Representantes del comité de empresa de la planta de Trenasa en Castejón han defendido este miércoles la viabilidad de la fábrica y han denunciado la insistencia de la empresa en su cierre y el despido de sus 110 trabajadores.

Así lo han manifestado en una comisión parlamentaria a petición de I-E dos de los miembros del comité, Miguel Ángel Molina y Marcos Nieto, que han contado con el respaldo unánime de todos los grupos políticos con representación en la Cámara, que han rechazado el cierre y han puesto en valor su importancia para la economía de la Ribera.

Paralelamente, en el exterior de la Cámara una treintena de trabajadores se han concentrado al grito de "no al cierre de Trenasa" para reivindicar que la empresa es viable y pedir a la administración foral que se implique y rinda cuentas de los siete millones de euros aportados por Navarra en los últimos años para el impulso de la factoría.

Desde el comité han mostrado su apuesta por realizar un plan de viabilidad y una reestructuración en vez del despido de los 110 trabajadores con el cierre de una planta que, ha defendido Molina, es "rentable, viable, puntera y estratégica" y cuenta con varios pedidos en activo y otros pendientes de asignar.

Además, ha denunciado, la plantilla firmó un ERTE en junio con el compromiso de la empresa de garantizar los empleos hasta 2022, un expediente que "la empresa negoció de mala fe" ya que "sabían que iban a cerrar", por lo que ha pedido que "inspección de trabajo trabaje de oficio".

Según ha indicado Nieto, CAF "se ha ahorrado casi 29 millones de euros en mano de obra" por las ventas generadas de la producción de Trenasa, que son "un 30 % más baratas que si se hubiesen fabricado en otras plantas del grupo".

Asimismo, ha explicado que las pérdidas en las que se escuda Trenasa se sustentan en que en la planta de Castejón se encargan de realizar prototipos, un trabajo menos rentable por sí solo pero que se traduce en grandes ganancias cuando se llevan a otras plantas dedicadas a la fabricación en masa.

CAF, ha asegurado Molina, "condena de forma deliberada nuestra planta", ya que la compañía decide la carga de trabajo y su distribución entre las diferentes plantas, lo que les permite "pagar en el momento que mejor les venga y hacer que las cuentas sean negativas" cuando podrían "equilibrar la carga de trabajo y la cuenta de resultados".

Además, ha criticado, durante los últimos 8 años se han enfrentado a siete expedientes de regulación que les han dejado "bajo mínimos" para afrontar "mucha carga de trabajo" que han tenido que asumir con empresas de trabajo temporal.

Esto, ha destacado Molina, se produce en una empresa a la que las arcas forales aportaron dos millones de euros en sus primeros años y otros siete millones en los últimos tres años, un dinero que "sin retorno social no tiene sentido".

Nieto ha pedido que "realmente se haga algo" desde el Gobierno de Navarra y desde los grupos políticos, ya que "si no tenemos el apoyo de todas las instituciones va a ser complicado" puesto que "esto es decisión de la empresa y contra ella nosotros no podemos hacer nada".

A juicio de Marisa de Simón, de I-E, ésta es "una situación insólita e ilógica" que responde a "un claro caso de deslocalización" en "una empresa rentable y eficaz", algo que, al igual que muchos de los portavoces, ha achacado a una reforma laboral que "hay que derogar".

Desde Navarra Suma, Maribel García Malo ha lamentado la "actitud derrotista" que, ha asegurado, muestra el consejero Manu Ayerdi y ha pedido al Gobierno un "plan de acción" y un "planteamiento claro".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha criticado que la empresa se escude en las pérdidas de una planta que se dedica a la creación de prototipos, que es "lo que más cuesta", al tiempo que ha defendido que la actitud del Gobierno no es derrotista, sino "sensata", ya que "hay decisiones no controlables por parte de las instituciones" y "la última palabra siempre la va a tener la empresa".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha manifestado que no comparte las pérdidas a las que alude la empresa, más cuando, previo al anuncio del cierre, "la empresa firmaba contratos" o "terminaba el acondicionamiento de una nave", y se ha mostrado confiado en que "todavía estamos a tiempo de remediar algo".

Laura Aznal, de EH Bildu, ha subrayado que se trata de una empresa "clave y viable" que es "receptora de importantísimas ayudas públicas" que fueron condicionadas a contrapartidas que "no se han cumplido", algo que "no se puede permitir".

Desde Podemos, Mikel Buil ha insistido también en la necesidad de derogar la reforma laboral y ha planteado como posibles actores de presión al Gobierno Vasco, al Ministerio de Fomento como principal suministrador de pedidos a través de Renfe y al Gobierno de Navarra por su participación en Vectia.