El Instituto de Estadística de Navarra (Nastat) ha registrado entre enero y septiembre 29 concursos de acreedores en empresas, cifra semejante a hace un año cuando contabilizó 25 compañías quebradas.
El 55% de estos negocios sumaban entre 13 y más de dos décadas de trayectoria, una cifra preocupante al tratarse de compañías ya consolidadas, y que el impacto de la pandemia, los altos costes energéticos, la inflación y la devolución de préstamos obtenidos para solventar la crisis generada por la covid han podido causar su quiebra.
Por actividad
El informe de Nastat señala que de esas 29 empresas, ocho se localizan en la industria; siete en construcción y otras siete en el sector comercial. Las siete restantes se distribuyen en agricultura (dos), hostelería (dos), otros servicios (dos) e inmobiliarias, finanzas o seguros (una).
En relación al número de trabajadores en plantilla, cinco empresas concursadas empleaban a entre 20 y 49 personas; y dos a entre 50 y 99 asalariados. En cambio, uno de cada tres negocios en concurso de acreedores este año tenía una plantilla que se movía entre los tres y cinco ocupados.
Volumen de negocio
Además, siete de cada diez empresas que este año han tenido que recurrir al concurso en la Comunidad Foral facturaban menos de dos millones de euros. En cambio, el 20% de las pymes arruinadas gestionaba un volumen de negocio superior a esa cantidad, según los datos facilitados por Nastat.
Prácticamente la totalidad de los procedimientos concursales se han presentado de manera voluntaria.
Si se atiende la estadística de Nastat, entre enero y septiembre de 2023 se han contabilizado 29 concursos de empresas, que suponen el 20% del total. El resto –115– se producen en personas físicas, tanto aquellas que han generado una deuda ajena a una actividad empresarial, como las que la han acumulado debido a su negocio.
El cambio de ley
El cambio de la ley concursal a finales del año pasado ha favorecido que se hayan disparado los concursos de personas arruinadas pero no por un negocio, sino por una situación personal que ha propiciado la fata de recursos para cubrir la hipoteca de la vivienda, un préstamo de consumo o un tarjeta de crédito revolving, entre otros casos.
Estas personas se encuentran en una situación crítica derivada de haberse quedado sin empleo u otras circunstancias. En el caso de que trabajen, sus nóminas se embargan por estas deudas, y a través de la Ley de Segunda Oportunidad, si cumplen los requisitos, pueden ser exonerados del pago de estas cantidades y como consecuencia sus salarios quedan liberados.
