Osasunbidea paga a la Clínica Ansoáin 200.000 euros al año por derivar una media de 500 abortos

José Gurrea, ginecólogo y director de la Clínica Ansoáin OSKAR MONTERO

Unos 200.000 euros al año paga el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a la Clínica Ansoáin por la media de 500 abortos anuales que realiza este centro abortivo. Se trata de una cantidad que varía según el año, aunque desde que en Navarra se aprobó el decreto de salud sexual y reproductiva en 2016, el número de derivaciones a la red privada ha disminuido considerablemente. En 2020 -último año del que Salud dispone datos- se desviaron a la Clínica Ansoáin un total de 522 abortos, que tuvieron un coste de 214.690 euros. No obstante, es una cantidad inferior a la que se pagó en 2017, cuando se derivaron 771 interrupciones de embarazo, con un coste de 326.335 euros.

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Este descenso del número de mujeres que acuden a la sanidad privada para abortar se debe a que tras la aprobación de la ley del aborto en 2010 y el decreto navarro de 2016 en Osasunbidea se han ido asumiendo cada vez más interrupciones. Sin embargo, la diferencia entre las que se hacen en el ámbito público y en el privado sigue siendo amplia. En 2020, seis de cada diez interrupciones de embarazo (58%) se llevaron a cabo en la Clínica Ansoáin, el único centro privado que practica abortos en Navarra. Es decir, de las 888 IVE que se realizaron ese año, 522 tuvieron lugar en la clínica de Ansoáin y 366 en centros públicos de Osasunbidea.

El aborto, al ser una prestación sanitaria que está dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, por lo tanto, no tiene coste para la mujer, ya que lo abona el SNS-O. No obstante, una mujer también puede costearse el aborto en caso que se quiera ahorrar los trámites necesarios.

Acosar en las clínicas es delito

Acosar a una mujer que acude a una clínica para interrumpir voluntariamente su embarazo o a los profesionales que los realizan es delito desde la semana pasada y está castigado con una pena de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

La reforma del Código Penal, publicada el miércoles de la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), castiga a quien “obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” y acose a una mujer “mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”. También quien acose a los profesionales sanitarios que realizan abortos y a los directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo, ante los que suelen concentrarse miembros de asociaciones provida. La ley considera “imprescindible garantizar una zona de seguridad” alrededor de esos centros para garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y su seguridad física y moral, así como sus derechos sexuales y reproductivos.

Para perseguir este acoso no será necesaria la denuncia de la persona agraviada y, según la gravedad del caso, el tribunal podrá imponer también al condenado la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de entre seis meses y tres años. La norma, impulsada por el grupo parlamentario socialista, fue aprobada el pasado 6 de abril en el Senado con la oposición del PP y Vox.