- La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, espera que Tracasa “cumpla” con sus recomendaciones tras detectar que no ha realizado todas las horas facturadas a la Administración foral y confía en que “se contribuya a una mayor eficacia y eficiencia”. Compareció ayer en comisión, a petición de EH Bildu, para explicar el informe del órgano fiscalizador en el que se analizan los encargados del Ejecutivo foral a Tracasa Instrumental en 2017 y 2018.

El informe de Comptos concluye que Tracasa Instrumental no ha realizado todas las horas facturadas a la Administración. Las principales causas son la existencia de cobros anticipados de horas pendientes de ejecutar e inclusión de horas del personal de Tracasa Mercado como si fueran de Instrumental.

En relación con los trabajos solicitados en 2018, existen 10.612 horas facturadas y pagadas de manera anticipada que no se han llevado a cabo por un importe de 400.000 euros sin conocimiento de la Administración. Además, la empresa debería reintegrar al Gobierno unos 60.000 euros por horas facturadas y no trabajadas, o bien prestarlas sin contraprestación.

Comptos señala que el sistema de Tracasa Instrumental para gestionar los encargos del Gobierno tiene “carencias que dificultan el control”. Así, se cita “la falta de automatización en las facturas, el uso del cobro anticipado sin un seguimiento adecuado, la inadecuada contratación de Tracasa Mercado y la facturación de horas del personal de esta última empresa como si fueran de Tracasa Instrumental”.

En cuanto al Gobierno de Navarra, el informe constata que la mayor parte de los encargos son recurrentes en el tiempo y atienden necesidades permanentes. En opinión de Comptos, “falta un análisis riguroso previo por parte de la Administración foral para decidir la mejor opción para cubrir las necesidades de los encargos”. En general, el control que el Gobierno realiza sobre esos encargos se considera “insuficiente”.

Sobre las alegaciones presentadas por Tracasa al informe, Olaechea afirmó que “no cambian ninguna de las conclusiones” y señaló que “dos de ellas, además, nos causan mucha extrañeza”. Para ella, “hay un riesgo potencial de descapitalización de la Administración porque el conocimiento se deriva hacia medios de la sociedad y debería estar destinado en la propia Administración”.

Comptos insta a la Administración a analizar “cuál es la forma más económica, eficaz y eficiente de ejecutar las necesidades que se llevan a cabo de forma recurrente a través de encargos”. También pide “incrementar el control de la ejecución de los encargos”, así como “realizar un seguimiento exhaustivo de los pagos anticipados por servicios que no se hayan prestado y exigir en su caso la realización de las horas pendientes antes del inicio del siguiente encargo o el reintegro de los importes que correspondan”. Explicó que la fiscalía considera estas “irregularidades no suponen delito penal”. Sí que se ha enviado el informe al Tribunal de Cuentas para conocer “si ve indicios de responsabilidad contable”, pero “todavía no ha comunicado nada”.

En el turno de los grupos, Adolfo Araiz (EH Bildu) se preguntó “por qué hay que externalizar trabajos de tanta importancia” e instó a la administración a “realizar esta reflexión”. Ángel Ansa (Navarra Suma) pidió que el informe se envía a la Fiscalía. Javier Lecumberri (PSN) apuesta por “hacer una reflexión política sobre qué ocurre con estos trabajos que continuamente se están externalizando en empresas, aunque sean públicas”. María Solana (Geroa Bai) valoró “positivamente” el “paso que se dio como punto de inflexión con el anterior Gobierno” en Tracasa y opinó que se “va por el buen camino”. Ainhoa Aznárez (Podemos) apostó por “reordenar como tenemos el sistema”, si bien consideró que “se han dado pasos”.