atenas. Grecia se convirtió ayer en el primer país de la Unión Europea sin una radiotelevisión pública, y pese al cierre oficial de ERT la pasada medianoche, su plantilla mantiene ocupada la sede central y retransmite a través de canales de internet ajenos.
El ambiente es de calma tensa, pues nadie puede excluir que la Policía desaloje el recinto, como lo ha hecho en el canal regional de Salónica, ERT3. El portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglu, no descartó una intervención de la Policía en la sede central al asegurar que se hará lo necesario para que "no se dañe la propiedad del Estado". Mientras, la plantilla seguía ocupando la televisión y retransmitiendo en directo en sesión continua y miles de personas se concentraban frente a la sede de ERT.
Los dos principales sindicatos de este país convocaron para hoy una huelga general de 24 horas en solidaridad con los trabajadores de ERT, en lo que es la tercera huelga en Grecia en lo que va de año.
El periodista de la radiotelevisión pública griega, Babis Kokosis, indicó que el cierre del ente público podría ser "un indicio del final de la democracia" y recordó que debido a la "peculiar orografía griega" habrá zonas del país que ya no puedan escuchar ninguna cadena griega. El Gobierno, por su parte, anunció el lanzamiento ya en agosto de la nueva televisión. El nuevo ente se llamará Nueva Radio, Internet y Televisión, S.A. (Neritan-SA), será una empresa pública, y contará con autonomía administrativa y financiera, indicó el portavoz.
En una rueda de prensa ofrecida solo a los medios extranjeros, por la huelga de los nacionales, Kedikoglu insistió en que la desaparición de ERT no debe calificarse como un cierre propiamente dicho, sino como un "reinicio". La legislación, en cambio, es muy clara y, según el anuncio del ministerio de Finanzas el ente ha dejado de existir. Además, la promesa de independencia del nuevo canal contrasta con el texto del borrador de ley publicado ayer, según el cual el ministro encargado de medios será quien designe al Consejo de Vigilancia de este nuevo ente, que a su vez nombrará a los miembros del Consejo de Administración, sin intervención en ningún momento del Parlamento.
El portavoz del Gobierno anunció anteayer que con el cierre y despido de los 2.656 empleados se ponía punto final a un "despilfarro" de fondos públicos.
