las radios y televisiones públicas adquieren carta de naturaleza en el panorama audiovisual europeo tras la guerra del 45, y el régimen concesional gubernamental produce un modelo mixto de radiotelevisión público y privadas, que se mantiene en nuestros días. La Constitución y el régimen territorial autonómico que consagra, permitió la aparición de radios y teles autonómicas en muchos de los territorios, al amparo de la ley de Segundos Canales, que por cierto, no es el caso de EITB, protegido por el Estatuto de Gernika. Catalunya, Valencia, Andalucía, Madrid y la CAV poseen entes que amparan empresas para hacer radio y tele autonómicas, con notables diferencias entre ellas y algunas características compartidas como la titularidad pública, elección gubernamental de las direcciones y financiación del erario público. Estos entes cumplen funciones de equilibrio mediático y respeto a la pluralidad política y social, y tienen un nivel de audiencias denunciado como escaso por las empresas privadas, que suspiran por la eliminación de la publicidad en ellas y denuncia la doble financiación. Es patente la presencia, influencia y presión de los partidos e instituciones que se sienten en ocasiones propietarias de los medios acusados de parcialidad, partidismo y manipulación al servicio de determinados intereses, desviándose de su objetivo, que es el servicio mediático a los ciudadanos. El cambio político en Andalucía ha desatado una tormenta monumental sobre el futuro de Canal Sur y sus programas, desde la desaparición de este servicio público hasta la modificación de contenidos, modelos de gestión y dirección. Todos querrán acerca la lumbre a su sardina y meterán mano al modelo resultante para garantizarse cuotas de poder e instrumentalización de los informativos. La política manda y nadie va a olvidarse del juguetito que, por cierto, pagamos todos.
