PAMPLONA. El Departamento de Derechos Sociales ha convocado ayudas por importe de 7,95 millones de euros para acciones de empleo dirigidas a colectivos vulnerables, promover la inclusión social y el acceso a la vivienda, con el fin de combatir los efectos derivados de la crisis del coronavirus.
Dos de las convocatorias están dirigidas al acceso al empleo y al desarrollo de acciones de carácter socio-laboral dirigidas a colectivos vulnerables, principalmente personas perceptoras de renta garantizada, con una inversión de 6.659.586 euros. En un caso se dirige a entidades sin ánimo de lucro y en otro a entidades locales. Estas ayudas se han incrementado en los últimos 5 años de manera importante, concretamente en 3,73 millones respecto a 2015. Otras dos tienen como objetivo el desarrollo de acciones dirigidas a la promoción social y acceso a la vivienda de colectivos más vulnerables, por importe de 1.089.955 euros. Por último se han aprobado las ayudas al alquiler para familias monoparentales en situación de hacinamiento.
La consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, ha indicado esta mañana en rueda de prensa que el objetivo de estas iniciativas es "mejorar las condiciones de vida de personas en situaciones de especial dificultad en Navarra, y contribuir a la lucha contra la pobreza, además de reducir las desigualdades sociales. Ahora toca redoblar esfuerzos, porque ya estamos empezando a vislumbrar los efectos que el confinamiento y el cese de actividad económica van a tener precisamente entre los colectivos más vulnerables. Esta es la razón por la que Gobierno de Navarra ha priorizado la publicación de estas convocatorias".
Con motivo del COVID-19 los proyectos que se presenten en esta edición tendrán que adaptarse tanto en los plazos, como en contenido y metodología al nuevo escenario. "Las entidades están manteniendo su actividad pero, como el resto, han tenido que adoptar medidas de teletrabajo y reformular algunas de sus actividades. Desde el Departamento estamos en comunicación con ellas para que los proyectos que se presenten permitan dar respuesta a la situación posterior al COVID-19", ha señalado la consejera.
Subvenciones a entidades locales para empleo social protegido
La primera convocatoria, dotada con 5.255.593 euros, está dirigida al desarrollo de programas de empleo social protegido por parte de entidades locales titulares de servicios sociales de base. En 2019 fueron 45 las entidades locales participantes y se contrató a un total de 692 personas (64% mujeres, 36% hombres). El 42% eran personas migrantes y el 18% pertenecientes a minorías étnicas.
Este año la convocatoria presenta como novedad que no incluye la financiación de profesionales de apoyo técnico, puesto que el nuevo decreto de financiación de los servicios sociales que está en proceso de aprobación contempla la contratación de estas y estos profesionales en el marco de esta financiación, con el fin de dar más estabilidad a la plantilla y que no esté sujeta a una convocatoria anual.
En cambio, sí mantiene que los ayuntamientos puedan contratar a personas en situación de exclusión social, prioritariamente perceptoras de renta garantizada, con dificultades para el acceso y mantenimiento de puestos de trabajo normalizado. Para hacerlo posible se contemplan medidas de acompañamiento social y la formación en habilidades socio-laborales y destrezas profesionales. Los proyectos subvencionados han de tener una duración mínima de seis meses y las personas a contratar podrán incorporarse a los proyectos en distintas fechas, adecuando su acceso al empleo a su propio itinerario de inserción socio-laboral.
Entre los requisitos de la convocatoria destacan que se destine el 80% de los meses de contratación concedidos a personas integrantes de unidades perceptoras de renta garantizada. De ellas, además, el 50% deberán ser mujeres, tradicionalmente con menor presencia en este y otros recursos dirigidos a la mejora de la ocupación.
En la valoración de los proyectos se tiene en cuenta, además, la cofinanciación de los proyectos por parte de las entidades locales, la diversificación de actividades laborales, el porcentaje de personas desempleadas en el territorio y el número de personas perceptoras de renta garantizada, así como la propuesta formativa y la calidad de los proyectos presentados.
La dispersión geográfica también se considera como un factor puntuable orientado a la corrección de las desigualdades territoriales de Navarra, facilitando la creación de empleo en las zonas más desfavorecidas.
El programa de Empleo Social Protegido del Ejecutivo foral fue incluido en el Programa Operativo 2014-2020 del Fondo Social Europeo y se encuentra cofinanciado por dicho organismo.
Inserción socio-laboral, contratación de personas desempleadas perceptoras de Renta Garantizada y jóvenes menores de 30 años
Con una dotación global de 1.403.993 euros, procedente de la partida económica del Fondo 0,7% IRPF para "fines sociales", permitirá realizar actuaciones destinadas a personas desempleadas, dentro de dos modalidades.
Por una parte se destinarán 703.993 euros a proyectos integrales de acompañamiento en itinerarios de inserción socio-laboral, incluidas acciones de carácter pre-laboral, de capacitación personal y formación ocupacional y prácticas en empresas y están dirigidos a personas que debido a carencias formativas, déficit de competencias personales o situación administrativa irregular, entre otras circunstancias, no pueden acceder a los recursos ordinarios en materia de formación y empleo.
Por otra, como en ediciones anteriores, se apoyará la contratación de personas beneficiarias de renta garantizada y jóvenes menores de 30 años en situación o riesgo de exclusión social, línea a la que se dedicarán 700.000 euros.
Además, la subvención por puesto de trabajo será de hasta el 140% del salario mínimo interprofesional para 2020, incluyendo el prorrateo de dos pagas extras y Seguridad Social. Estas contrataciones deberán ser de al menos seis meses y contarán con apoyo técnico que llevará a cabo el acompañamiento social y contemplan también actividades formativas de tipo ocupacional.
En 2019 fueron 61 personas (33 mujeres y 28 hombres) las contratadas, a través de 10 entidades sociales. El año pasado fueron 11 los proyectos financiados, presentados por otras 11 entidades y participaron en ellos un total de 556 personas, el 81% de ellas mujeres.
Centros ocupacionales, plazas residenciales, comedores sociales, acompañamiento, mediación y sensibilización
El conjunto de medidas contempladas en el apartado de proyectos de inclusión y protección social de grupos vulnerables, dotado con 789.955 euros, contempla distintas modalidades de actuación, según colectivos. Así, 27.000 euros se destinarán a la participación de personas en situación de exclusión social en centros ocupacionales de inserción, 100.000 euros se invertirán en facilitar alternativas residenciales a personas en situación de exclusión social, y 105.000 euros a la cobertura de las necesidades alimentarias de las personas, tanto en comedores sociales, como a través del reparto de alimentos.
Otro de los colectivos a los que se destinarán estos fondos son personas que ejercen la prostitución, con una dotación de 115.000 euros para acciones de acompañamiento social especializado. En el caso de la población gitana, se realizarán actividades de apoyo y refuerzo educativo extraescolar a menores y de prevención del absentismo, promoción de la población joven y de las mujeres gitanas, con un importe de 205.955 euros.
También considera acciones dirigidas a personas reclusas o ex-reclusas y personas en tratamiento por trastornos de salud mental donde concurran otros factores de exclusión social, con una dotación de 160.000 y 72.000 euros, respectivamente.
La diferencia este año es que dos de las modalidades de las que consta la convocatoria, proyectos de inclusión social para personas migrantes y de acogida de personas refugiadas, se van a gestionar desde el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia. Todas estas acciones se financian con una partida económica dotada con fondos provenientes del Fondo 0,7% IRPF para "fines sociales". El pasado año se subvencionaron un total de 29 proyectos presentados por 25 entidades sociales y participaron directamente 4.496 personas.
Programas de vivienda de integración social, diagnóstico e intervención socio-residencial
Además, se realizarán actuaciones en materia de vivienda de integración social de los colectivos más desfavorecidos. También se incluyen aquellas encaminadas a mejorar la convivencia en entornos vulnerables, tanto en barrios como municipios, identificando dónde puede haber conflictos para detener o paliar procesos de segregación y exclusión residencial.
En 2020 se ha previsto un presupuesto de 300.000 euros para ambas modalidades (programa VAIS y otras actuaciones socio-residenciales). El programa VAIS se basa en promociones anuales de vivienda nueva de la sociedad pública Nasuvinsa y de otras promotoras privadas que ceden un porcentaje de viviendas al programa, y de otras provenientes de la bolsa de alquiler.
En 2019 se subvencionó a 5 entidades sociales que atendieron a un total de 20 nuevas familias propuestas para entrada en el programa, además de realizar el seguimiento de otras 184 familias ya incorporadas al mismo. También se llevó a cabo un diagnóstico socio-residencial en Cintruénigo y un programa de intervención social en Murchante tras un diagnóstico realizado en 2018.
Ayudas al alquiler para familias monoparentales en situación de hacinamiento
Por último, hoy se publica en el Boletín Oficial de Navarra la aprobación de ayudas al alquiler de vivienda para familias monoparentales, en riesgo de exclusión social, que vivan en una sola habitación de una vivienda compartida (lo que se considera condiciones de hacinamiento), y con ingresos insuficientes. La dotación inicial aprobada es de 200.000 euros, ampliable en 100.000 más.
La subvención del alquiler, durante un año, se determina en función del número de hijos e hijas: un 60% en el caso de un hijo o hija, con un límite máximo de 4.680 euros anuales por vivienda; un 70% en el caso de dos descendientes, con un límite de 5.460 euros anuales; y un 80% en el caso de tres o más hijos o hijas, con un máximo de 6.240 euros anuales. Cabe indicar que en Navarra, el 9% de las familias son monoparentales, lo que equivale a un total de 8.360 familias con menores a su cargo.
Plan de Inclusión Social y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Estas actuaciones se enmarcan dentro de las líneas de acción prioritarias del Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021 y garantizan el derecho a la inclusión social reconocidos en la Ley Foral de Inclusión Social aprobada en Navarra en 2016.
También están alineadas con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Concretamente con la consecución de la meta 1.2 (reducción de la pobreza) del ODS 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo), meta 8.5 (empleo y trabajo decente para todos) del ODS 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible) y meta 10.2 (promover la inclusión social) del ODS 10 (Reducir las desigualdades) de la Agenda 2030 de desarrollo sostenido aprobada por Naciones Unidas con la finalidad de no dejar a nadie atrás, lo que en estos momentos alcanza su máximo significado.
