- Hubo un tiempo en el que la Hacienda Foral miraba a Osasuna como si fuera un forofo en el estadio. Con la bufanda al cuello, el fisco dejaba pasar por alto cuestiones gruesas que no se toleraban a ningún contribuyente. Pero era Osasuna, había por entonces vientos de Europa, un Gobierno dirigido por UPN en plena sintonía con la década presidencialista de Patxi Izco al frente de la entidad​ y, como reconoció el propio Izco cuando declaró hace cinco años en un juzgado de instrucción, una inspección fiscal por extraer demasiados billetes de 500 euros se saldaba con una llamada al consejero de turno para aclarar el asunto y ponerle en contexto. Era final de temporada. Usted ya entiende, señoría. Aquello de los impagos a Hacienda fue un tejemaneje que acumuló millones adeudados al fisco que aún están sin rumbo. Pese a los ingresos millonarios que le suponían a la entidad la venta de entradas, abonos, palcos y boxes para llenar su estadio, al club se le pasaba por alto declarar aquellos ingresos y, por tanto, abonar el correspondiente IVA. Tampoco declaraba nada de las retenciones de IRPF de los empleados, con lo cual se ahorraba también una cantidad importante. De hecho, Vizcay lo llevaba a gala en las asambleas. Claro, ¿cómo creen ustedes que se paga a los fichajes caros? venía a rezar el exgerente. Los chanchullos pusieron contra las cuerdas a la directiva de Archanco nada más entrar en el palco presidencial. En 2013 se alcanzó un acuerdo duro en las condiciones financieras y que ahogaba al club económicamente. Luego llegó la vía judicial. Y Hacienda, con una querella presentada en enero de 2016, se acordó de todo el dineral que había dejado pasar por alto. En total, entre el principal (5,62 millones) y los intereses acumulados todos estos años sumaron 6.838.018 euros, una cantidad que Osasuna ya adeudó en medio de la batalla judicial. Lo hizo bien pronto, en junio de 2017, un mes después de haberse efectuado la cuantificación definitiva de las cantidades dejadas de ingresar por Hacienda por estos hechos. Ahora tiene que abonar otros 1,4 millones de multa. En total, más de 8 millones.

El pago de esa indemnización por la deuda de la que se benefició en su momento ha supuesto ahora la puerta abierta para alcanzar un acuerdo entre la Fiscalía, Hacienda, el club y los ocho exdirectivos condenados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Los procesados, tal y como había informado este periódico, fueron condenados a 28 meses y 15 días de cárcel (Archanco, Pascual, Purroy y Vizcay), a 22 meses y 15 días en el caso del expresidente Izco y a 16 meses y 15 días que fue la pena para Sancho Bandrés, Txuma Peralta y Manolo Ganuza. Ninguno ingresará en prisión. Se les condena por cinco delitos, pero ninguna de las condenas individuales supera los dos años de cárcel y no se trata de reos habituales, por lo que se les puede aplicar la suspensión extraordinaria de la pena para que no ingresen en prisión, una circunstancia excepcional contemplada en el Código Penal. Para alcanzar el acuerdo los acusados se han beneficiado de la indemnización que asumió Osasuna y que les reporta la aplicación de una circunstancia atenuante (es decir, que les rebaja la pena solicitada inicialmente) y que se tipifica como reparación del daño. Además, también se les estima otra atenuante como la de dilaciones indebidas, es decir, que también se les reduce la pena por el tiempo que la causa ha estado paralizada en sede judicial. De hecho, en el acuerdo se lee que la Sección Segunda de la Audiencia recibió el procedimiento el 10 de mayo de 2018 y no fue sino hasta el 15 de octubre de 2019 cuando se dictó auto de admisión de prueba. El acuerdo también ha posibilitado que se retire la acusación contra dos exempleados del club -el excontable Tomás López y el exdirector financiero José Gómez-, de los que dice que “no consta fehacientemente que tuvieran control y disposición de estas conductas”.

El acuerdo satisfizo a todas las partes porque un juicio de ocho días, como estaba señalado, con peticiones de condena altísimas por parte de la Fiscalía, incluso delitos reconocidos por algunos de los acusados, no iban a suponer más que una pena mayor, que en ese caso sí habría que sumarse a las condenas que varios de los procesados arrastran por el caso de los amaños. Siempre y cuando dicha condena sea confirmada por el Tribunal Supremo, donde habrá mucha tela que cortar. De esta forma, el pleito queda ya con sentencia firme y surge en todo caso la duda del pago de las multas. Es decir, el reconocimiento de los delitos fiscales (tanto en el caso de Osasuna como persona jurídica como en el caso de los acusados como personas físicas) lleva aparejado un importante monto de la cantidad defraudada que debe ser pagada como multa. Por ello, se investigará si los ocho condenados tienen capacidad económica y patrimonial suficiente para hacer frente a cantidades muy relevantes. No en vano, en el caso de las mayores condenas como Archanco, Purroy, Pascual y Vizcay (reciben las mayores penas porque son los cuatro que estaban presentes entre 2010 y 2013 en el club), cada uno de ellos tiene que hacer frente a una multa individual del 45% de la cantidad defraudada cada año. Superan los 2 millones de euros de multa. Si son insolventes o en todo caso solo pueden hacer frente a una pequeña parte de la multa señalada, el resto se les sustituye por días de arresto, que tampoco cumplirán.