- La Comisión Europea (CE) ha aceptado la denuncia presentada por 16 entidades medioambientales, entre ellas Lurra y Sustrai Erakuntza, además de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Rezero y Greenpeace, por el incumplimiento de España de los objetivos de reutilización y reciclaje establecidos en la normativa comunitaria. Así lo confirmó ayer durante un encuentro on line la responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra, Adriana Espinosa, quien alegó que la demanda se basa en el incumplimiento de la Directiva de 2008 sobre el marco de residuos y afirmó que "solo se está reciclando un 35% de los mismos, cuando la normativa establece la obligación de garantizar al menos el reciclaje del 50% para el año 2020".

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), de los 22,2 millones de toneladas de residuos urbanos generados en España en 2018 más del 53% se envió a vertederos, casi dos décimas más que el año anterior, lo que sitúa a España "a la cola de la Unión Europea en materia de reciclaje", apuntó Espinosa.

En su opinión, "esta nefasta gestión de residuos", no consiste solo en "un derroche de recursos naturales en un contexto de escasez de materias primas", sino que también supone la masiva contaminación de los suelos y el aire, además de un riesgo para la salud humana y la lucha contra la crisis climática.

Espinosa reclamó al Gobierno "mayor grado de ambición" en la reforma de la Ley de Residuos y ha señalado que es "la única oportunidad" para revertir la situación actual y virar hacia una economía circular.

De este modo, ha incidido en que la ley debe cumplir una serie de "medidas claves", alineadas con las directrices de la CE como el cumplimiento de la jerarquía de residuos (priorizando la prevención), el despliegue de todo el potencial de la materia orgánica y el cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor en todos los sectores, incluido el de envases, para "evitar que el peso siga cayendo en los consumidores".

El responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, recalcó por su parte que el incumplimiento de las obligaciones ambientales "es una constante" por parte del Estado español y que es necesario llevar a cabo "estas acciones urgentes", ya que "no somos capaces de reciclar ni la tercera parte de los residuos que generamos, pese a que teníamos el compromiso de llegar al 50 % en 2020".

Durante su intervención, el director de Campañas de Greenpeace, Julio Barea, instó a la ministra Teresa Ribera no solo a adoptar una posición más ambiciosa en la materia, sino también a que no admita "las presiones de lobbys como Ecoembes", entidad que, en su opinión, está "sistemáticamente boicoteando cualquier reseteo de la ley actual de residuos". La directora de Rezero, Rosa García, añadió, por su parte, que uno de los principales damnificados de esta "mala gestión" son los municipios puesto que "asumen, a través de las arcas públicas, todas las externalidades del actual sistema de consumo".

En la lista de firmantes de la denuncia se aúnan entidades de distintos perfiles y ámbitos, como la principales ONG ambientales del estado, pero también organizaciones de diferentes territorios como Baleares, Navarra, Euskadi, Catalunya, Canarias o Galicia, donde se están sufriendo las consecuencias sociales, ambientales y económicas de este incumplimiento. Las asociaciones que finalmente han llevado el asunto hasta la Comisión Europea para que estudie la denuncia son: Amigos de la Tierra, Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), Clean Ocean Project, Estratègia Catalana Residu Zero, Ecologistas en Acción, Eguzki, Grup Balear d'Ornitologia (GOB), Greenpeace, Gurasos, Mater Museoa, Lurra Nafarroa, Rezero, Retorna, Surfrider Foundation Europe, Sustrai Erakuntza y Unión Sindical Obrera (USO).

"El incumplimiento de las obligaciones ambientales es una constante del Estado"

Ecologistas en Acción