La muerte del pequeño Julen Roselló, en enero de 2019, no fue en vano. Su fatídica caída en un pozo perforado de forma ilegal motivó ese mismo año el arranque de la Operación Mizu (agua en japonés), una campaña de control de explotaciones acuíferas ilegales llevada a cabo por la Guardia Civil en todo el Estado que se saldó ese año con más de 100 detenidos y más 2.000 denuncias en todo el Estado, cuatro de ellas en Navarra. Tras el paréntesis obligado por la pandemia de la covid, los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) ya han retomado este año las inspecciones en la Comunidad Foral.

Aunque los controles encaminados a vigilar y controlar los aprovechamientos de agua superficial y subterránea se realizan durante todo el año, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre la Guardia Civil aumentará las inspecciones para la localización de posibles extracciones ilícitas de agua. El objetivo, según explica el teniente Fernando Ramón Carrillo, es llegar a las 60 inspecciones, si bien en Navarra no se detectan incumplimientos especialmente graves en este ámbito, ya que en 2019 únicamente se tramitaron cuatro denuncias, tres de ellas por captación de agua de forma ilegal y por la construcción de un pozo. “Existe un gran desconocimiento sobre la normativa. Hay personas que compran una parcela y se hacen un pozo sin autorización o que captan agua de un río con una bomba de gasoil”, ejemplifica el mando del Seprona.

Además de vigilar y controlar las perforaciones de pozos y de las extracciones de agua de los acuíferos, en las inspecciones también serán vigilados todos los delitos conexos asociados a estas prácticas, lo que supone “una actuación integral en materia medioambiental con afección en materia de protección de la seguridad de personas y animales”. “La perforación de pozos para la captación de agua subterránea supone un riesgo importante para personas y animales, especialmente una vez abandonada dicha actividad. Por lo que realizar estas inspecciones resulta una importante labor en materia preventiva de seguridad, con la finalidad de minimizar riesgos de sufrir accidentes por caídas a su interior”, explica el teniente Carrillo.

INFRACCIONES MÁS COMUNES

Las infracciones más comunes que se suelen detectar, indican desde la Guardia Civil, son la carencia de concesión o autorización para perforar, construir o aprovechar los pozos o balsas; la insuficiencia de medidas de seguridad para evitar caídas de personas o animales a pozos, en todas sus fases (prospección, aprovechamiento y falta de sellado); la falta de instalación de contadores de agua u otros elementos de control de las extracciones; la explotación de instalaciones legales pero con volúmenes de consumo superiores a la concesión o autorización; la realización de movimiento de tierra y/o construcciones no autorizadas; o los cambios de cultivo de secano a regadío en suelo no autorizado.

Los agentes del Seprona realizarán las inspecciones con la colaboración de las Confederaciones Hidrográficas de Ebro (CHE) y del Cantábrico, tanto para la consulta de datos, como para la formación de los agentes que realizan las inspecciones así como para el estudio y resolución de las posibles infracciones.