Representantes del sindicato ELA en Navarra han denunciado este lunes el racismo estructural que sufren les personas migrantes en condenándoles a la precariedad laboral pero también en otros ámbitos de su vida como la educación o el acceso a la vivienda.
Según ha detallado en rueda de prensa la delegada de ELA de Eurest, Nelly Nieto, las personas con nacionalidad de fuera de la Unión Europea presentan una tasa de paro 20 puntos por encima de las que tienen nacionalidad española, diferencia que se incrementa aún más en el caso de las mujeres. Lo mismo sucede con la temporalidad donde la media general el del 21 % frente al 57 % de las personas migradas.
De igual modo, ha referido, datos aportados por la Hacienda Foral de Gipuzkoa extrapolables a Navarra reflejan una enorme brecha salarial de más de 12.500 euros con un salario un 45,3 % menos en el caso de las personas extranjeras.
Al respecto, el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, ha sostenido que "hay empresas que están utilizando la situación de las personas migradas para maximizar beneficios" con porcentajes muy altos de personas migradas en su plantilla con el objetivo de "aprovecharse de su vulnerabilidad y su precariedad".
Esta situación, ha comentado, se mantiene en sectores tradicionales como el agropecuario pero cada vez más se extiende a otros como la hostelería o el sociosanitario.
No solo tienen más dificultades las personas extranjeras en el ámbito laboral y es que según ha expuesto la responsables de Acción Social de ELA en Navarra, Saioa Urriza, se enfrentan a mayores dificultades de acceso a la vivienda por las dificultades para acceder a un alquiles y la "xenofobia en las inmobiliarias".
También ha asegurado que hacen frente a una "vulneración a la hora de acceder a prestaciones sociales" por el aumento hasta los dos años del tiempo de empadronamiento mínimo exigido para recibir la Renta Garantizada y a un sistema educativo que "segrega en base a clase y origen".
Uno de los mayores culpables de esta situación es la Unión Europea, ha asegurado Pascual, quien ha lamentado la "continuidad en el tiempo" de sus políticas "para limitar y vulnerar los derechos" de las personas migrantes dando como último paso la firma a finales del 2023 del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo.
Este, ha denunciado, "busca la criminalización de las personas migradas dejando de lago la solidaridad y el derecho al asilo" destinando financiación a "perseguir la inmigración y a retenerla en lugar de buscar una integración" y logrando así únicamente "mayor precariedad y sufrimiento" .
A nivel estatal, ha referido, España mantiene una Ley de Extranjería que "está condenando a una parte importante de la población" mientras que Navarra "utiliza sus propios mecanismos" como aumentar el tiempo de empadronamiento para recibir la Renta Garantizada, poner "cada vez más trabas" a este empadronamiento y aplicar criterios racistas en controles policiales.
Además de la derogación de la Ley de Extranjería y del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo desde ELA han reclamado la disolución de Frontex, la creación de corredores humanitarios seguros y que se ponga por encima de los derechos de las empresas y el capital el cumplimiento de los derechos humanos.
Asimismo han pedido la regulación administrativa de todas las personas garantizando el empadronamiento, garantizar los mismos derechos sin discriminación por razones de raza u origen y que se asuman competencias plenas en materia de migración para Navarra y el País Vasco.
En materia laboral han exigido que se aumenten los recursos de inspección de trabajo para detectar irregularidades y casos de explotación laboral y en educación que se incrementen los recursos a formación para personas migrantes.
Para hacer frente al racismo en las empresas ELA ha lanzado la campaña Hacia un sindicalismo antirracista a través de la cual busca crear conciencia sobre estos problemas, incidir en la detección de la precariedad e incluir estos parámetros en la negociación en al menos 350 secciones sindicales en Navarra.
