pamplona - La Cámara de Comptos ha cifrado en 113 millones la inversión pública en la Ciudad del Transporte, la mayor parte por las expropiaciones de los terrenos (92 millones, el 81,4% del total), mientras que destacó que “no es posible pronunciarse todavía” sobre la rentabilidad de la infraestructura ni el retorno de la inversión.
Así consta en el informe remitido por la Cámara de Comptos al Parlamento sobre la Ciudad del Transporte (CT) de la Comarca de Pamplona, solicitado por el propio legislativo a instancias de Podemos-Ahal Dugu.
El informe analiza, entre otros aspectos, el desarrollo del proyecto, la expropiación de terrenos, el modelo de gestión, las inversiones públicas y el nivel de ocupación de la infraestructura, informa Comptos.
El estudio recuerda que la CT nació en 1991 con el objetivo de centralizar todas las actividades del transporte de mercancías. Su impulso fue mediante una sociedad de capital privado, principalmente de las patronales del sector, estando inicialmente el capital en manos de Anet, Tradisna, Cámara de Comercio y Audenasa.
Desde 1993, el Gobierno de Navarra asumió el liderazgo en la ejecución y financiación del proyecto a través de ampliaciones de capital a las que no acuden los anteriores socios privados. El capital social pasó a ser público.
La CT se ha ido desarrollando en cuatro fases sucesivas, estando actualmente pendiente de configurarse o redefinirse la cuarta.
red ferroviaria Aunque en un principio el proyecto se limitó al tráfico de mercancías por carretera, en el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de ampliación se contempló la conexión director a la red ferroviaria. No obstante, esta opción “ha quedado de momento descartada”. El informe señala que en la primera y segunda fase de la CT, desarrolladas hasta 1999, “no consta que hubiera estudios sobre las necesidades de la infraestructura ni sobre su viabilidad económica social”, aunque dichos estudios sí constan en el caso de las siguientes fases. El modelo de gestión de la CT se basó en una sociedad gestora, privada hasta 1995 y pública después, con el objetivo de prestar un servicio público a través de un concesionario privado. Actualmente es Nasuvinsa la gestora de la CT.
Para la selección de dicho adjudicatario se hicieron dos concursos públicos -uno para las dos primeras fases en 1995 y otro para la tercera en 2006- que recayeron en el mismo ofertante: una UTE constituida por las sociedades SANCO y Construcciones GM. Fue la única oferta recibida en ambos procesos de selección.
El adjudicatario asume las obras de urbanización y construcción de naves y edificios, así como la explotación y comercialización de la CT.
El informe destaca que el proceso de expropiaciones de los terrenos, realizadas por el procedimiento de urgencia, ha sido “largo y complejo”, con una judicialización “relevante y una importante repercusión sobre los recursos públicos”.
De hecho, “no hubo acuerdos amistosos” con los propietarios, por lo que se acudió al Jurado de Expropiación. Las resoluciones de este órgano fueron recurridas por lo propietarios, por el Gobierno de Navarra o por ambos, llegando los pleitos hasta el TS.
25 millones por intereses Comptos señala que las expropiaciones han costado al Gobierno de Navarra 92 millones, incluidos los intereses de demora que suman 25 millones.
Destaca la “importante variación” del coste por m2 de terreno expropiado dependiente de la fase. Así, en las dos primeras el precio pagado se sitúa entre los 12 y los 19 euros según sentencias de 2002. En la tercera y cuarta la horquilla, como consecuencia de sentencias de 2016, está entre los 53 y los 57 euros por m2.
Además del gasto en expropiaciones, el Gobierno de Navarra ha financiado 11 millones para infraestructuras fuera del ámbito de la CT pero necesarias para dotarla de los servicios públicos precisos.
En cuanto a las inversiones realizadas por la UTE adjudicataria, ascienden a 87 millones, de los que el 40% corresponde a gastos de urbanización y el 60% a construcción de naves.
sobre el retorno de la inversión El informe señala que no es posible pronunciarse todavía sobre la rentabilidad económico-social de la infraestructura ni sobre el retorno de la inversión realizada.
No obstante, teniendo en cuenta los datos de comienzos de 2018, se destaca que la inversión pública ha sumado 113 millones, la mayor parte destinada a financiar las expropiaciones.
La financiación obtenida por la Ciudad del Transporte asciende a 105 millones. De esta cifra, 74 proceden de aportaciones del Gobierno de Navarra o la empresa pública CPEN y el resto de la actividad comercial de la sociedad gestora.
tres décadas de infraestructura En cuanto al nivel de ocupación, las dos primeras fases están prácticamente ocupadas en su totalidad y la tercera algo más de la mitad. La cuarta fase actualmente se está replanteando. El informe concluye destacando el “largo” proceso de definición, gestación y construcción de la infraestructura. De hecho, ha durado prácticamente tres décadas y aún está pendiente de concretarse la cuarta fase. - Efe
