SOS Racismo Navarra criticó ayer el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia presentado en diciembre por el Gobierno de Navarra por “no reconocer el racismo institucional y estructural existentes”, ni “contener prácticamente ninguna medida” ni “acciones políticas públicas concretas y definidas para combatir estos lastres sociales”.Así lo denunciaron ayer en una rueda de prensa en la que reivindicaron que “la simulación y la falacia no debe tener cabida en esta lucha”.

“Reconocemos el racismo institucional, estructural o sistémico como un hecho social total imbricado al sistema capitalista y patriarcal como es la sociedad en que vivimos”, subrayaron, tras asegurar que, según el informe anual de la institución contra el racismo, en 2020 “el 70% el agente discriminador era una entidad pública, lo que se denomina racismo institucional”.

Según explicaron, a las instituciones no se les pide “que monten oficinas de denuncias o de acompañamiento a las víctimas del racismo y la xenofobia”, sino “que tomen las medidas necesarias para que las denuncias que hacemos las organizaciones y desde las oficinas de denuncia antirracistas sean atendidas, sean resueltas, y no se queden en un cajón o una papelera”.

“No se puede esperar, además, que las víctimas interpongan denuncias en una oficina de la misma institución a la que mayoritariamente denuncian. Tampoco compartimos que estas oficinas de denuncia deban ser un espacio neutro, un espacio de denuncia no marcado, como se indica en el Plan”, añadieron, para apuntar que “en la lucha contra el racismo y la xenofobia no se puede ser neutro, hay que tomar partido por las personas más vulnerables, por las más desfavorecidas”.

En esta misma línea remarcaron que al Ejecutivo foral no le piden que cree “oficinas para sensibilizar o para celebrar el Día Mundial contra el Racismo, sino que cree organismos, preferiblemente con el grado de Instituto, hoy inexistente, para coordinar los distintos órganos del propio Gobierno y de la Administración que tienen competencias en este campo; para detectar y combatir el racismo estructural e institucional; para adoptar medidas estructurales que eviten la discriminación, que garanticen y se hagan efectivos los derechos de las personas migrantes, racializadas y gitanas”.

Asimismo, agregaron que “la mayor parte de las medidas propuestas está enfocada a combatir prejuicios y estereotipos más que a lograr la transformación de la estructura racista de nuestra sociedad”.

“Un gobierno tiene que combatir el racismo con medidas legales y con recursos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos (mermados derechos) que tienen las personas migrantes, gitanas y racializadas, no con interculturalidad y mucho menos con tolerancia”, subrayaron. Por estos motivos, entre otros, calificaron este plan como “una oportunidad perdida y fallida”.

“En el 70% de los casos de racismo y xenofobia, el agente discriminador era una entidad pública”