Una auditoría externa considera que el Departamento vasco de Medio Ambiente cumplió con los requisitos de control del vertedero de Zaldibar que establecen tanto la Directiva europea de Vertederos como la de Emisiones Industriales.
El informe, de la firma británica Ricardo Energy & Environment, fue encargado por el Departamento de Medio Ambiente en abril, tras el desprendimiento del 6 de febrero que causó la muerte a dos trabajadores, y ha sido ha remitido hoy al Parlamento Vasco.
Según Medio Ambiente, que lo ha dado a conocer, la auditoría constata también que el funcionamiento de la empresa gestora del vertedero, Verter Recycling, frente a las condiciones de la Autorización Ambiental "se deterioraron en 2019".
La auditoría considera que tanto estas condiciones fijadas a Verter en la autorización ambiental que le fue concedida en el 2007 como el seguimiento y control por parte del Departamento de Medio Ambiente se ajustó a las directivas europeas que regulan estas instalaciones y al resto de normativa aplicable.
En el primer punto, la autorización ambiental concedida a Verter para Zaldibar, la auditoría determina que cumple con todos los requerimientos legales.
Según Medio Ambiente, únicamente matiza que la autorización debería haber fijado requisitos para el "uso eficiente de la energía" y unos límites más precisos para las "emisiones difusas de contaminantes" destinados a evitar la emisión de polvo al aire.
En cuanto al segundo aspecto, los auditores confirman que ha existido un control efectivo de la instalación por parte de la Administración ambiental.
La consultora ha identificado una "no conformidad de tipo menor", consistente en que el Plan de Inspección y Control no dispone de un registro que detalle cuáles son las empresas sometidas al Plan. Los auditores destacan que es un asunto que no tiene consecuencias para el seguimiento y control realizado sobre el vertedero de Zaldibar.
La firma auditora también aporta alguna sugerencia de mejora en las inspecciones. Zaldibar fue objeto de siete inspecciones -cuatro de seguimiento y tres genéricas- en sus nueve años de actividad, ya que hasta el 2011 no se le autorizó a recibir residuos.
Por ejemplo, que la frecuencia de las inspecciones se establezca de una manera más flexible en instalaciones como el vertedero de Zaldibar, mejor que el método actual de fijar plazos de 1, 2 o 3 años en función de la valoración del riesgo, aumentando para ello la frecuencia de inspección.
También propone que se concrete la obligación, en el caso de detectarse incumplimientos graves, de realizar una visita adicional de comprobación dentro de los seis meses siguientes.
Tras estas observaciones, Ricardo Energy & Environment aprecia que las inspecciones realizadas están bien estructuradas y son minuciosas, y que los incumplimientos identificados tuvieron un seguimiento adecuado por parte de la Administración Ambiental con la empresa operadora del vertedero.
Constata también que el funcionamiento de Verter Recycling frente a las condiciones de la Autorización Ambiental "se deterioraron en 2019", como ya quedó reflejado en la inspección realizada en junio del año pasado.
Además de al Parlamento, el informe, de 50 páginas, se enviará también al Juzgado de Durango que investiga el caso y a la Ertzaintza, tal como se ha hecho con toda la documentación relevante en manos del Departamento, así como al comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevicius.
