Foro Hiria centró su debate en las estrategias innovadoras para la gestión de residuos en Navarra y en los retos que aún persisten para avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente. La jornada buscó ofrecer una visión global de las transformaciones que se están llevando a cabo en infraestructuras y servicios, así como de las iniciativas que consolidan la participación ciudadana y la economía circular en Navarra.
En la mesa de debate participaron expertos y responsables institucionales que aportaron diferentes perspectivas sobre estas cuestiones. Entre ellos se encontraban Ana Bretaña, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra; Alfonso Amorena, director gerente de Servicios de la Comarca de Pamplona; Fernando Mendoza, director gerente de Nilsa; y Oscar Rubio, responsable de la Oficina de Prevención y Economía Circular del Consorcio de Residuos de Navarra / Nafarroako Hondakinak. Todos subrayaron que la transición hacia una economía circular real exige no solo avances tecnológicos, sino cambios estructurales en la forma de producir, consumir y separar los residuos, además de una gobernanza sólida en un territorio tan disperso como el navarro.
Bretaña abrió la conversación insistiendo en que la innovación debe entenderse como una oportunidad que abarca desde el diseño de los productos hasta su gestión final. “No se puede delegar todo en la tecnología – afirmó –, sino que es necesario combinarla con colaboración institucional, empresarial y ciudadana”. Recordó que Navarra se sitúa entre las comunidades más avanzadas en reciclaje doméstico –en torno al 53%– gracias a un trabajo sostenido durante décadas, a un marco ambicioso como la Ley Foral 14/2018 y al Plan de Residuos, así como al compromiso de la ciudadanía. Sin embargo, mejorar un solo punto porcentual requiere un esfuerzo enorme. Para la directora general, la lucha contra la economía lineal –extraer, fabricar, usar y tirar– pasa por dos ejes: reducir la generación de residuos, apoyándose en el ecodiseño y la legislación, y mejorar la calidad del reciclaje, entendiendo que los residuos son materias primas valiosas. “La gestión ineficiente de los residuos es uno de los mayores problemas ambientales a nivel global. No hay otra salida que avanzar con más rigor”, sentenció.
Por su parte, Rubio complementó esta visión aportando una cifra que dimensiona el reto: solo en Navarra se generan 850.000 kilos de residuos domiciliarios cada día. En su opinión, la innovación tecnológica es indispensable –“nos va la vida en ello”–, pero la clave reside en convencer a las personas, desmontar mitos y asumir responsabilidades individuales y colectivas. “El consumo y la generación de residuos –recordó– están intrínsecamente relacionados y solo se reducen drásticamente en épocas de crisis económica”. Por eso insistió en la necesidad de legislar para que los productos contengan menos residuos asociados y de reforzar la educación ambiental desde edades tempranas. “Tenemos que darnos cuenta de lo guarros y guarras que somos como sociedad”, afirmó, defendiendo el papel pedagógico de miles de actividades dirigidas al alumnado. En su intervención, además, reivindicó el compostaje como paradigma de la circularidad: tratamiento local, abono orgánico, menor transporte y recogida más eficiente.
Incentivar la separación
Para Amorena, la recogida constituye la piedra angular del sistema. “Todo lo que no separamos en origen acaba en el resto y pierde valor”, afirmó. La innovación tiene como objetivo facilitar la separación e incentivar a la ciudadanía, que determinará el fracaso o éxito del reciclaje. Por ello anunció que la asamblea aprobará el próximo año un paquete de incentivos: 30 euros de descuento para quienes hagan compostaje doméstico, 20 euros en el comunitario y tarifas ajustadas para polígonos industriales según su generación y responsabilidad en la gestión. En el área metropolitana, quienes colaboren y separen adecuadamente podrán acceder a tarifas más bajas, siguiendo el modelo de países europeos donde quien más recicla paga menos y quien más contamina paga más.
En el caso de Mendoza, añadió que “la gestión de los residuos no puede concebirse sin la participación ciudadana”. Navarra cuenta con 680.000 habitantes repartidos en 272 municipios, 345 concejos y 16 mancomunidades —diez de ellas con menos de mil habitantes—, “lo que dificulta ofrecer un servicio homogéneo y eficiente”. Aun así, la reducción, la reutilización y el reciclaje requieren una reflexión colectiva y una interiorización individual: sin separación en origen, ningún sistema funciona. Reivindicó, también, el papel de instituciones como Traperos de Emaús, que combinan prevención, reutilización e inserción sociolaboral, demostrando que “la circularidad tiene también una dimensión social”.
Infraestructuras públicas
Otro de los ejes centrales del debate fue la necesidad de infraestructuras capaces de sostener los objetivos del plan de residuos. Bretaña advirtió de que “la concienciación ciudadana, por sí sola, no basta si no se cuenta con equipamientos dimensionados”; es decir, puntos limpios, plantas de compostaje, nuevas instalaciones de clasificación y el futuro Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona. La directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra recordó que “la Comunidad Foral genera cada año 125.000 toneladas de lodos y su gestión depende de infraestructuras estratégicas, como Arazuri o Tudela”. Por otro lado, también criticó las actitudes de boicot hacia estas instalaciones, que no hacen desaparecer los residuos, pero sí debilitan la capacidad de cumplir los objetivos europeos y pueden provocar sanciones.
En este contexto, Alfonso Amorena explicó que la Comarca de Pamplona está culminando su proyecto más ambicioso tras 25 años de trabajo: una planta pública de tratamiento del residuo resto ubicada en Imárcoain, que “permitirá producir compost para la agricultura y generar biometano que sirva como recurso dentro del territorio”. En lo que respecta al futuro, Bretaña proyectó una sociedad plenamente concienciada y habituada al uso de materiales de segunda mano; Amorena imaginó un sistema en el que el contenedor de resto sea cada vez más pequeño y quien genere más deba pagar más; Mendoza destacó la cogobernanza y la responsabilidad compartida entre administraciones y ciudadanía; y Rubio expresó su sueño para 2040: “un territorio donde separar correctamente sea una obligación legal asumida por todos –personas, ayuntamientos y empresas– y donde el pago por generación esté plenamente implantado”.
