- El Consejo de Ministros aprobó ayer prorrogar la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional hasta el próximo 30 de septiembre. El Ejecutivo de coalición extiende la prohibición de cortes de suministros energéticos (luz, agua y gas), otra de las medidas del denominado ‘escudo social’ ante la crisis del covid, hasta el 30 de junio.

La medida se acordó durante la negociación que entablaron desde hace semanas PSOE y Unidas Podemos para extender ambas decisiones, dado que expiran el próximo 28 de febrero. Para los morados ambas medidas son indispensables para garantizar que no se deja nadie atrás en estos momentos en los que el país comienza una etapa de recuperación económica y social.

En materia antidesahucios, podrán acogerse también familias en situación de vulnerabilidad con niños, personas en situación de dependencia y víctimas de violencias machistas que residan en viviendas de grandes propietarios, aunque no tengan título habilitante para ello. No obstante, Unidas Podemos no ha logrado que su socio de coalición aceptara incluir en el paquete de medidas aprobadas la prórroga de los contratos de alquiler.

En octubre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó la anterior prórroga del escudo social que ya contemplaban estas dos medidas que vuelven a tener continuidad. Según explicó entonces el Ejecutivo, la imposibilidad de cortes de suministros energéticos es una medida de protección de los consumidores vulnerables, en línea con el marco desarrollado para identificar y reducir la pobreza energética.

Además, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para la población vulnerable viene recogida de forma permanente en la futura Ley de Vivienda, que debe pasar la tramitación parlamentaria de cara a su aprobación definitiva.

Según fuentes de Unidas Podemos en el Gobierno, la extensión de la prohibición del corte de suministros junto a una nueva prórroga de la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables hasta el 30 de septiembre son dos de las principales medidas recogidas en el ‘escudo social’, que se han logrado tras negociar con los socialistas en las últimas semanas.

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas natural y agua bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleja la percepción del bono social de electricidad. Respecto a los desahucios, quedan suspendidos para las personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional si bien también podrán acogerse familias con niños en situación de dependencia y víctimas de violencia machista que residan en viviendas de grandes propietarios, aunque no tengan título habilitante para ello.

Pese a la inclusión de estas medidas para su aprobación en el Consejo de Ministros, desde Unidas Podemos lamentaron que “no se haya logrado que el socio de Gobierno acepte incluir en el paquete la prórroga de los contratos de alquiler de vivienda”, un asunto de especial sensibilidad para sus bases.