El Gobierno de Navarra ha iniciado el proceso para renovar en profundidad el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, una norma vigente desde 1993. Este lunes trasladó a los sindicatos con representación en la Mesa General el borrador del anteproyecto de ley foral, un texto de 166 páginas que actualiza derechos, deberes y condiciones laborales del personal público y que reconoce, por primera vez de forma generalizada, el derecho a la carrera profesional.
El Ejecutivo foral prevé que la carrera profesional entre en vigor el 1 de enero de 2028. El borrador reconoce expresamente el derecho a la carrera horizontal al personal funcionario y al personal contratado administrativo de las Administraciones Públicas de Navarra. En el caso del personal laboral, este derecho se aplicará conforme a lo dispuesto en el convenio colectivo correspondiente.
La propuesta forma parte de una reforma del Estatuto, que el Gobierno considera necesario actualizar por tratarse de una norma “muy amplia y heterogénea” con más de treinta años de antigüedad. El objetivo, según ha trasladado la Administración a los sindicatos, es modernizar la función pública y adaptar el marco regulador a las necesidades actuales de los servicios públicos.
El borrador aborda, entre otros aspectos, los derechos y deberes del personal empleado público, con una actualización del régimen de licencias y permisos. Además, da impulso a un sistema de formación continua, concebido como un elemento clave para el desarrollo profesional y la mejora del servicio a la ciudadanía. Otro de los bloques del anteproyecto se centra en el acceso al empleo público: el texto plantea medidas para mejorar el modelo de selección, con el objetivo de compatibilizar la exigencia de acreditación de competencias con la reducción de los plazos de los procesos selectivos. También se incluyen elementos orientados a mejorar la promoción interna y la movilidad del personal.
El Gobierno foral señaló que el anteproyecto intenta conjugar las reivindicaciones sindicales en materia de condiciones laborales y salariales con la modernización de la Administración, con el fin de prestar mejores servicios públicos. A partir de ahora se abre un periodo de negociación de un mes, durante el cual las organizaciones sindicales podrán presentar sus aportaciones.
El calendario del Ejecutivo fija el miércoles 21 de enero de 2026 como fecha límite para la presentación de alegaciones, con una nueva reunión de la Mesa General prevista para el 30 de enero. El objetivo del Ejecutivo es poder remitir el texto al Parlamento de Navarra a finales de 2026, para que el nuevo Estatuto entre en vigor antes de que finalice la legislatura.
En paralelo a la presentación del borrador, el Gobierno de Navarra ha informado a los sindicatos sobre los incrementos retributivos correspondientes a los años 2025 y 2026. El incremento del 2,5% para 2025, ya aprobado previamente sin pasar por la Mesa General, ha sido abonado este lunes al personal con efectos retroactivos por todo el año. Asimismo, la Administración ha comunicado su intención de aplicar en 2026 un incremento del 1,5%, aprobado en sesión de Gobierno el pasado jueves, también sin una nueva negociación previa en la Mesa General.
Reacciones sindicales
Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General –LAB, CCOO, ELA, AFAPNA y UGT– valoraron este lunes de forma desigual tanto el contenido del borrador como el procedimiento seguido por el Gobierno.
ELA criticó que el Ejecutivo foral aplique a su personal el acuerdo firmado en Madrid entre el Gobierno central con CCOO, UGT y CSIF, una decisión que, a su juicio, supone “empobrecer y precarizar las condiciones” del personal.
Justamente, desde UGT señalaron que analizarán el texto “en los próximos días” y que formularán las alegaciones que consideren oportunas durante el periodo de negociación abierto, mientras CCOO subrayó que la aplicación de la carrera profesional para todo el personal de la Administración es un “requisito fundamental”.
AFAPNA exigió que el texto recoja de forma expresa el reconocimiento de una carrera profesional voluntaria para todos los colectivos y que su puesta en marcha se realice de manera simultánea.
Finalmente, LAB cuestionó el procedimiento seguido por el Gobierno, al considerar que la premura con la que se ha presentado el documento “no parece” adecuada tratándose de una reforma de tanta relevancia.
