pamplona - El Gobierno de Navarra aprobó ayer una declaración institucional en la que muestra su rechazo "más absoluto" al veto parental propuesto por Vox, al considerar que su objetivo es "censurar los contenidos educativos que recibe el alumnado" y el Ejecutivo foral reafirmó su compromiso con la "pluralidad de pensamiento y enseñanza". En el texto, el Gobierno muestra su apoyo al profesorado que "impulsa e imparte los contenidos obligatorios de igualdad y educación afectivo-sexual bajo criterios exclusivos de rigor científico e independencia profesional".

Asimismo, lamenta "los ataques que determinadas organizaciones están llevando a cabo contra las programaciones pedagógicas que desarrollan el derecho a una educación integral y equilibrada del alumnado y a su formación en valores cívicos". También manifiesta su compromiso para garantizar "la pluralidad de pensamiento y la enseñanza de los principios de igualdad, convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe transmitir a todos los alumnos y alumnas".

En la rueda de prensa posterior, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, lamentó que estos días está habiendo "un ataque directo a la educación, más al ámbito de la escuela pública" y censuró que se haya trasladado "un velo de desconfianza a los equipos docentes, directivos y servicios de inspección". En su opinión, no es admisible "basar el veto parental en una ideología excluyente" y que "se supedite el interés común y el bien común a creencias e intereses particulares". "En una democracia se conjugan, se pactan y se consensúan valores comunes muy relacionados con el respeto, la justicia social y no se imponen ideologías", defendió, para añadir que "se educa desde la libertad, para la libertad.

deber de los poderes públicos Precisamente, en la declaración aprobada por el Ejecutivo foral se recuerda que los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución, así como los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. Entre ellos, se encuentran el de información, libertad ideológica, libertad de expresión, el de participación y el derecho a ser oído y escuchado. "El interés superior del menor y su preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa son imperativos legales que deben ejercitarse mediante la transmisión de información veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales", apunta la declaración.

Así, iniciativas como la prohibición de actividades escolares pretendida con el llamado pin parental "no tienen cabida en nuestro sistema educativo por cuanto pretenden excluir al alumnado afectado de la participación en actividades escolares en horario lectivo en las que se imparten contenidos curriculares básicos". Esta exclusión atentaría contra los derechos de los menores que madres, padres, tutores y profesorado están obligados a proteger por imperativo legal. - Diario de Noticias