Las personas con discapacidad recuperan la plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía con una nueva ley que ha entrado en vigor este mes y que ha sido calificada por la consejera Carmen Maeztu como un “hito en la garantía de derechos fundamentales que este colectivo venía reivindicando hace décadas”. Así se puso de manifiesto en la jornada De las incapacitaciones a los apoyos para actuar en condiciones de igualdad, organizada por el departamento de Derechos Sociales, que reunió ayer a más de 300 personas, de las que 70 pudieron seguir su desarrollo de forma presencial y el resto por streaming, dado el gran interés que ha suscitado este tema entre profesionales de este campo y las personas amparadas por la ley.

Este reconocimiento, dijo Maeztu, es “un hito en la garantía de derechos fundamentales que este colectivo venía reivindicando hace décadas, como lo fue en su momento que las personas con discapacidad intelectual recuperasen el derecho a voto en 2018, o la erradicación de las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, que entró en vigor con la modificación del Código Penal en 2020”. La Ley entró en vigor el 3 de septiembre y afecta en la actualidad a 35.496 personas tienen reconocido en Navarra algún grado de discapacidad.

Con la reciente reforma legislativa, desaparece la figura de la tutela y las incapacitaciones, así como la patria potestad prorrogada o rehabilitada, salvo para los menores.

Las personas con discapacidad física o intelectual pasarán a tener capacidad jurídica plena y podrán tomar las decisiones sobre sus propios asuntos, con los apoyos necesarios, teniendo en cuenta su voluntad y preferencias, en relación a cuestiones como la gestión de su patrimonio o la manera en que quieren desarrollar su proyecto vital.

Con la nueva regulación la escucha y los apoyos pasan a ser centrales, entendidos estos como acompañamiento o consejo, apoyos que incluye incluso la comprensión lectora a través de “lectura fácil” de documentos. Sólo de forma excepcional se establecerá una figura de representación o sustitución. La ley establece nuevas figuras de apoyo, como el “guardador de hecho” que sería quien “apoya” de la persona con discapacidad sin necesidad de un poder, medida preventiva o resolución judicial. Otras figuras, que sí precisan ser declaradas judicialmente, son el “curador”, cuando la persona requiere de apoyo continuado, contemplando la posibilidad de la “autocuratela”, de manera preventiva. Por último, se establece el “defensor judicial”, cuando la necesidad de apoyo sea ocasional.

La entrada en vigor de la nueva norma hará necesaria una colaboración interprofesional ya que afectará a todas las instancias implicadas en la atención a personas con discapacidad, desde servicios sociales, entidades financieras, justicia, sistema sanitario, incluso a las propias fundaciones tutelares, que deberán cambiar hasta su propia denominación, incluida la Fundación Navarra para la Tutela de las personas adultas. La Fundación, que depende de Derechos Sociales, ejerce la tutela de las personas que carecen de familia o ésta no ha sido considerada idónea por el juzgado, para ejercer el cargo de tutor y cuando se determina la curatela o las medidas cautelares. En 2020 fueron 757 las personas que en Navarra se encontraron en alguna de estas situaciones, aproximadamente el 68% presentan demencia o enfermedad mental.

“La nueva ley supone

un hito en la garantía de derechos fundamentales de las personas con discapacidad”

Consejera