Más de 300 personas se dieron cita ayer en la Casa de Cultura de Burlada para conocer los trámites que deben seguir los propietarios de viviendas, garajes, trasteros y locales para reclamar los cuantioso daños originados por la últimada riada y cifrados en más de un millar pero también para reprobar la falta de previsión por parte del Ayuntamiento a la hora de advertir de la crecida del río. Además de la alcaldesa Ana Góngora, participaron en la mesa informativa la técnica de Vivienda del Consistorio María Ibañez; y de la parte de seguros Rafa Eguillor, de la Corredería de Seguros AON (seguros del Ayuntamiento) y Daniel Hernandez (delegado de la zona norte del Consorcio). El Consorcio, que informó de las gestiones necesarias, tiene contabilizados más de un millar de partes abiertos: 540 vehículos siniestrados, más de 300 locales entre bajeras y trasteros, y un centenar de negocios.

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha un servicio de Atención Ciudadana que a partir del lunes asesorará en la tramitación de siniestros. La responsable municipal destacó también que el Consistorio está a la espera de que se definan las diferentes ayudas públicas como zona que ha sido declarada catastrófica por parte del Estado, con el fin de apoyar también en las gestiones pertinentes. Asimismo, aseguró que el Consistorio está elaborando un informe con el objetivo de analizar lo sucedido, “conocer si ha habido errores”, depurar en su caso “responsabilidades” y “estudiar si podemos adoptar nuevas medidas de cara al futuro”. Abundó que también la presidenta del Gobierno ha pedido a la CHE esclarecer si hubo un fallo técnico. Hasta el momento el esfuerzo municipal se ha centrado en las tareas de limpieza y recuperación de instalaciones y zonas anegadas.

Desde el público llovieron críticas cuando no abucheos y peticiones de dimisión por no haber sido informados por parte del Ayuntamiento del alcance de la crecida. Entre otros afectados habló la propietaria de Chely, en la calle San Francisco, con daños valorados en más de 150.000 euros. Los vecinos se preguntaban cómo era posible que en Villava hubiera apenas seis coches afectados por el agua y en Burlada más de 500, vehículos situados tanto en garajes como en calles y parkings. También un bombero se quejó del hecho de que no se convocara la junta de seguridad. La alcaldesa reconoció que en Burlada esa tarde no se decidió reforzar el turno policial y había únicamente dos agentes frente a los 35 que patrullaban en Pamplona, por lo que se vieron “desbordados”. “No se reforzó porque había unos datos sobre la dimensión de la crecida que nada tuvieron que ver con la realidad“, aseguró Góngora.