pamplona - La madeja sobre el presunto espionaje organizado por el BBVA bajo la presidencia de Francisco González sigue complicándose por los retrasos de la entidad en aclarar quién decidió contratar a la empresa Cenyt, del excomisario Villarejo y para qué, y por la intervención de la Justicia que aunque en España en los delitos de cuello blanco suele ir tarde. Pero la decisión del BBVA de cesar en su puesto en su participada Distrito Castellana Norte al directivo Antonio Béjar, a las pocas horas de que este decidiese colaborar con el juez del caso Villarejo no ayuda a limpiar la imagen ya tocada del banco por la gestión de González, que no ocupa ya el cargo de presidente honorario pero sigue suponiendo una notable factura para la entidad por gastos de representación y escoltas.

La noticia surgió a última hora de la noche del viernes cuando el consejo de administración de la empresa Distrito Castellana Norte, sociedad participada por BBVA encargada de la operación inmobiliaria Chamartín, cesó al máximo responsable, Antonio Béjar, según Efe. La salida del ejecutivo coincide con la postura que tomó el viernes el citado Béjar partidario de colaborar con la Justicia en la investigación sobre la contratación por parte de BBVA del excomisario.

Como se recordará el juez del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputó el pasado mes de junio a Antonio Béjar, junto a otros siete directivos vinculados a BBVA, en la trama de espionaje por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos. El directivo acudió a declarar a inicios de julio y, mientras los demás investigados se acogieron a su derecho a no comparecer, fue el único que testificó admitiendo que el banco sí tenía contratado a Villarejo entre 2010 y 2014 aunque para la recuperación de saldos morosos. No obstante, Béjar llamado a declarar de nuevo este viernes y afirmó que el no tenía poder para contratar y pagar servicios como los de Villarejo. Una tesis que alienta la teoría de que operaciones del calado como las presuntamente realizadas por la empresa de Villarejo sólo podían venir autorizadas de instancias más altas del banco. En todo caso, la llamada a declarar de Béjar el viernes se efectuó, según El País, tras conocerse que la compañía que presidía, Distrito Castellana Norte, ordenó destruir documentos relacionados con la contratación del policía .

El juez García Castellón volvió a citar este pasado viernes a Béjar para que testificara respecto a la destrucción de información. El ya expresidente de DCN negó su participación en la contratación de Villarejo y afirmó que colaboraría con la Justicia. Tras su comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez prisión para Béjar eludible con una fianza de 500.000 euros. El magistrado decidió volver a llamar a declarar al directivo para la próxima semana y decidir si aplicar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. - D.N.