FASA, un caso todavía sin cerrar

Hace ahora tres décadas, los últimos años de la andadura de Fundiciones de Alsasua SA, FASA, saltaron a las primeras páginas de los periódicos regionales y también nacionales. Fue el diario El País el que desató en febrero de 1980 el llamado Caso FASA, 81 millones de pesetas que adelantó la Diputación Foral a esta empresa en concepto de crédito puente para inversiones y el pago de nóminas y proveedores. Sin embargo, fueron destinados en su mayor parte a satisfacer las deudas de esta empresa, avaladas entre otros, por el entonces presidente de la Diputación, Jaime Ignacio Del Burgo. Era un capítulo más de la trayectoria de esta histórica empresa que llegó a contar con 300 trabajadores en los años 70. Pionera en su tiempo, la falta de una política de reinversión de los beneficios supuso su fin.

Del Burgo nunca fue procesado penalmente y sólo se iniciaron acciones legales por estafa contra el exparlamentario y consejero delegado de esta empresa, Ignacio Irazoqui, que finalmente fue absuelto. La Diputación no interpuso recurso, acudiendo a la vía civil para recuperar los 81 millones. El Juzgado de Primera Instancia de Pamplona dictó sentencia a finales de 1984 desestimando la demanda contra los antiguos consejeros de FASA. En la sentencia, y entre otros asuntos, se decía que la responsabilidad del perjuicio sufrido por la Diputación "fue la falta de previsión de los diputados que adoptaron el acuerdo de concesión del anticipo sin haber exigido la prestación de las garantías que hubieran permitido la devolución del mismo".

el "caso fasa" En junio de 1979, la Diputación Foral concedió un anticipo de 81 millones de pesetas, 499.000 euros, a la empresa Fundiciones de Alsasua SA que se encontraba en una delicada situación económica. Esta suma sería devuelta una vez que la Caja de Ahorros de Navarra formalizase unos créditos, que se hicieron efectivos una semana después. Pero Del Burgo no advirtió de su condición de avalista solidario, junto con otros siete consejeros de la empresa, de créditos por un importe de 57 millones de pesetas, así como su carácter de accionista de la empresa.

Además, este crédito puente no fue invertido en lo previsto inicialmente sino que fue destinado, en su mayor parte, a satisfacer deudas de la empresa avaladas. Así, se destinaron 62 millones a saldar unos créditos vencidos y el resto para el pago de las nóminas atrasadas de los trabajadores. Pero en septiembre la empresa se declaró en suspensión de pagos, sin que se hubiese formalizado el crédito, por lo que el anticipo nunca se recuperó.

Desatado el escándalo, en marzo de 1979 se creó en el Parlamento foral una comisión especial de encuesta que realizó un informe que motivó que todos los grupos parlamentarios, a excepción de UCD y UPN, presentaron mociones de censura en las que se exigía a Del Burgo su cese como presidente de la Diputación, así como de diputado foral. Un mes más tarde, el 14 de abril, el Parlamento acordó, con los votos del PSOE, HB, PNV y dos parlamentarios de su propio partido, UCD, que vulneraron la disciplina de voto acordada por su grupo parlamentario, exigir su dimisión como diputado y presidente de la Diputación. Pero Del Burgo no dimitió, por lo que el 28 de abril la Diputación acordó su destitución, que se hizo inmediatamente efectiva.

Posteriormente, el 28 de noviembre, la Diputación de Navarra tomó la decisión de llevar ante los tribunales a Del Burgo acusándole de malversación de fondos públicos por el Caso FASA. No obstante, la Fiscalía General del Estado, previo informe unánime de la Junta de Fiscales, desestimó la denuncia. La Corporación también acordó denunciar al ex diputado foral Irazoqui de estafa. Era la primera vez en la historia de la Diputación Foral que la corporación tomaba la iniciativa de llevar ante los tribunales de Justicia a uno de sus miembros en activo.

Del Burgo recurrió tanto el acuerdo del Parlamento Foral como el acto administrativo de su destitución. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de Pamplona dictó dos sentencias en junio de 1981. En la primera declaró nulo el acuerdo del Parlamento pero en la segunda confirmó la decisión de la Diputación. Del Burgo recurrió ante el Tribunal Supremo contra esta segunda sentencia. En octubre de 1983 este tribunal anuló el acuerdo de la Diputación que destituía a su presidente. Así, unos meses después, en enero de 1984, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial ordenó la reposición de Del Burgo como presidente de la Diputación, por lo que volvió a ocupar el cargo brevemente en 1984.

la fundición se abrió en 1898 Fundiciones de Alsasua inició su andadura en 1898 de la mano de dos industriales de Pamplona, Veramendi y Echarri, que eligieron Alsasua, y más concretamente el término de Ibarrea, junto al ferrocarril, por su arena roja para moldear, según señala Jesús Aldasoro, contable de esta empresa hasta su cierre. "Para suministro de agua y energía, construyó una presa en el río Altzania", afirma.

Si bien en sus inicios se dedicó a la fabricación de camas de hierro, al poco tiempo se especializó en la fabricación de material sanitario esmaltado como bañeras, urinarios, lavabos y cocinas, entre otros productos. "Para enseñar el oficio, acudieron moldeadores y esmaltadores de Francia", observa este alsasuarra de 80 años. Su producto era casi exclusivo en todo el Estado español, con lo que su proceso expansivo fue muy importante. En 1920 pasó a ser sociedad anónima, con un capital de 1,5 millones de pesetas. Entonces contaba con 70 trabajadores.

Durante la II República, tal y como relata Marino Ayerra en el libro No me avergoncé del Evangelio, era consejero de Fundiciones de Alsasua Joaquín Lizarraga, donostiarra, católico practicante, militante del PNV y "hombre abierto generosamente a todas las reivindicaciones obreras", según el ex sacerdote. Una vez iniciada la guerra civil y tras la caída de San Sebastián a manos de las tropas rebeldes, Joaquín Lizarraga se presentó voluntariamente ante la Comandancia de Alsasua. Allí fue detenido y asesinado en la sima de Urbasa. Su hijo, Sabin Lizarraga, que también fue detenido en la fundición y encarcelado junto a su padre, sufrió el mismo fin.

Tras la guerra, FASA pasó a manos "de familias de la oligarquía fascista navarra como los Lizarza, Aldaz o Aizpún", según explica José Ángel Agirrebengoa, presidente del Napar Buru Batzar y parlamentario de NaBai. Hijo de un empleado de FASA, también trabajó en esta empresa algunos veranos en su época de estudiante. "Con este accionariado continuó FASA su trayectoria en la época de postguerra en un mercado autárquico y con un producto exclusivo en el Estado. Para hacernos a la idea de su espíritu empresarial durante la posguerra y hasta los años 50, el lingote de hierro escaseaba y estaba sujeto a cupos que la Administración adjudicaba en función de las necesidades de las empresas. En esos años, y durante el otoño, se cerraba la fundición y los obreros de FASA tenían que dedicarse a recoger patata en la vecina Álava. Mientras tanto, el lingote de hierro asignado a FASA era vendido en el mercado siderúrgico de estraperlo a precios especulativos", señala Agirrebengoa.

Pero llegó el desarrollismo de los 60, con un crecimiento desorbitado de la construcción y del turismo, y por tanto, con una gran demanda de producto sanitario que desde FASA no se podía atender. "Poco antes había iniciado su andadura una pequeña fábrica de sanitario en Cataluña llamada Roca", apunta Agirrebengoa. "Las instalaciones, maquinaria y tecnología empleada por FASA era obsoleta, como consecuencia de la falta de una política inversora del accionariado, tan sólo preocupado por repartir dividendos. La FASA se dejó morir", observa Agirrebengoa. También afirma que, a consecuencia de ello, las condiciones laborales para los trabajadores eran penosas y con un alto grado de siniestralidad. "Todavía hay muchos trabajadores de FASA que padecen silicosis en mayor o menor grado", indica.

En estas condiciones se llegó a los 70, cuando FASA ocupaba a unos 300 trabajadores. Se comenzaron a abrir los mercados y comenzaba a llegar producto sanitario de Francia e Italia a precios más competitivos. Pero sobre todo, la pequeña fábrica de Cataluña, Roca, había crecido con criterios empresariales de reinversión de beneficios en tecnología e instalaciones que abarataban sus costes y mejoraban su posición en el mercado.

Es entonces cuando comienzan los problemas en la firma de Alsasua. "El Consejo de Administración decidió comprar la maquinaria desechada de una fundición de Francia, dejando de un lado la fabricación manual que hasta entonces tanto prestigio había dado a los productos de FASA. Con las máquinas salían muchas piezas malas y se empezó a perder dinero. Los trabajadores comenzamos a dejar de cobrar", recuerda Aldasoro. Se llegaron a acumular atrasos de cuatro nóminas que los trabajadores recuperaron una vez declarada la quiebra y liquidada la empresa.

la cooperativa final El caso FASA no fue el fin de la fundición de Alsasua, que aguantó un par de años más en forma de Sociedad Anónima Laboral. No obstante, quebró definitivamente en 1981, dejando sin empleo cerca de 250 trabajadores en una coyuntura de crisis generalizada que en Alsasua se prolongó durante toda la década de los 80. Muchos de aquellos nuevos parados eran de edad avanzada, que se jubilaron con unas pagas mínimas después de haber trabajado toda una vida en esta fábrica. También era el fin de una trayectoria de más de ocho décadas, dando trabajo y renombre a la villa. Y es que después del ferrocarril, que llegó a Alsasua en 1863, la Fundición fue la otra gran empresa en la primera mitad del siglo XX en una sociedad todavía eminentemente agrícola pero al mismo tiempo pionera en el proceso de industrialización de Navarra.

De la antigua fundición no quedó nada. Fue demolida a mediados de los 80, construyéndose nuevas naves en los terrenos que en su día albergaron sus instalaciones.