El salario de unos 30.000 empleados públicos en Navarra va a subir un 2%

A este 2% se une un 0,5% adicional que debe aplicarse si la suma de la variación de la inflación de los años (2022-2024) supera el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios (8%). Entre 2022 y 2023, esa variable ya supone el 8,8% sin contabilizar 2024, por lo que tendría que aplicarse esa subida del 0,5% adicional. En total, un 2,5%.

El ministro de Transformación Digital y de Función Pública, José Luis Escrivá, ha confirmado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará ese incremento de sueldo a los empleados públicos previsto para este año, que se cobrará con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Así el Gobierno de Sánchez cumple con el acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT y CCOO.

La consejera de Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, anunció las pasadas semanas que estaban pendientes del Estado para dar luz verde a ese aumento en el momento en que se produjera.

Así que igual este tema se lleva a la sesión de los miércoles, donde se concretará la puesta en marcha de la medida: si esa subida se reflejará en la nómina de julio, y con efecto retroactivo a 1 de enero; si en un primer momento se añade el 2% o por el contrario directamente se aplica el 2,5%. 

“No supone un problema”

A preguntas de la prensa en Santander, el ministro Luis Escrivá ha afirmado que el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado estén prorrogados no supondrá “un problema” para afrontar el gasto de esta subida salarial, según Europa Press.

“Nunca ha habido problemas para esto. Ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez que hay una subida salarial con prórroga de Presupuestos de Gobierno. No creo que sea un elemento de preocupación porque existe un margen de flexibilidad presupuestaria para abordar este tipo de situaciones”, ha asegurado.

Explicación del 0,5%

La subida del 2,5% para este año es la prevista en el acuerdo que firmó el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT, y que contempla un incremento del 2%, más un 0,5% adicional en función de la evolución del IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado).

En concreto, el texto del acuerdo contempla un incremento salarial fijo del 2%, a lo que se sumaría otro 0,5% en función de la evolución de los precios. Si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios (8%), se aplicará ese incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024. 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que el de 2023 terminó en el 3,3%, lo que resulta un total del 8,8%, que supera el límite establecido para aplicar esa subida adicional del 0,5%. Por ello, el sueldo de los funcionarios se tendría que elevar un 2,5%, incluso sin conocer aún los datos de inflación del conjunto de 2024. 

Reacciones

LAB y ELA han reaccionado al anuncio del ministro de Función Pública con dos comunicados enviados por separado, aunque ambos han coincidido en que se trata de una subida insuficiente porque supone pérdida de poder adquisitivo para el personal de la Administración y ayuntamientos debido a la evolución del IPC en estos años.

LAB, sindicato mayoritario, ha remarcado que este aumento “es una imposición, porque el acuerdo se rubricó en Madrid, con la consiguiente negación al derecho a la negociación colectiva al personal de las administraciones” en Navarra. 

LAB ha exigido “a los partidos, gobiernos y administraciones con responsabilidad que convoquen mesas de negociación reales en sus respectivos ámbitos. Sin imposiciones y respetando las mayorías”.

Por su parte, ELA ha dicho que “las personas trabajadoras del sector público perderán en tan solo tres años más de un 6% de poder adquisitivo”. Para ello, ha hecho este cálculo: en 2022 la pérdida de poder adquisitivo fue del 3% y en 2023 del 2,2%. En 2024, si se aplica lo acordado en Madrid, la pérdida será del 1,1%.

ELA ha instado “a las instituciones y a los partidos a que apuesten por los servicios públicos y dejen de funcionar como una mera subdelegación del Gobierno español, y a que asuman y hagan uso de sus competencias”.