madrid - El Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá las subastas de interrumpibilidad en 2020, sistema con el que se retribuye a los grandes consumidores industriales por reducir su consumo eléctrico cuando el sistema eléctrico lo requiere, pero modificando por completo el actual mecanismo.
El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden por la que amplia en tres meses, desde el 31 de agosto hasta el 30 de noviembre, el plazo para la solicitud de habilitación para la prestación del servicio de interrumpibilidad a partir del próximo 1 de enero de 2020.
Fuentes del Ministerio indicaron que de esta manera se aseguran las subastas de interrumpibilidad, aunque precisaron que van a ser “radicalmente” diferentes respecto al mecanismo actualmente existente.
Así, subrayaron que el Gobierno, siguiendo la nueva normativa europea, modificará todos los mecanismos de capacidad, incluidas las subastas de interrumpibilidad, “que no podrán continuar como han sido hasta ahora”.
De esta manera, el gabinete dirigido por Teresa Ribera ha optado por prolongar, al menos para la primera parte de 2020, unas subastas de interrumpibilidad que parecían condenadas a su desaparición debido a las dudas sobre el mismo desde Bruselas, aunque con el objetivo de que sean diferentes al mecanismo actual.
El estatuto de la industria electrointensiva, en el que se trabaja desde el pasado mes de abril, es la normativa con la que el Ejecutivo pretende dar solución a las peticiones del sector y con el que sustituir la subasta de interrumpibilidad. Sin embargo, la condición en funciones del Gobierno hace que sea imposible su aprobación.
Según consta en la orden, con la ampliación del periodo se busca hacer compatible el plazo de solicitud al operador del sistema por los consumidores que deseen prestar el servicio de interrumpibilidad para el próximo año con la nueva directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
El pasado 5 de junio se publicó esta nueva directiva europea, que completa el paquete legislativo presentado por la Comisión Europea en 2016, el denominado Clean Energy for All Europeans, en que se recoge una modificación completa del marco normativo para avanzar en la consecución del mercado interior de la electricidad y para cumplir con los compromisos climáticos del Acuerdo de París de 2015. - E.P.
