Geroa Bai ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Navarra para instar al Gobierno central a "modificar la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con objeto de solventar determinados agravios comparativos".En un comunicado, la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha señalado que, según dicha ley, "se aplican reducciones que llegan hasta el 8% por cada año anterior a la edad legal de jubilación, llegando en algunos casos a una penalización del 40% de la pensión".

"En la actualidad, en cálculo del Gobierno, son 531.472 las personas jubiladas que se encuentran afectadas por estas circunstancias", ha remarcado.

Según ha indicado, "en ocasiones se trata de personas que comenzaron a trabajar muy jóvenes, algunas incluso a la edad de 14 años y que, después de estar casi toda su vida trabajando, deciden terminar antes su vida laboral".

"Pero otras muchas veces, más a consecuencia de la crisis de 2008, son personas que han sido despedidas de sus empresas y que, después de haber estado un tiempo en el desempleo y no haber encontrado ningún trabajo, han tenido que pedir esta jubilación anticipada de manera teóricamente voluntaria, para poder tener unos ingresos para vivir, y se han visto obligadas a asumir involuntariamente esta penalización en su pensión", ha detallado.

Para Aranburu, "sería razonable que estas personas, si han cotizado ya un total de 40 años o más, no sufrieran ninguna penalización o coeficiente reductor, sino que se entendiera que cada una de ellas ya ha contribuido suficientemente al sistema de pensiones".

"Por otro lado, esta penalización no finaliza cuando la persona jubilada cumple con la edad legal de jubilación, sino que se mantiene posteriormente, lo cual no tiene mucha lógica. Se pueden dar casos en los que personas que hayan cotizado más años que otras, estén cobrando menos pensión por el único hecho de haberse jubilado antes", ha subrayado.

En opinión de la parlamentaria de Geroa Bai, "es indiscutible el garantizar tanto la sostenibilidad en el tiempo del sistema público de pensiones como la suficiencia de las pensiones mismas, como un derecho básico que son y, en esta línea, es necesario por razones de equidad, modificar la Ley General de la Seguridad Social y solventar así la discriminación que se viene produciendo en estos casos".