Alerta sanitaria

El Estado se blinda contra el coronavirus

Marlaska asume el control de Policías autonómicas y locales en la aplicación del estado de alarma - La CAV y Catalunya denuncian invasión de competencias por la medida, que puede acordar el cierre de carreteras

15.03.2020 | 00:36
La calle Estafeta, este sábado por la noche

madrid – El Consejo de Ministros, tras una reunión de más de siete horas, aprobó ayer la declaración de estado de alarma en todo el territorio para contener la pandemia del coronavirus, con medidas" drásticas" de severa restricción al movimiento de personas y la actividad económica, salvo casos de fuerza mayor, e incluso la movilización del Ejército, a partir de mañana lunes.

El real decreto para contener la propagación del COVID-19 establece limitaciones al movimiento –salvo para ir a trabajar, comprar alimentos o medicamentos, acudir a hospitales o cuidar a ancianos o personas dependientes– y la actividad comercial, permite al Estado asumir competencias de otras administraciones y disponer de medios sanitarios públicos, privados y militares. Entrará en vigor a las 8 de la mañana de mañana lunes 16 de marzo.

El Estado asumirá la condición de "autoridad competente" en todo el territorio, todas las fuerzas de seguridad del Estado quedarán bajo "las órdenes directas" del ministro de Interior, y todos los medios sanitarios públicos, privados y militares quedarán bajo la dirección del titular de Sanidad.

El decreto de estado de alarma limita desde la pasada noche los desplazamientos a los casos de fuerza mayor y, para los permitidos, se establece que habrá que evitar aglomeraciones y que debe mantenerse una "distancia de seguridad de al menos un metro" para evitar el contagio. Los desplazamientos permitidos serán los necesarios para ir a trabajar, retornar al lugar de residencia habitual, comprar alimentos o medicamentos, acudir a hospitales o cuidar a ancianos o personas dependientes, y desplazarse a entidades financieras.

En el capítulo dedicado a las "medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial", el texto precisa que la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida –cerrarán los 315.000 establecimientos de restauración y hostelería– deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad". Y precisa que "se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios". La distancia de seguridad también deberá mantenerse en los medios de transporte, por lo que sólo se podrán poner a la venta un tercio de las plazas máximas disponibles, subraya el decreto.

El presidente del Gobierno pidió a los presidentes regionales dejar atrás sus diferencias al margen de ideologías y colores políticos y pronosticó "semanas muy difíciles" de "esfuerzos y sacrificios". "La primera victoria" en la lucha contra la pandemia, agregó, llegará cuando "la curva" de contagios no suba en forma de "flecha", sino de manera "más lenta".

Las medidas del estado de alarma se comunicaron en una jornada en la que los positivos por coronavirus en España alcanzaron los 5.753 casos, según el balance matinal del Ministerio de Sanidad, aunque posteriormente las administraciones regionales actualizaron los datos con más casos. El balance matinal supone un aumento en 1.522 personas contagiadas respecto a la tarde del viernes. En cuanto a los fallecidos, la cifra se eleva a casi 200: a los confirmados por Sanidad, posteriormente la Comunidad de Madrid incrementó la cifra en la región en más de 50 casos, y se produjeron más fallecimiento en otras regiones. Mientras, hay 517 enfermos curados y dados de alta.

El mayor número de casos positivos por COVID-19 se detecta en las regiones de Madrid (2.940 casos) y Cataluña (509), y hay positivos en todas las regiones de España, excepto en la ciudad autónoma de Ceuta.

Las limitaciones aprobadas por el Gobierno tendrán una duración de quince días que podrán ampliarse otras dos semanas previa aprobación del Congreso de los Diputados y tienen también otras excepciones.

sucesivos aplazamientos La reunión del Consejo de Ministros comenzó a las 10.30 horas de ayer y se anunció una comparecencia del presidente del Gobierno a primera hora de la tarde para explicar los detalles del decreto, pero el debate sobre el contenido de las medidas del estado de alarma se alargó hasta pasadas las seis de la tarde y ésta se fue posponiendo en varias ocasiones.

La duración de la reunión hizo que Pedro Sánchez pospusiera hasta hoy por la mañana la videconferencia con los presidentes autonómicos que preveía celebrar en la tarde de ayer.

El motivo del retraso del Consejo de Ministros fue la bronca entre PSOE y Unidas Podemos debido a si el decreto de alarma debía acompañarse de medidas económicas para intentar paliar la gravísima situación que afronta el Estado.

En este sentido, el líder de Unidas Podemos exigía medidas sociales y económicas de mayor calado que las que se estaban planteando en el decreto que se debatía. Las tesis de Pablo Iglesias eran apoyadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también partidaria de aumentar las partidas para ayudar a los sectores más perjudicados por la crisis del coronavirus.

Los dirigentes morados tenían enfrente a las tres vicepresidentas, Carmen Calvo, Nadia Calviño y María Jesús Montero que abogaban por retrasar las medidas a la próxima semana y por la moderación a la hora de aumentar el gasto público. Finalmente, fue la tesis de las ministras socialistas la que se impuso, y el decreto del estado de alarma presentado ayer no estuvo acompañado de las partidas económicas que ansiaban en Unidas Podemos y que se espera que sean aprobadas el próximo martes.

Por otra parte, Sánchez pospuso hasta hoy la videconferencia que tenía prevista con los presidentes autonómicos que preveía celebrar en la tarde de ayer, tras la declaración del estado de alarma. Según informaron fuentes del Gobierno, esta videoconferencia que estaba prevista para las 17.00 horas de ayer se trasladaba hasta hoy por la mañana, "orientativamente a las 10.30 horas".

Críticas

Iglesias acude en cuarentena

Consejo de ministros. Dirigentes de Vox y de Ciudadanos criticaron ayer al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por asistir presencialmente al Consejo de Ministros convocado para decretar el estado de alarma mientras está en cuarentena después de que su pareja, la ministra Irene Montero, diera positivo por coronavirus. Fuentes del Gobierno explicaron que no se ha habilitado el sistema para su participación en el Consejo de Ministros de forma telemática pero que se han articulado "todos los protocolos necesarios para mantener la distancia y que no hubiera riesgo de contagio". No han asistido a esa reunión las ministras Irene Montero y Carolina Darias, ambas enfermas por coronavirus. Fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno indicaron que el presidente convocó a Iglesias al Consejo de Ministros. "Ha seguido un protocolo sanitario, definido desde Moncloa, para asegurar que su asistencia es perfectamente viable", explicaron.

Madrid – El Consejo de Ministros de ayer facultó al titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para tomar el control de las policías autonómicas y locales en aplicación del estado de alarma para hacer frente a la expansión del coronavirus. Puede acordar de oficio el cierre de carreteras o la restricción de vehículos y los agentes de la autoridad identificar a personas o suspender actividades si contravienen las prohibiciones, además de ser movilizados junto a las Fuerzas Armadas para garantizar el suministro alimentario.

"Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales quedarán bajo las órdenes directas del titular del Ministerio del Interior, a los efectos de este Real Decreto, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza", según consta en el Real Decreto.

En Gobierno avisa que "la ciudadanía debe colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones". Además, fija que las comunidades con policía propia, como Navarra, Catalunya o la CAV, establecerán mecanismos de coordinación a través de las Juntas de Seguridad.

El objetivo es cumplir con la orden de limitar la circulación de personas sólo en ocho supuestos, entre los que se encuentra la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad o para la asistencia a centros sanitarios o el cuidado de enfermos.

Interior vuelve a asumir la coordinación de cuerpos autonómicos dos años y seis meses después del referéndum del 1-O. El 23 de septiembre de 2017 la Fiscalía designó al coronel de la Guardia Civil y alto cargo de este departamento, Diego Pérez de los Cobos, como "director técnico" de la coordinación de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil al fin de que se evitara la votación ilegal. Un mes después se cesó al Govern en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

De acuerdo al Real Decreto llevado, los agentes de la autoridad pueden practicar "comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos" para comprobar que se están cumpliendo las restricciones.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu denunció ayer la medida porque la considera una invasión competencial que Torra quiera asumir competencias recogidas en el Estatuto de Gernika. También el president de la Generalitat, Quim Torra, considera la medida una "confiscación" de las competencias de Catalunya.

El decreto supone en la práctica que el Ministerio del Interior asume el mando de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, así como las policías locales, y el Ministerio de Sanidad se hace cargo de las atribuciones en materia de salud pública, esto es centros hospitalarios y su personal sanitario. Las infraestructuras de transportes pasarían a depender del Ministerio de Transportes.

El Gobierno vasco considera que el decreto de Sánchez supone una invasión de sus competencias. "Sería una sorpresa que el Gobierno español anulara las competencias autonómicas en materia de seguridad y salud, y que acogiera para sí todas las atribuciones públicas en estos ámbitos. Sería un 155 en estas materias, que en principio no está anunciado ni está en el tenor de las conversaciones que el lehendakari ha mantenido con Pedro Sánchez" en los últimos días, señaló el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, en declaraciones a Radio Euskadi, aunque matizó que esa no parece ser "en principio" la intención de Pedro Sánchez.

"Usaremos todos los recursos a nuestro alcance para frenar la curva del contagio"

 

"Es importante no equivocarnos de enemigo: es el virus y debemos combatirlo juntos"

 

"La emergencia va a pasar, volveremos a los parques, a las terrazas, a la normalidad"

 

"Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener consecuencias"

 

"Cortemos la cadena de transmisión del pánico, paremos los bulos, actuemos con responsabilidad"

 

"Podremos ir a comprar el pan o a sacar al perro pero no a la playa o a esquiar. Hay que quedarse en casa"

Pedro Sánchez

Presidente del Gobierno