e momento es un proyecto piloto al otro lado de la península, pero nadie descarta que un día no muy lejano se replique aquí. En Málaga, los farmacéuticos serán los encargados de suministrar efectivo a decenas de miles de personas que viven en municipios que no cuentan ni con una oficina bancaria ni con un triste cajero automático.

La iniciativa, que ha sido impulsada por CaixaBank, parece dibujar un futuro que, en realidad, tiene mucho que ver con el pasado. Cuando en algunos de los pueblos más pequeños de Navarra eran por ejemplo los bodegueros los encargados de facilitar acceso al dinero para el día a día a personas que solo de vez en cuando acudían a una localidad que contaba con una oficina bancaria. Actualizada a un siglo XXI veloz y digital, la iniciativa incluye algunas peculiaridades. Así, la retirada de efectivo irá siempre vinculada a una compra realizada en la farmacia con una tarjeta CaixaBank. La farmacia debe tener instalado un terminal de punto de venta (TPV) y el importe que se retirará oscilará entre un mínimo de 20 euros y un máximo de 150 euros. Tendrá que ser siempre múltiplo de cinco, por lo que se evitará el uso de monedas y las retiradas tendrán que ser muy modestas: tres veces al mes como máximo y por un importe no superior a 1.000 euros al año.

El acuerdo busca probar un modo que sirva para atender a una población en general envejecida y que se reparte en unos 4.200 municipios de toda España, los que no disponen de acceso a efectivo a través de un cajero. Las comunidades autónomas con mayor número de municipios sin oficina bancaria son Castilla y León (1.767), seguida de Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón (con 470, 467 y 413).

También Santander ha hecho algo parecido. En este caso con la empresa pública Correos, que trata de sacar rendimiento a su extensa red de oficinas ante la caída de los envíos postales. De este modo los clientes de Santander podrían sacar dinero en los 4.675 puntos de atención al ciudadano de Correos (2.393 oficinas y 2.282 puntos de atención rural). Los clientes pueden realizar estas operaciones en las oficinas, pero la compañía también ha incluido un servicio mediante el que los carteros pueden entregar dinero en cualquier domicilio de España.

El Banco de España ha alertado en numerosas ocasiones del riesgo de exclusión financiera que pueden sufrir “las personas mayores y aquellas con bajo nivel de renta o con algún tipo de discapacidad”, que serían las grandes perjudicadas por un proceso de digitalización al que se suman también las administraciones. La entidad supervisora explica que la continua digitalización “podría dificultar el acceso a efectivo del segmento de población que lo usa como medio de pago principal o único”. Y eso se debe a que dos de cada tres españoles mayores de 65 años no utilizan Internet y a que el 2% de la población -en torno a un millón de personas- no tiene cerca cajeros o sucursales en las que conseguir dinero en efectivo.

Ante ello, el Banco de España recomienda a las administraciones eliminar “barreras de acceso para los colectivos ajenos o menos familiarizados con el entorno digital”. Y a los bancos les recomienda “garantizar una oferta de servicios financieros multicanal” para evitar esos riesgos.

Las entidades buscan alternativas para llegar al millón de personas que vive en España sin acceso directo a un banco