Las empresas deberán anunciar un cierre con nueve meses de antelación en Navarra

El último borrador de la ley foral de industria incluye un artículo para adoptar medidas encaminadas a no perder tejido industrial o amortiguar el impacto de un ERE. El documento establece que empresas que tengan previsto cerrar o reducir la actividad más de un 20% en un centro de trabajo en Navarra y despedir a 75 empleados y empleadas directas a jornada completa, deberán anunciar esta medida nueve meses antes de ejecutarla.

La empresa tendrá que informar de esta decisión tanto al departamento competente en materia de industria como al comité, que representa a la plantilla. El borrador subraya que “esta comunicación es independiente de cualquier otra que por mandato legal deba realizar la compañía en relación con su decisión y situación empresarial, y en particular, con la legislación laboral”.

El Ministerio de Trabajo obliga desde 2023 a que las empresas anuncien con seis meses de antelación un cierre o despido colectivo de grandes dimensiones por medio del Real Decreto 608/2023. Por ese motivo, BSH tuvo que avisar en diciembre de 2024 su intención de deslocalizar la planta, con un ERE que empezó a negociar este junio. Hasta ese momento, la ley no exigía ningún plazo previo, sino que informar del inicio del periodo de consultas en el mismo momento y disponer de un mes para negociar. El articulado del borrador de la ley foral de industria especifica que esta normativa es independiente a otras, por lo que la empresa cumplirá con todas.

Procesos de reactivación

Este mandato queda recogido en el capítulo sexto del borrador de ley foral que hace referencia a los procesos de reactivación industrial en nuestro territorio, “que tienen como objetivo articular medidas que mitiguen los efectos de una pérdida considerable de capacidad industrial, fijada en una bajada de más del 20% en un mismo centro de trabajo radicado en Navarra, y en una disminución de 75 empleados y empleadas directos a jornada completa”.

Al detalle

Cuando la empresa anuncie esta medida, el departamento de Industria tendrá que elaborar un informe en un plazo de 15 días para “valorar si se cumplen las circunstancias descritas de pérdida de producción y puestos de trabajo”.

El mismo documento tendrá que reflejar un análisis del impacto de la medida en el territorio, un desglose de la plantilla por edad, género, personas migrantes, la afectación al PIB y a las exportaciones, los efectos sobre la cadena de valor y el perjuicio en la despoblación.  

El inicio del proceso de reactivación industrial de la empresa debe tomarse en acuerdo de Gobierno, que notificará a los sindicatos, organizaciones empresariales, ayuntamientos afectados y Estado si quieren participar. La empresa deberá hacerlo de manera obligatoria –así el Ejecutivo foral asegura su presencia y evita que ocurra como en BSH–.

En el cierre de Esquíroz, Navarra y el Ministerio de Industria insistieron en que la multinacional se sentara en la mesa de reindustrialización, ya que al principio no quería. 

Ampliación

Posteriormente, los integrantes constituirán una mesa de reactivación que estudiará la información presentada en un primer momento; definirá un calendario de acciones para revertir la situación o iniciar la búsqueda de una propuesta para preservar las capacidades industriales, el tejido productivo y el empleo;y alcanzar un acuerdo de reindustrialización.

Además, la empresa garantizará el funcionamiento normal de la actividad durante el análisis de opciones para reactivar la actividad y durante un plazo “mínimo de nueve meses, sin perjuicio de la ley concursal si se trata de un concurso de acreedores”. Así, la mesa de reactivación intentará proponer una solución en nueve meses, pero ese plazo se podrá ampliar si existen posibilidades que garanticen ese futuro.