El fiscal que dirigió la acusación por terrorismo en Alsasua aspira a ser jefe de la Audiencia Nacional

José Perals, que pidió hasta 62 años de prisión por delitos terroristas en el caso de los ocho jóvenes navarros, es uno de los cuatro aspirantes a ocupar la plaza del Ministerio Público en la AN

14.03.2022 | 12:30
El fiscal José Perals, en el juicio por el caso Altsasu.

El fiscal José Perals Calleja (Tarragona, 1965), que lideró la descabellada acusación contra los ocho jóvenes del caso Altsasu para los que pidió condena por delitos terroristas, se ha sumado a la carrera para adjudicarse la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Dirigió la acusación pública en el caso Alsasua durante la instrucción, el enjuiciamiento y el posterior recurso, trámites todos ellos en los que no cesó para que los jóvenes fueran procesados y condenados por terrorismo. De hecho, mantuvo hasta el final –en el Supremo cogió el caso otro fiscal, Álvaro Redondo, y ya renunció a dichas peticiones– penas de entre 50 y hasta 62 años de cárcel para siete de los procesados y de 12 años para la octava, que era acusada de amenazas terroristas.

LOS CONSIDERABA HEREDEROS DE ETA


Según Perals, lo ocurrido el 15 de octubre de 2016 en Altsasu "fue una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista". En su opinión, los ocho jóvenes acusados eran "herederos" de las ideas y la estrategia que dictó la banda terrorista ETA y que llevó a las "peores atrocidades" cometidas durante medio siglo, indicó Perals en su día, en un caso con una ausencia probatoria diáfana y que fue arrebatado a la Audiencia navarra para que fuera juzgado en la AN.

Finalmente, como era lógico, ningún tribunal contempló alguna pena por hechos terroristas en esta causa, pero aun así las penas fueron muy importantes y el Supremo dejó las condenas entre 1,5 y 9,5 años de cárcel por lesiones.

Ahora, Perals aspira a progresar en su carrera y solicitó formalmente ser considerado para el cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, sede donde ejerce desde 2013 con una amplia experiencia en casos de terrorismo, como la primera condena en España a la ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, y en la lucha antidrogas, aunque también destaca su participación en procedimientos como el dirigido contra Ausbanc y Manos Limpias.

El plazo para presentar candidaturas a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se abrió el pasado 1 de marzo. Se postulan a la plaza Jesús Alonso, que lleva ejerciendo el cargo los últimos cinco años, Vicente González Mota, Joaquín González y Perals. Este ha sido el último en lanzarse a por el puesto y lo hace con un extenso currículum en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a donde llegó en 2013 en comisión de servicios, si bien cuatro años después obtuvo la plaza en propiedad.

En este tribunal ha ejercido como coordinador de terrorismo, destacando su intervención en esa primera condena contra Anboto a 122 años de cárcel por el asesinato del comandante Cortizo en León el 22 de diciembre de 1995, así como en los procedimientos contra la Mesa Nacional de Batasuna y la dirección de Ekin, que acabaron igualmente en condena, y en la primera operación contra el llamado frente jurídico de ETA vista para sentencia.

Asimismo, formó parte del procedimiento contra los máximos dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias por presuntos delitos de extorsión, estafa, fraude, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, que terminó también en condena para los principales responsables. Miembro de la carrera fiscal desde 1994, antes de recalar en la Audiencia Nacional pasó por las fiscalías superiores de País Vasco, Cataluña y Asturias. En esta última, cabe mencionar su papel en la causa contra la denominada 'trama asturiana' del 11-M, que concluyó con una sentencia condenatoria por tráfico de drogas y de explosivos.

Además, entre 2011 y 2013 estuvo trabajando en la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, después de llevar varios casos de narcotráfico en Asturias. En esta etapa participó en el procedimiento de extradición a Estados Unidos de miembros del Cártel de Sinaloa, concretamente de unos familiares de su antiguo capo, Joaquín El Chapo Guzmán, que habían sido detenidos en Madrid.

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