Azysa presenta concurso de acreedores "para no continuar con la empresa"

pamplona. La constructora Azysa mantuvo ayer una reunión con el comité de empresa en la que se le informó de que "el concurso de acreedores presentado se ha hecho para no continuar con la empresa", explicaron fuentes cercanas a este proceso. Esto significa que la compañía, con más de tres décadas en el sector, está abocada al cierre, insistieron estas fuentes.

La compañía cuenta con una plantilla de 121 trabajadores, de los que 66 actualmente están sumidos en un expediente de regulación de empleo de suspensión de contratos, que comenzó en noviembre y debe concluir en abril.

La parte social, compuesta por delegados de ELA y UGT, ha convocado para hoy una asamblea de trabajadores para comunicarles la situación actual que atraviesa la compañía e informarles sobre los pasos que deben realizar ellos a partir de ahora. Estas mismas fuentes indicaron que la presentación oficial de un concurso de acreedores voluntario lleva consigo la asignación de los administradores concursales, y ellos serán quienes realicen los trámites correspondientes para resolver la salida de estas personas de la constructora. "Los más probable es que los administradores concursales presenten un expediente de regulación de empleo para extinguir los contratos de estos empleados", recalcaron estas fuentes.

su especialización La constructora, originaria de Lekunberri y con tres décadas de experiencia en el sector, se ha dedicado a la obra civil, a la edificación y a la conservación de carreteras en la Comunidad.

Tras aprobar el ERE de suspensión en octubre, que afectó a la mitad de la plantilla; la empresa decidió presentar preconcurso de acreedores para intentar negociar la deuda. Pasado el plazo estipulado por la ley, planteó el concurso voluntario de acreedores, que según confirmó en la reunión de ayer, "se ha realizado para que el negocio no siga". Y es que en el transcurso de estos meses, la constructora se ha visto obligado a dejar alguna de sus obras al no poder hacer frente a sus obligaciones, como sucedió el pasado marzo en Peralta, cuando rompió el contrato público para mejorar el pavimento y las redes de saneamiento.