Firman un protocolo de atención en salud mental en los procesos penales

El Gobierno foral y el TSJN colaboran para prevenir posibles reincidencias en personas con trastorno mental

04.03.2022 | 00:39
Joaquín Galve y Eduardo Santos.

pamplona – El consejero de Políticas Migratorias y Justicia de Navarra, Eduardo Santos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, firmaron y formalizaron ayer un protocolo de colaboración en materia de atención a la salud mental de todas las personas incursas en procedimientos judiciales penales. Este protocolo, informó el Gobierno foral, se enmarca en la reciente asunción de las competencias de sanidad penitenciaria por parte de la Comunidad Foral y en la estrecha colaboración que el Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa mantiene con juzgados, tribunales, instituciones penitenciarias y distintos proyectos con la población reclusa. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta, en la actualidad, el sistema penitenciario español es el elevado número de personas que sufren alguna enfermedad mental, patología psiquiátrica o trastornos adictivos y que cumplen penas y medidas de seguridad privativas de libertad, añadió el Ejecutivo.

Así, este protocolo de colaboración tiene por objeto precisamente coordinar la relación entre los operadores jurídicos y sanitarios, para que "la atención a estas patologías psiquiátricas contribuya a reducir la reincidencia de aquellas personas que han cometido delitos a causa de su enfermedad". Establecer este tipo de mecanismos de coordinación es necesario para conseguir una atención sanitaria y social adecuada de todas las personas que, presentando alguna de estas patologías, se vean incursas en procedimientos judiciales penales ante los órganos judiciales de Navarra o estén cumpliendo penas o medidas de seguridad en establecimientos penitenciarios situados en la Comunidad Foral con independencia del tribunal sentenciador, añadió.

servicio referente El Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra, dependiente del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, a través de la Dirección General de Justicia, se puso en marcha el pasado mes de marzo de 2021. En apenas un año de funcionamiento, indicó el Gobierno, se ha convertido en una referencia estatal por la capacidad de integrar a profesionales de diferentes ámbitos en la búsqueda de planes e itinerarios personalizados para que las personas condenadas superen la situación que les haya llevado a cometer un delito. Y busca garantizar a las personas presas que no pierdan derechos (como a la salud o la educación) que sus condenas no les quitan. En el caso de las personas condenadas a prisión, el objetivo es aumentar las penas privativas de libertad que se cumplen en régimen abierto; y que, de ahí, se pase a cumplir la pena en un régimen de libertad supervisada que les permita, con los apoyos que sean precisos, desarrollar su vida en su ámbito natural de socialización.

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