El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes que el Gobierno está trabajando en un aumento de la pensión máxima "de una forma muy gradual y suave".

"España es un país anómalo. Tenemos una pensión máxima relativamente baja y estamos trabajando, de una forma muy gradual y suave, en ir aumentando la pensión máxima en el tiempo y, simultáneamente, la cotización máxima existente", ha dicho el ministro en un acto organizado por 65ymás.

Escrivá ha descartado que vaya a ser necesaria una nueva reforma del sistema de pensiones, ya que la planteada por el actual Gobierno se pensó "para que fuera lo más completa posible".

Esa reforma todavía tiene "dos elementos" pendientes. Uno de ellos, que debe quedar cerrado antes de fin año, es una recomendación del Pacto de Toledo orientada a la equidad, que "no tiene efectos agregados sobre el gasto en pensiones".

El titular de la Seguridad Social ha explicado que las carreras profesionales ya no son "tan lineales" como en el pasado, y eso hace que los últimos años trabajados no siempre sean los mejores, lo que al mismo tiempo "genera un problema de inequidad" en el sistema.

"Si alguien quiere que se tenga más en cuenta toda su vida laboral por sus últimos años mejores, hay que mirar la longitud del periodo de cómputo, pero también la posibilidad de eliminar los peores años y también trabajar el tratamiento de las lagunas, como cuando una persona no está en el mercado", ha apuntado el ministro, partidario de trabajar "con distintos parámetros".

Respecto a las pensiones y cotizaciones máximas, Escrivá sostiene que resulta "neutral en gasto" a largo plazo, ya que primero se recauda en cotizaciones y después se reconocen las pensiones.

El otro elemento pendiente es la incentivación de la jubilación demorada y estudiar otras modalidades como la jubilación parcial y activa y "darle una vuelta a todo ello".

El ministro ha comparado la situación de España con la de otros países del entorno. Así, mientras que un empleado español trabaja hasta el último día de su vida laboral y después se jubila, en otros lugares "la salida se hace de forma gradual, trabajando menos horas".  

SUBIDA DE LAS PENSIONES CERCA DE UN 8,5%

Escrivá ha defendido la actual reforma de pensiones y su revalorización de acuerdo al IPC, ya que esto da "certidumbre" a los jubilados y les permite mantener su poder adquisitivo.

El ministro ha criticado a los que ahora cuestionan esta fórmula, a pesar de haberla aprobado antes en el Pacto de Toledo, y les ha acusado de estar planteando un debate "extemporáneo".

"Hemos asistido durante las últimas semanas a posicionamientos, desde distintas instancias, recomendando, incluso bastante vehemente, que no deberían revaluarse las pensiones con el IPC, a pesar de que es una ley que hay que cumplir y tiene un consenso muy amplio", ha subrayado.

Escrivá ha insistido en que los defensores de esta postura "nunca plantearon" otra alternativa en el Pacto de Toledo, ni siquiera la cláusula de escape que ahora proponen.

"Se está planteando ahora, en el último momento y sin reflexión suficiente. No tiene mucho sentido", ha zanjado el titular de la Seguridad Social.

El ministro ha insistido en que la nueva ley, por la que las pensiones se revalorizan de acuerdo al IPC, cuenta con el consenso de los agentes sociales y el Pacto de Toledo, y se cumplirá también este año.

"En noviembre de 2021, la inflación media fue del 2,5% y las pensiones se revalorizaron un 2,5% en 2022. Estamos en noviembre, nos faltan pocos días para saber la inflación media y no va a separarse mucho del 8,5%, décima arriba, décima abajo (...). Ese 8,5%, más o menos, será el que suponga la revalorización de las pensiones en 2023", ha afirmado Escrivá.

El ministro ha contrapuesto esta subida con la que se habría producido si no existiera la nueva reforma. En ese caso, se habría aplicado el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que hubiera supuesto "la pérdida de poder adquisitivo".

Escrivá también ha reprobado la reforma de pensiones de 2013, durante el mandato del popular Mariano Rajoy, que se aprobó "sin consenso y sin acuerdo con los agentes sociales", y que, a su juicio, "generaba una extraordinaria incertidumbre en los pensionistas".