Once personas han fallecido en Navarra en accidente laboral en 2023, a la espera de cerrar el año, en un ejercicio en el que se han producido 11.325 accidentes de trabajo con baja, 5 muy graves, 58 graves y 11.252 leves, además de los mortales.

Son datos ofrecidos por la consejera de Derechos Sociales y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, en el Parlamento Foral, donde ha indicado que "en relación a los números absolutos, hay un descenso de 182 casos de accidentes con baja respecto a 2022, y también han disminuido los casos graves, 28 menos, y los casos mortales, 3 menos".

De los 33 accidentes laborales durante la jornada de trabajo graves, muy graves y mortales, donde no entran los in itinere o in missio ni los debidos a causas no traumáticas, donde con más frecuencia ocurren estos accidentes es en la industria (17) y en segundo lugar la construcción (10).

"Cuando consensuamos el vigente Plan de empleo, fijamos como uno de los seis objetivos estratégicos la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, porque Navarra presentaba una incidencia superior a la media, ocupando el segundo puesto entre las Comunidades Autónomas", ha explicado Maeztu.

A pesar de que "hay que tener en cuenta el mayor peso de la industria, un sector donde se suelen dar mayor incidencia", eso "la única razón, ya que hay comunidades con un importante peso también de este sector con menor incidencia".

"La tasa de temporalidad y de subcontrataciones elevada en determinados sectores económicos influyen, también, decisivamente en los datos que tenemos", ha sugerido.

Maeztu ha puesto en valor "la figura del Delegado Territorial de Prevención, del que se beneficiaron 144 empresas y 2,427 trabajadores".

Esto permite "impulsar la conciencia y participación en la prevención laboral, con metas específicas como mejorar el conocimiento del Plan de Prevención", y "aunque el impacto precisa de una evaluación a más largo plazo, la valoración es positiva entre los agentes sociales". Además, "se identificaron mejoras para futuras convocatorias, enfocadas en ampliar la cobertura y aplicar criterios eficientes".

La consejera ha destacado medidas adicionales del Plan de Empleo, como ayudas a instalaciones seguras, capacitación para la representación legal, coordinación con la Inspección de Trabajo y acciones para fomentar la cultura preventiva.

La parlamentaria foral de EH Bildu Arantza Izurdiaga ha asegurado que "desconocemos cuáles son los criterios para seleccionar las empresas que se van a visitar" y ha puesto en duda que telemáticamente se pueda identificar correctamente los riesgos.

Leticia San Martín, de UPN, ha lamentado que "día sí y día también tenemos noticia de accidentes laborales en prensa" y que "la siniestralidad laboral no hace más que incrementarse año tras año". "Necesitamos duplicar el número de inspectores para llegar a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo", ha clamado.

Por su parte, Ainhoa Unzu, del PSN, ha compartido el análisis de la consejera, aunque ha comentado que "no podemos ser autocomplacientes". "Es cierto que, a día de hoy, las medidas no han dado el resultado que esperábamos", ha reconocido, y ha puesto en valor la figura del delegado de prevención.

Por Geroa Bai, Itxaso Soto ha apuntado que "no podemos olvidar el desprestigio que supone para Navarra". "Es complicado adoptar medidas preventivas en puestos donde hay mucha rotación", ha cuestionado, precisamente, siendo esa una de las características del empleo en la Comunidad Foral.

Maribel García Malo, del PP, ha expresado que "la seguridad y la salud en el trabajo es lo primero", y ha lamentado los "datos alarmantes" de la Comunidad Foral, que "desde 2015 tiene los datos disparados".

En el turno de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha destacado la importancia de "territorializar la figura del delegado de prevención" y ha recordado que "la patronal es quien debe garantizar la salud en los puestos de trabajo".

Por último, Emilio Jiménez, de Vox, ha reflexionado que "cuando nos dan números a veces nos olvidamos que debajo de ellos hay personas" y ha calificado como "selva jurídica" el procedimiento para implementar las medidas en las empresas.