olite. El próximo viernes, el salón de actos de la Casa de Cultura de Olite albergará, a las 19.30 horas, una asamblea abierta a todo el público en la que los convocantes, los 21 afectados de la urbanización AR3, explicarán a los vecinos las dificultades económicas por las que están pasando desde que se urbanizó la denominada Moraleja o Huerta de Moso, una zona de huertas y fincas de 33.525 m2, de los cuales 2.000 pertenecen al Consistorio. La urbanización va desde el convento de los Franciscanos hasta un terreno situado a la entrada desde Tafalla, donde estaba prevista la construcción de 150 viviendas, algunas de VPO, pero no se ha construido ninguna.
Según explican los afectados, el germen del "atropello tanto moral como económico" que están sufriendo proviene de la aprobación por el Consistorio del sistema de cooperación para acometer el proyecto. Este sistema, basado en el pago de la urbanización según los metros de suelo, "es el más agresivo y en su día los propietarios reclamamos que no se llevase a cabo porque preveíamos que sería muy difícil vender los terrenos, pero la alcaldesa, María Carmen Ochoa, no nos tuvo en cuenta y ahora nos encontramos con que hemos recibido providencias de embargo de hasta 300.000 euros, en algunos casos. Parece que no se dan cuenta de que somos gente humilde, en muchos casos pensionistas, ¿cómo pretenden que paguemos?" explica Aurora Sada, de 58 años. Las obras de la AR3 concluyeron en junio de 2009.
sistema de cooperación Asimismo señala que "el proyecto de reparcelación se aprobó en 2007 y para entonces, la alcaldesa era sabedora de dónde nos estaba metiendo. Los propietarios veíamos que no era el mejor momento para crear otra urbanización, pero el Ayuntamiento se empeñó tanto que decidimos pedirle que por lo menos nos comprara el suelo, pero se negó y fue entonces cuando la alcaldesa decidió acometer el proyecto mediante el sistema de cooperación llevándonos a la ruina".
Uno de los casos más sangrantes es el de la anciana Victoria Luna, de 85 años, que debe abonar 257.000 euros cobrando una pensión de 587 euros al mes. "Pensaba que tenía la vida solucionada, ya que había heredado este patrimonio de mis padres, pero ahora me veo en la situación de que no tengo nada. Además de quedarme con tan sólo una cuarta parte de los 2.500 m2 de terreno que tenía me veo en la tesitura de abonar una cantidad que no poseo. Pedí al Ayuntamiento que cogiesen los metros cuadrados necesarios para saldar la deuda, pero la alcaldesa desestimó mi petición", manifiesta la jubilada, apoyada en su sobrina María Ángeles Vélez, de 44 años.
Los afectados sentencian que "en ningún momento nos han tenido en cuenta para nada y parece que han querido pagar la urbanización a nuestra costa. Creemos que la obra es demasiado majestuosa. Las aceras son demasiado grandes, han abusado de zonas verdes y lo cierto es que está completamente desierta. Este delirio de grandeza ha repercutido en nuestros bolsillos, porque ha aumentado los costes y ha reducido nuestro terreno", y explican que "la única opción que se nos ha ocurrido ha sido poner en garantía los terrenos y que se los quede el Ayuntamiento para construir VPO, pero también han denegado la propuesta". Por si fuera poco, Sada señala que "a esta suma económica hay que añadirle el dineral que nos estamos gastando en juicios y recursos".
la alcaldesa La alcaldesa del PSN, María Carmen Ochoa, recuerda que el Ayuntamiento aprobó este proyecto hace 10 años y que los propietarios conocían que el Plan General marcaba como primera prioridad la creación de la AR3, por lo que apunta que "no vamos a ir a la asamblea porque no me parece que tengamos que ir a defendernos ante los vecinos" y añade que "son tres personas las que no quieren cumplir con sus obligaciones tributarias y dudan de la honestidad del Ayuntamiento".
Ochoa señala que "tenemos un expediente que podemos enseñar a los vecinos donde se ha mandado una y otra vez, por correo certificado con acuse de recibo, la información y donde han sabido las cuotas de urbanización y nadie las ha discutido. Así que ahora lo que no cabe es no querer pagar". La alcaldesa recuerda que "las unidades se habían desarrollado porque las querían promover los propios propietarios. Fue entonces cuando se hizo una junta de compensación, en la que el que tiene más del 50% hace la junta y las demás personas con sus porcentajes participan de su cuota de compensación. Como esa unidad no la quería desarrollar nadie, se hizo por cooperación porque era un bien general".
Ochoa señala que "a nivel personal lo siento", pero recuerda que "mientras ellos estaban en juicios y en pleitos, la finca de abajo, la AR1, se vendió a un promotor de Barcelona y pagó 2.900.000 euros, así que podrían haber vendido". Por último explica que "les avisamos hace un año de que debían abonar los costes y hemos demorado más de un año llevarlos a la Agencia Ejecutiva porque no nos parecía la solución, pero no ha habido un acercamiento".
