medida para que los padres den su consentimiento a actividades con contenidos morales o sexuales en las aulas, se ha topado con el espaldarazo de las instituciones navarras que han rechazado rotundamente su implantación en la Comunidad Foral. Así, tanto el Parlamento -con una declaración de rechazo, que contó con el apoyo de todos los grupos salvo de Navarra Suma- como el Gobierno foral -con un manifiesto suscrito por nueve comunidades del Estado- se han opuesto frontalmente a la implantación del llamado pin parental, al que consideran una censura educativa que no tiene cabida en el sistema de enseñanza.

En concreto, la Junta de Portavoces del Parlamento foral aprobó ayer una declaración institucional por la que la Cámara muestra su "rechazo más rotundo" a "la introducción de la censura educativa defendida por Vox y apoyada por PP y Ciudadanos para manipular los contenidos educativos que se implantan en los centros educativos". El texto fue presentado por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra y contó con el voto en contra de Navarra Suma (coalición que la componen UPN, PP y Ciudadanos) en los cuatro primeros puntos, mientras que el quinto prosperó por unanimidad.

Tal y como se recoge en la declaración, el Parlamento manifiesta su compromiso para combatir "los ataques de Vox, PP y Ciudadanos así como de grupos ultraconservadores contra la educación en igualdad y basada en valores democráticos", que ya se vivió en la legislatura pasada en Navarra con el llamamiento al boicot y la "caza de brujas" contra el programa de coeducación Skolae y sus promotoras.

En el tercer punto del texto, el Legislativo apoya "la profesionalidad e independencia de toda la comunidad educativa frente a la deriva centralista, adoctrinadora y controladora de los partidos de la derecha". Y, en el cuarto, lamenta los ataques que organizaciones de la extrema derecha están llevando a cabo y que "menoscaban el derecho a una educación integral y equilibrada del alumnado y a su formación en valores cívicos".

Finalmente, en el quinto punto -el único apoyado por Navarra Suma- la Cámara foral subraya su compromiso para garantizar "la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de igualdad, convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe transmitir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria, tal y como recomienda el Consejo de Europa".

reacciones Las reacciones no se hicieron esperar y el pin parental, propuesto por Vox en Murcia, tan solo recabó el respaldo de Navarra Suma, que se quedó sola en su defensa frente al rechazo del resto de grupos parlamentarios, así como de la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, que consideró que su implantación supone "un veto ideológico a que los niños puedan acceder a una educación afectivo sexual y en igualdad". "Un derecho de todos y todas a pesar de que tengan padres que no estén de acuerdo", sostuvo. Asimismo, Chivite defendió que "es un compromiso de toda la sociedad trabajar en materias de igualdad y en prevención de abusos sexuales", y consideró que no hay mejor manera de hacerlo que "a través de la educación afectivo sexual, que en Navarra se viene aplicando desde hace años".

Todo lo contrario planteó el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, quien pidió a "la extrema izquierda" que "se tranquilice, que ya están gobernando España y Navarra" y criticó que "el nacionalismo que ha adoctrinado en las escuelas desde siempre hable de censuras y vetos es indignante; y que la extrema izquierda, que está empeñada en que no haya religión en los colegios y en imponer Skolae, hable de censuras y vetos no tiene un pase; están empeñados en implantar el pensamiento único". Así, siguiendo la línea planteada por la ultraderecha, Esparza pidió que "nos dejen educar a nuestros hijos, que no se metan en la educación de mis hijos". "De eso se trata, de libertad, de respetar la libertad para elegir a las familias, de no implantar un pensamiento único, el suyo", argumentó.

Por su parte, Ramón Alzórriz (PSN) criticó que "Navarra Suma ha comprado el discurso de Vox", y que no haya apoyado está declaración de rechazo del pin parental "que atenta contra la igualdad y la convivencia de los niños y niñas de nuestra comunidad". "Es muy grave, es un ataque a la educación y a las libertades", apuntó.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, denunció que el "mal llamado pin parental es un chip para dirigir a menores". "El conjunto de la sociedad somos quienes debemos cuidar y proteger", sostuvo, para mostrar su "preocupación por que UPN no se haya sacudido los mantras de algunos de sus socios, dirigidos por Vox".

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz señaló que este es un tema "muy grave, que no se puede enmascarar dentro de la libertad de elección de los padres y madres". "Es algo que ya vivimos en Navarra, una caza de brujas en torno a Skolae", recordó, y pidió que no se permita a estas ideologías "sectarias" interferir en los derechos de alumnos.

Por parte de Podemos, Mikel Buil también criticó esta medida y destacó que se está ante una "batalla por la lucha por la igualdad". Asimismo, señaló que se suman a la defensa de la escuela "ante los ataques de la derecha y ante los ataques que propugnan un adoctrinamiento". Por último, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, incidió en que "el pin parental trata de condicionar el currículum básico a los intereses particulares de cada familia". "La educación no está para imponer y la derecha más radical quiere imponer sus principios morales a los demás", denunció.

manifiesto de nueve comunidades Al igual que el Parlamento de Navarra y que la mayoría de fuerzas políticas, el Gobierno foral suscribió, junto a otras ocho comunidades -Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Valencia-, un texto contra el veto parental en el que, bajo el título Educar en libertad y para la libertad, aseveran que esa medida "no tiene cabida" en el sistema educativo.

En el manifiesto, publicado ayer por el periódico El País, los responsables de Educación de estas nueve comunidades -gobernadas bien en coalición o en solitario por el partido socialista- defienden que "el veto y la censura no son admisibles en las instituciones educativas". Asimismo, subrayan que los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución, y los derechos fundamentales de los menores. Unos derechos entre los que se encuentran el de la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el de ser oído y escuchado, y los de participación, asociación y reunión.

Los consejeros de Educación de estas comunidades aluden al "interés superior del menor y a su preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa" como "imperativos legales". "Pretender restar oportunidades de aprendizaje" a los menores impidiendo su participación "les impone una anómala exclusión en horario escolar y atenta contra los derechos de los menores, apuntan, y concluyen que las derechas "esgrimen títulos de propiedad sobre los menores negando su condición de sujetos de derecho".

¿Qué es el 'pin'? El pin parental es una medida propuesta por Vox para que los padres den su consentimiento a actividades con contenidos morales o sexuales. Así, desde la comunidad educativa avisan de que puede pasar que un progenitor decida que su hijo no conozca la teoría de Darwin. Vox ya lo incluyó en su programa electoral y en agosto se fijó en una instrucción escolar en Murcia, pero fue la semana pasada cuando saltó la polémica y el Gobierno central avisó de que responderá con "contundencia" contra ello.

en breve

Rechazo de CCOO. El sindicato CCOO consideró ayer que la propuesta del pin parental "persigue sobre todo el desprestigio de la escuela pública, tratando de construir una sensación social de que en la escuela pública se impone o manipula". A juicio de la Federación de Enseñanza del sindicato, "precisamente la escuela pública es la que asegura una educación basada en valores universales, fijados estos en los planes educativos, en las diferentes leyes educativas y en tratados internacionales". "Uno de los objetivos de la educación pública es la de formar a personas capaces de desenvolverse en una sociedad como la nuestra, que es plural. También desarrollar capacidades afectivas, la formación en el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de la diversidad afectivo sexual", destacó en un comunicado.

La Ceapa lo ve como un ataque a la autonomía de los centros. La Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado) y toda la Plataforma Estatal por la Escuela Pública -en la que están también docentes de CCOO, UGT, STES, CGT y diversas asociaciones estudiantiles- sostienen que el veto "supone una fórmula para censurar los contenidos educativos". Asimismo, "atenta contra la autonomía de los centros escolares y contra el interés superior del menor y su derecho a la educación, a lo que se une su intento de intimidar al profesorado".

Exigencia de Vox. El pin parental es defendido por el partido de ultraderecha Vox, que quiere imponerlo en las comunidades donde es necesario su apoyo para aprobar presupuestos como Murcia -donde ya existe una instrucción educativa al respecto- Andalucía o Madrid, y la organización ultracatólica HazteOír. De hecho, este colectivo informó a través de su página web que "denunciará a los adoctrinadores de género, a los directores de los centros escolares y a los consejeros de educación que obstaculicen esta medida".

Marco normativo. El PP, uno de los partidos que defiende el veto educativo propuesto por Vox, aprobó una ley que recoge el impulso de valores como la igualdad en la educación, al que ahora se oponen. Así, el Real Decreto de 2014, que desarrolla la Lomce -Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, aprobada por el PP con la abstención de UPN- recoge que el sistema educativo "deberá fomentar el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación".