La temporalidad, la incertidumbre ante un contrato que termina, es hoy uno de los principales problemas del mundo del trabajo, porque nos impide desarrollar un proyecto de vida digno y porque nos genera una intranquilidad evidente.

La temporalidad, por eso, no solo tiene que ver con el contrato concreto, también tiene que ver con el modelo de vida que queremos para la gente trabajadora. La temporalidad no solo tiene un impacto en lo personal, en la calidad y condiciones del trabajo, también afecta a la atención y a la calidad de los servicios y en la prestación de estos.

No ha sido responsabilidad de las trabajadoras y trabajadores que sufren esta situación, que no se hayan convocado plazas fijas en la Administración en estos años, la responsabilidad recae en las decisiones de los diferentes gobiernos, que han hecho crecer hasta tasas insostenibles la temporalidad. En Navarra, el 48% de los contratos del Gobierno foral son temporales, cuando en la empresa privada ronda el 24%: Osasunbidea, por ejemplo llega al 57% de temporalidad.

Estas trabajadoras y trabajadores acumulan años de contratos precarios, con el consiguiente envejecimiento de la plantilla, sin poder optar a conseguir una plaza fija en la Administración, presentándose periódicamente a pruebas y exámenes para continuar en las listas de contratación.

A propósito de este hecho, las sentencias de los tribunales españoles y europeos han ido recordando a las administraciones públicas que la situación temporal y precaria del personal contratado no puede ser utilizada indefinidamente para dar cobertura a los servicios públicos.

Para quebrar este abuso en la contratación temporal, CCOO, junto con otros sindicatos, firmó con el Gobierno del Estado los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público. En ellos, además de otras medidas, se pactó la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas y que el concurso-oposiciones fuera una herramienta para atajar esta inestabilidad tan exagerada.

No es que en CCOO creamos que el concurso- oposición siempre sea el mejor sistema de selección, sino que lo es en estas circunstancias actuales de consolidación de plantillas, de plazas que se ofertan de forma puntual por el desfase existente ante la falta de oferta de empleo público en estos años.

Lo cierto es que, a nivel estatal, en gobiernos autonómicos, y también en ayuntamientos, se ha producido una negociación para establecer tanto el número de plazas a ofertar, como el sistema a emplear para cubrir estos puestos. No ha sido así en Navarra. En esta Comunidad se ha excluido el concurso-oposición en algunos sectores y para algunos profesionales como posibilidad y modo de acceso. Así se discrimina a los navarros y a las navarras respecto a todos los demás territorios, y se desprecia un caudal laboral que ya trabaja para el Gobierno de Navarra y puede acreditar su experiencia y conocimiento.

Convocar concursos-oposiciones, en la actual coyuntura de años y años sin convocar plazas, es una medida razonable para construir una Administración más eficaz, en la que se valora la experiencia, la actualización y la adquisición de conocimientos, la docencia, y otros méritos, nada desdeñables a la hora de contribuir a mejorar la calidad en los servicios. Eso es lo que han entendido todas las comunidades autónomas, menos Navarra, y así lo entiende también la mayoría sindical de la mesa de negociación.

El propio Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra contempla, en su artículo 5, el concurso-oposición como uno de los posibles sistemas para el acceso a la Función Pública y este mismo sistema se utiliza ya en la provisión del personal docente en Educación y del personal sanitario en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, aunque este acceso está reservado exclusivamente para los profesionales sanitarios, discriminando a otros y otras profesionales catalogadas como no sanitarias.

Esta situación es generadora de situaciones de inequidad entre distintas comunidades, ámbitos profesionales y profesiones, además de entrar en contradicción con los criterios de acceso al sistema público de competencia, mérito y capacidad.

Desde CCOO hemos vuelto a solicitar la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación con el nuevo Gobierno para tratar este asunto, sin haber obtenido a fecha de hoy ninguna respuesta.

Pensamos que es el momento de dar un paso más, denunciando públicamente esta situación, reivindicando de nuevo la necesidad de que la Administración navarra modifique su postura y comience a aplicar el sistema de concurso-oposición en las próximas convocatorias de oferta de empleo público, en todos los ámbitos y para todas las profesiones.

En este sentido hemos recabado el apoyo de las personas afectadas por las próximas convocatorias a través de una campaña impulsada desde nuestro sindicato.

Esperemos que ese agravio se solucione pronto. En CCOO trabajaremos para ello.El autor es secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Navarra