El colectivo de personas con discapacidad sigue sufriendo una gran dificultad en el acceso al mercado laboral, con una alta incidencia del desempleo en comparación con la población sin discapacidad (27% frente al 12,2%). Además, existe una importante brecha salarial: las personas con discapacidad cobran de media un 35,8% menos, 19.500 euros brutos al año frente a 26.500, una diferencia que ha aumentado un 7% desde 2013.

Esta es una de las principales conclusiones que recoge el Primer Informe sobre la Discapacidad en Navarra 2020 que ha elaborado el Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales. Un trabajo cuyos principales resultados fueron presentados ayer por la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, y el director general del Observatorio de la Realidad Social de Navarra, Luis Campos.

Uno de los principales retos para la población con discapacidad es sin duda su inactividad laboral. El porcentaje de la población activa con discapacidad no llega al 40% en Navarra, mientras que para la población sin discapacidad se sitúa en el 80%. Este alejamiento dificulta la posibilidad de acceder a un empleo y, en los casos en los que se consigue, las condiciones salariales son peores. La incidencia del desempleo en el colectivo con discapacidad es del 27%, una tasa que ha aumentado un 2,3% respecto a 2019, lo que evidencia que la pandemia ha afectado más a colectivos vulnerables como las personas con discapacidad.

Para las personas con discapacidad que acceden al mercado de trabajo, además de sus elevados niveles de desempleo, cabe subrayar que su inserción se encuentra restringida a determinadas actividades y ocupaciones como las actividades de servicios sociales. El sector servicios aglutinó el 78,9% de los contratos de personas con discapacidad en 2020. El 17,3% fue en la industria, el 2,1% en agricultura y y el 1,7% en construcción. Dentro del sector servicios destacan las actividades de los servicios sociales sin alojamiento, que suponen el 19,4% del total de los contratos. Por detrás se encuentran los denominados servicios a edificios (entre los que se incluyen los servicios de limpieza) con un 9,9%, la Administración Pública (6,4%), la sanidad (6,2%), educación (5,6%), servicios de publicidad (5,5%), comercio al por menor (4,8%) y hostelería (4,1%).

Un innovador análisis entre los datos de desempleo y discapacidad demuestra que tres de cada diez personas desempleadas con discapacidad no se registran como tales en el Servicio Público de Empleo. El informe entiende que esta situación puede explicarse por el estigma asociado a la condición de discapacidad y el miedo a una posible discriminación laboral. Esta situación tiene mayor incidencia entre personas con un menor nivel de estudios y más de 54 años. En la misma línea de evitar estigmas y una posible discriminación laboral, la población extranjera tiene un mayor peso en el grupo de personas con discapacidad no registrada.

De forma innovadora, también se han calculado por primera vez las tasas de pobreza para el colectivo con discapacidad y se han comparado con las del resto de la población.

En general, las personas con discapacidad sufren mayores tasas de pobreza si las desagregamos por edad. La probabilidad de sufrir pobreza para las personas con discapacidad es notablemente superior que para el resto de la población, al menos hasta los 65 años. A partir de esa edad, la pobreza severa de personas con discapacidad tiene una menor tasa: un 3,8% frente al 4,5% de la población sin discapacidad, fundamentalmente gracias a la protección de las políticas de pensiones y de atención a la dependencia y discapacidad, como se veía en un reciente informe sobre la dependencia en Navarra.

Por otra parte, cabe señalar que la renta garantizada está cubriendo un importante papel en mitigar la pobreza severa de las personas con discapacidad. Así, del total de personas con discapacidad entre 16 y 64 años, el 9,5% (1.609 personas) fueron beneficiarias de renta garantizada en 2020. El peso de la discapacidad en la renta garantizada es sintomáticamente superior al que tiene en el conjunto de la población potencialmente activa, un 6%, por lo que se puede afirmar que esta prestación tiene una cobertura a personas con discapacidad un 60% superior a la de la población en general.

34.774 navarros tienen una discapacidad reconocida, un 12,5% más que en 2015

A 31 de diciembre de 2020, 34.774 personas tenían reconocida en Navarra una discapacidad igual o superior al 33%, lo que supone un aumento del 12,5% respecto a 2015.

En cuanto a los rasgos demográficos, los hombres son mayoría, con un 54% del total, el 69,1% presenta una discapacidad de tipo física, el 41,8% tiene un grado de discapacidad entre el 33% y el 44%, el grupo de edad de entre 45-64 años es el mayoritario, con el 32,6% del total. La mayor parte se concentran en Pamplona y Comarca, con un 59,3% y casi el 25% de las personas con discapacidad tienen reconocida también la dependencia.

Si bien el colectivo está masculinizado, se presenta una tendencia al alza por parte de las mujeres, que van ganando peso de manera constante en el conjunto de las personas con discapacidad. Respecto a la distribución por edad, la discapacidad se dispara a partir de los 40 años y supone entre las mayores de 39 años el 84,9% del total, siendo el grupo más frecuente el de 45 a 64 años con un 32,5%. Por otra parte, el rango de discapacidad menor necesario para conseguir el reconocimiento (entre el 33% y el 44%) es el más habitual al suponer el 41,8% del total.

La Atención temprana a niños de 0 a 3 años crece un 89% en 5 años

Del conjunto de prestaciones y servicios, el que ha sufrido un mayor incremento ha sido el Servicio de Atención Temprana dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años y a sus familias, el cual ha crecido en un 89,2%, pasando de 546 niños y niñas atendidas en 2015 a 1.033 en 2019.

Las personas con discapacidad reciben en Navarra un 22,4% más de prestaciones y servicios respecto a las que les prestaba la administración foral en 2015, mientras el número de personas con discapacidad ha aumentado un 12,4%. En números absolutos, el Gobierno de Navarra ha aumentado en cinco años su cartera de servicios de 16.965 a 20.766 prestaciones o servicios.

En cuanto a los servicios residenciales y de atención diurna, el crecimiento en estos años ha sido del 9%, pasando de las 1.630 personas atendidas a las 1.774. Por lo que respecta al servicio de valoración y orientación laboral, se ha dado también un incremento importante, un 20,9%, al igual que en el servicio del transporte adaptado, con un crecimiento del 40% en los últimos años.

Respecto al conjunto de prestaciones económicas, cabe destacar que el crecimiento durante los últimos años ha sido del 13%, hasta superar las 2.000 personas que en la actualidad percibe alguna prestación. Igualmente, entre 2015 y 2020 el incremento medio de plazas autorizadas ha sido del 16,7%. En el caso de plazas residenciales y de centros de día, el crecimiento ha sido algo superior, del 20%, situándose en un 1,8% para las plazas en Centros Ocupacionales, y en un 12,7% para las plazas de enfermedad mental.

Pese a esta mejora generalizada en las prestaciones y servicios de los últimos años, hay que señalar que durante el año 2020 se produce un retroceso provocado por la pandemia, del que en el año 2021 ya se está recuperando. Así, durante 2020, el número de prestaciones y servicios disminuyó un 6,5% (ante el cierre de determinados servicios por la pandemia) del que en 2021 ya se ha recuperado y que se verá reflejado en el informe del próximo año.

Para finalizar, la consejera Maeztu ha destacado el compromiso del Gobierno de Navarra con las políticas de discapacidad. "Paralelamente al incremento de servicios ha sido necesario un importante crecimiento en la inversión pública cercano al 30%", ha destacado.

Igualmente, y como principales retos, Maeztu ha destacado "la necesidad de seguir impulsando el Plan de Discapacidad de Navarra y la ley de accesibilidad universal, con especial incidencia en aspectos como el empleo de las personas con discapacidad, la lucha contra la pobreza y el cambio en el modelo de atención hacia uno que procure la desinstitucionalización y la Atención Centrada en la Persona", ha concluido.