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El Gobierno de Navarra informará a las seis de nuevas medidas contra el coronavirus
caza y pesca

Partidos y gobiernos regionales comienzan a moverse para suprimir las restricciones de movilidad

Las autonomías gobernadas por el PP ya han avisado de que permitirán a los cazadores moverse libremente

28.11.2020 | 23:43
Un cazador con su setter inglés. Foto: cedida

pamplona – Las restricciones impuestas a los cazadores para impedir que crucen las fronteras de sus comunidades autónomas y ejerzan las labores cinegéticas comienzan a hacer mella en las regiones. Tanto es así que formaciones políticas y varios gobiernos de comunidades autónomas ya están trabajando para suprimir esas limitaciones y permitir que los cazadores controlen las poblaciones de especies que, sin la acción cinegética en los campos y montes, se están convirtiendo en un problema difícil de lidiar.

Aunque ejecutivos como el de Navarra todavía no han comprendido las dramáticas consecuencias de coartar la acción de los cazadores, otras instituciones y entidades sí que se han dado cuenta de que no pueden dar la espalda a un colectivo que aporta una serie de beneficios de valor incalculable para el medio ambiente y la sociedad. En la palestra se sitúan factores como la vigilancia de especies proclives a degenerar en plagas si no se controla su número de ejemplares; la reducción de los accidentes de tráfico provocados por atropellos a animales; la rebaja de los daños agrícolas; la disminución del impacto de las medidas en la economía de las zonas rurales y en la lucha contra la despoblación; y la supervisión y freno de enfermedades animales que, de entrar finalmente a España (como la peste porcina africana), supondrían un tremendo quebranto en el sector porcino.

Las cifras son incontestables: más de 300.000 cazadores federados en España, donde todos los años se expiden alrededor de 800.000 licencias; mientras que el sector paga los salarios de más de 180.000 trabajadores directos en una economía que alcanza el 0,3% del Producto Interior Bruto del país. Ante la coyuntura de que buena parte de las comunidades autónomas cerraron perimetralmente sus fronteras para tratar de combatir la pandemia de coronavirus, el PP comunicó que en todas las regiones promulgará mociones para "incluir la actividad cinegética entre las excepciones de limitación de entrada y salida de personas de su territorio derivadas de las medidas de control de la covid-19", según avanzó el diario El Mundo.

En el horizonte de esta iniciativa se coloca la problemática que especies como el jabalí o el conejo, con importantes magnitudes de sobreabundancia de ejemplares, provocan en los hábitats y también en la economía. En Navarra, por ejemplo, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ya reclamó al Ejecutivo de María Chivite que incluyera a los cazadores entre los colectivos que trabajan en actividades esenciales, debido a que su quehacer en la naturaleza se considera de vital importancia para asegurar el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria.

En las autonomías regidas por el PP, la medida tiene visos de aprobarse. Altos cargos de la formación ya han remarcado en repetidas ocasiones máximas indiscutibles que determinados gobiernos se empeñan en obviar, como que "los aprovechamientos cinegéticos sirven para mantener el equilibrio natural y ayudar a los ganaderos y agricultores para que no se ataque a su ganado o se provoquen destrozos en sus cultivos".

Pese a que el cometido de los cazadores en los ecosistemas repercute también en trascendentes ámbitos de salud y seguridad públicos, como los siniestros de tráfico, desde muchos ayuntamientos se alza la voz igualmente para avisar de que gran parte de sus ingresos ha desaparecido desde que se promulgó el confinamiento de marzo y, con él, la caza sufrió una reducción de actividad del 60%.

Este grito ha sido escuchado por los gobiernos de las comunidades limítrofes de Navarra. Aragón, por ejemplo, ya ha emitido certificados para defender al colectivo cinegético y autorizar que pueda moverse con entera libertad a lo largo y ancho de sus tres provincias, pese a que la comunidad haya cerrado sus fronteras interiores durante su lucha contra el coronavirus. Similar situación se registra en el País Vasco, donde sus tres diputaciones aprobaron que los cazadores se puedan desplazar por todo su territorio para ejercer el control de los jabalíes, al considerar las batidas como un motivo de "fuerza mayor" para secundar su libertad de movimientos.

Mientras tanto, en Navarra (una comunidad que permite salir a ciudadanos de la región para, por ejemplo, disputar competiciones deportivas no profesionales de ámbito nacional e interautonómico), sus cazadores sufren la imposición de multas y sanciones por intentar desarrollar su cometido a favor del medio ambiente en las autonomías anejas. Este mismo mes se hizo público que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil habían denunciado en un fin de semana en Huesca a 14 cazadores procedentes de la Comunidad foral por haber cruzado la muga para participar en una batida de caza mayor en un coto vallado de la localidad de Sos del Rey Católico. Dentro de Navarra, ni la Benemérita ni la Policía Foral han emitido denuncia alguna contra cazadores de otras regiones por estos mismos motivos, según han confirmado ambos cuerpos de seguridad.