Claves en el presupuesto de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra

Formación a jóvenes migrantes y atención judicial a familias y víctimas de violencia de género, prioridades

03.01.2021 | 11:13
Claves en el presupuesto de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra

La atención a los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades, objetivo preferente en el trabajo de las dos áreas del Departamento

El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia plantea su acción de gobierno a través de unos presupuestos que priorizan la atención a los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades. Así, destinará este año 2021 401.500 euros a un programa de acompañamiento y mentoría a jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra; y reforzará todo aquello lo relacionado con la Justicia como servicio público, como la atención a las víctimas de violencia de género, las cuestiones relacionadas con familia, o un nuevo Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa.

"Resulta clave, tanto en Justicia como en Políticas Migratorias, una sensibilidad especial hacia aquellas personas cuyos derechos pueden estar en mayor riesgo; y generar servicios públicos cercanos y eficientes, que sean garantistas de esos derechos", ha subrayado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos.

Los presupuestos del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia para el próximo año se elevan, finalmente, hasta los 39.972.356 euros, lo que supone un incremento de entorno al 8,7% respecto al año anterior. De esa cantidad, el gasto de personal supone algo menos de 6 millones de euros y casi 22 millones en el Servicio de Administración de Justicia. Son las cifras tras las enmiendas al proyecto de presupuestos que ha aprobado el Parlamento de Navarra, y que elevan el techo de gasto inicialmente asignado (11.892.000 euros) hasta los 12.553.000 euros.

Para el consejero, Eduardo Santos, "las enmiendas apoyadas por la mayoría de los grupos son un acicate para continuar con el trabajo, y un respaldo a la acción de gobierno que estamos llevando a cabo". Santos ha señalado que "el incremento del techo de gasto supone una responsabilidad de gestión aún mayor en la que no vamos a defraudar a quienes han dado su apoyo a estas enmiendas".

Políticas Migratorias: la convivencia intercultural como gran reto

En la Dirección General de Políticas Migratorias, se asume el reto de coordinar el nuevo programa de acompañamiento y mentoría para jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra. Los 105.000 euros presupuestados inicialmente han pasado a ser 401.500 tras el debate de enmiendas en el Parlamento Foral. Esa cifra servirá para un programa incluido en el Plan Reactivar Navarra, que da respuesta a las necesidades de personas migrantes llegadas como menores y que han cumplido ya los 18 años.

"La lucha contra el racismo y la xenofobia y la convivencia son otros de los grandes retos del Departamento", destaca la directora general, Patricia Ruiz de Irízar; por ello, los presupuestos incluyen 66.550 euros para un Plan de Convivencia Intercultural; 50.000 euros para la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Lucha contra el Racismo; y 450.000 euros en convocatorias de subvenciones para proyectos de sensibilización y convivencia que presenten entidades sociales, entidades locales y asociaciones de personas migrantes.

Hay novedades en el Servicio de Mediación Intercultural, que incrementa su partida presupuestaria , y con un nuevo enfoque de trabajo que refuerza el ámbito comunitario para la mejora de la convivencia. Por otro lado, el Plan integral de Acogida a personas migrantes, otro de los compromisos de legislatura, se abordará en este 2021 con una partida asignada de 66.550 euros, que servirá para su elaboración y puesta en marcha.

La pandemia de COVID-19 lleva a actuaciones especiales, como un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Navarra, por un importe de 80.000 euros, para suministrar mascarillas y medicamentos a personas migrantes vulnerables. Y, por otra parte, se mantienen los servicios que ya se prestaban mediante convenio o contrato; es el caso del Servicio de Mediación Intercultural (al que se destinarán 350.000 euros, 70.000 más que el año pasado); el Servicio de Asesoramiento en Materia de Extranjería (con un presupuesto de más de 225.000 euros); o la Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización contra el racismo (dotada con una partida de 65.000 euros).

Justicia: refuerzo del concepto de servicio público


En lo relativo a Justicia, se ha querido priorizar los gastos que responden al principio básico de contar con una Administración de Justicia que sea un servicio público ágil y próximo a la ciudadanía. Se producen incrementos presupuestarios que, en palabras del director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, "reflejan grandes apuestas políticas con vocación de continuidad, y encaminadas a mejorar el servicio público que, tenemos claro, es la justicia".

Es el caso, señala, de lo relativo a "la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, la atención a los casos de familia, la Justicia Restaurativa como forma de resolución de conflictos, y la reinserción como gran objetivo de la ejecución penal".

En ese sentido, una de las grandes novedades estriba en la creación de un Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, que coordinará los diferentes servicios sociales que se prestan a la población reclusa, para un mejor seguimiento de cada caso. Además, permite dotar de presupuesto a las acciones de Justicia Restaurativa (195.000 euros) para, por ejemplo, frenar el uso abusivo del derecho que se hace, por parte de determinadas entidades bancarias en cuestiones hipotecarias.

La atención a la violencia doméstica y de género tiene presupuestado un techo de gasto de 450.000 euros, y se dota al Servicio de Atención a la Mujer (SAM) de 140.000 euros más que el año pasado, dentro de la partida de transferencias a Colegios profesionales.

Por su parte, la preocupación por atender los casos de familia se demuestra, por ejemplo, en la dotación de tres nuevas plazas para psicología forense dentro del Instituto Navarro de Medicina Legal, que permitirán dar una respuesta rápida a las familias que necesiten informes psicosociales.

La búsqueda de la eficiencia se encuentra también detrás de un proyecto de inteligencia artificial sobre políticas públicas de prevención de la criminalidad y reinserción social. En ese proyecto trabajarán, unidas, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la empresa pública Tracasa.

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