Doce años después de dar sus primeros pasos, el proyecto de Mina Muga en Sangüesa vuelve a estar paralizado, en este caso por una sentencia judicial. Y Geoalcali, la empresa que lo impulsa, tiene cada vez más prisas, por lo que reclama al Ministerio de Transición Ecológica una “solución administrativa” que resuelva antes de finales de marzo el atasco jurídico en el que se encuentra la actividad y ayude a desbloquear, por fin, una inversión de más de 600 millones de euros para extraer potasa. De lo contrario, advierten, el proyecto, que contempla la creación de un millar de puestos de trabajo no saldrá adelante.
“No podemos aspirar únicamente a que haya una solución judicial. El Tribunal Supremo puede tardar más de un año solo en decidir si admite a trámite el recurso planteado. Y, a partir de ahí, hablamos de años antes de que se decida. Ninguno vamos a estar ya aquí”, explica Ignacio Salazar, CEO de una empresa que esta misma semana anunció un ERTE para todas su plantilla, unas 30 personas, ante lo que considera inacción del Ministerio encabezado por Sara Aagesen.
Las prisas, explica Salazar, tienen que ver sobre todo con la financiación de un proyecto que requiere de 600 millones de euros. De ellos, unos 320 los aportan media docena de entidades financieras (Natixis, ING, Societe Generale, BNP Paribas, HSBC y Caja Rural de Navarra, que pondría unos 10 millones de euros). “Estamos pagando por esos préstamos ya comprometidos y puede haber un momento en que la banca nos diga que ya no puede tener ese dinero más tiempo reservado para nosotros”, dice Salazar, quien incide asimismo en que los socios estratégicos que ha incorporado la compañía y aportan 220 millones de dólares –Yankuang Energy, Beijing Energy y Taizhong– se han dieron seis meses, hasta finales de marzo, para tener aclarado definitivamente el futuro del proyecto. De lo contrario, el riesgo de que estos inversores se retiren del proyecto es grande.
“Faltarían otros 40 millones de euros”, admite en todo caso Ignacio Salazar, quien recuerda asimismo que la entrada de los socios asiáticos está vinculada al proyecto minero de Southey, en Canadá, propiedad también de la australiana Highfield Resources, y con lo que se “combinarían dos ubicaciones estratégicas”.
La sentencia: "Una autorización única"
La resolución judicial conocida en otoño supone sin embargo un varapalo enorme al proyecto, al haberse conocido a las pocas semanas de que se firmara el acuerdo con los socios asiáticos. “Nos han dicho que volvamos cuando esté todo solucionado”, explica Salazar, quien considera que tiene que ser posible solventar administrativamente el asunto. “Desde el Ministerio y desde el Gobierno de Navarra nos han dicho que el proyecto es estratégico y que se están buscando soluciones”.
La sentencia que ha paralizado el proyecto, dictada por la sala de lo contencioso administrativo (Raquel Hermela Reyes Martínez, Antonio Sánchez Ibáñez y Hugo Manuel Ortega Martín), hace referencia al proyecto Goyo, que comprende la parte de la mina que corresponde a Navarra. En ella, los jueces concluye señala que el proyecto debería haber recibido una autorización única y no tres autorizaciones simultáneas (Gobierno de Navarra, Gobierno de Aragón y Gobierno central), tal y como se decidió desde un inicio. “Siendo que la empresa presenta un proyecto único de explotación para un recurso minero que abarca el territorio de dos Comunidades Autónomas, debe llevarse a cabo un procedimiento único de tramitación para la concesión de explotación, una evaluación ambiental única del proyecto completo y una sola resolución de concesión de explotación del recurso minero con todas las condiciones necesarias que debe cumplir la empresa a lo largo del proceso extractivo y en la restauración del terreno, una vez finalizadas las labores de explotación”, señala la sentencia.
La decisión de fraccionar los permisos, que permitía a cada comunidad mantener un cierto control sobre la parte que abarcaba su territorio, obligó a la empresa a coordinarse con las diferentes administraciones. “Es una cuestión de forma. Nosotros hicimos lo que nos dijeron”, explica Salazar, quien confía en reunirse pronto con el Ministerio, agradece la colaboración del Gobierno de Navarra, pero insiste en la urgencia de encontrar una solución administrativa para sacar adelante “un proyecto estratégico”. En un momento, además, en el que la geopolítica ha reforzado el interés nacional a la hora de controlar recursos naturales como la potasa, clave en al agricultura y que tiene a Rusia como uno de los grandes productores mundiales.
“¿Me vas a decir –reflexiona Salazar– que un proyecto que supone una inversión de 600 millones , que va a generar miles de millones de riqueza inducida, que no se puede deslocalizar, que se pone en marcha en una zona afectada por despoblación, que cuenta con 80 informes favorables, 14 exposiciones públicas, 32 permisos va a ser echado abajo por una jueza más o menos acertadamente por una cuestión de forma. Que nadie en España puede hacer un click y solucionarlo? ¿Pero en dónde estamos?”.
