“La garantía de unos ingresos decentes para todas y todos” ha protagonizado un reciente curso on line organizado por la UPNA en el que analizó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cuyos ponentes incidieron en otras herramientas, además del citado IMV, como deducciones fiscales, ayudas al alquiler de viviendas o vincular las rentas básicas a la búsqueda de empleo, para mejorar la protección social de los sectores más vulnerables.

Así, Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y Política Social SIIS, propuso avanzar en el desarrollo de las deducciones fiscales reembolsables, de las que Navarra es pionera, mientras que Miguel Laparra Navarro, profesor de la UPNA, director del monográfico y exconsejero de Derechos Sociales, defendió las ayudas para el alquiler como “instrumentos imprescindibles de las políticas de inclusión si no se quiere que una buena parte de los ingresos mínimos acaben destinados a pagar el alquiler y se detraigan de otras necesidades básicas, alimentarias o de salud”. Por su parte, José Noguera Ferrer, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, recomendó un encaje futuro del IMV con otras prestaciones asistenciales.

Zalakain señaló que las políticas sociales de numerosos países occidentales viven, en los últimos años, un proceso de “fiscalización”, de forma que “una parte de las prestaciones económicas que anteriormente gestionaban la Seguridad Social o los sistemas de asistencia social en forma de prestación directa se canalizan ahora mediante deducciones o desgravaciones fiscales”.

Las experiencias de diversos países, incluyendo la de Navarra, pionera en el Estado en el desarrollo de este enfoque, permiten identificar las ventajas y riesgos de estas herramientas, indicó Zalakain. Entre las ventajas destacó la mayor progresividad del sistema fiscal, la normalización del acceso a diversas prestaciones, la simplificación administrativa, los menores niveles de condicionalidad asociados a estos mecanismos o la mayor aceptación social de las deducciones fiscales frente a las prestaciones directas.

Entre las desventajas, citó la dificultad de conciliar la lógica fiscal con la lógica de las prestaciones asistenciales, el riesgo de estigmatizar doblemente a los perceptores de prestaciones asistenciales que no perciben estas deducciones o los riesgos que supone la fusión de las herramientas de recaudación y gasto”. Pese a todo, concluyó que este tipo de herramientas pueden resultar “eficaces para mejorar el modelo de prestaciones económicas a las familias con menores, pensionistas de bajos ingresos y trabajadores pobres”.

políticas activas de inclusión Miguel Laparra, por su parte, abogó por reforzar las políticas de inclusión activa y por financiarlas con los recursos que las CCAA van a ahorrar en rentas mínimas con la puesta en marcha del nuevo IMV de ámbito estatal, un ahorro que cuantificó en unos 1.000 millones de euros. “Este ahorro para las CCAA que gestionan programas de rentas mínimas abre la oportunidad de destinarlo a reforzar los programas de inclusión social y laboral. Es un deber ético conseguir que esos recursos no se destinen a otros fines”, subrayó.

Además, resaltó que, para diseñar los planes y las estrategias de inclusión, debería tenerse en cuanta “la diversidad de situaciones que presentan los sectores excluidos, especialmente, en su relación con el mercado de trabajo: un tercio no se encontrarían en condiciones de afrontar un itinerario laboral; otro tercio está ya trabajando intermitentemente y necesita construir itinerarios de promoción laboral con el apoyo de los servicios de empleo; y otro tercio solo avanzará si se trabaja conjuntamente desde servicios sociales y de empleo”. También defendió que se priorice la inserción laboral de perceptores de renta garantizada, una característica propia del modelo navarro, que “permite la compatibilidad con el empleo, ha desarrollado incentivos al empleo y ha experimentado un aumento significativo de recursos en empleo protegido”.

José Noguera reconoció que el IMV afronta “una complejidad inevitable debido a la inacción de los gobiernos anteriores durante más de un cuarto de siglo, que ha llevado a crear rentas mínimas autonómicas muy distintas”. Consideró que la solución adoptada ha sido la menos mala posible y apeló a estar atentos a la evaluación del IMV.