tafalla - Tras conocer su imputación por supuestos delitos de falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes en relación con una constructora de la que era socia y que quebró hace dos años, Construcciones y Reparaciones La Nava SL, los principales grupos de la oposición, Bildu y PSN, solicitaron ayer la dimisión de la alcaldesa de Tafalla, Cristina Sota (en el caso de Bildu), y la creación de una comisión de investigación (a propuesta del PSN) para estudiar las adjudicaciones que el Consistorio realizó a esta empresa durante las dos legislaturas en las que Sota ostentó la Alcaldía.
“Pese a estar en el final de la legislatura y a la espera de la finalización del proceso judicial abierto”, el grupo municipal de Bildu Tafalla exige tanto su dimisión como su “desvinculación de cualquier cargo público”. Y es que la coalición, cuyo portavoz y candidato es Arturo Goldaracena, considera los cargos que se le imputan de “extrema gravedad, máxime cuando corresponden a un cargo público que además representa a toda la ciudad, independientemente de su derecho a la presunción de inocencia que como todo ciudadano tiene”. En este sentido Bildu opina que “el ejercicio de representación pública que corresponde a un alcalde o alcaldesa es incompatible con las imputaciones de que se acusa a Cristina Sota, al margen de que los mismos pudieran haberse cometido en el ámbito de una empresa privada”.
La coalición adelanta, además, que “dado que esa empresa ha sido beneficiaria de muchas adjudicaciones de obras durante el mandato de Cristina Sota”, solicitará a Alcaldía diversa información que acredite “los contratos que en el período 2003-2013 se han realizado a esa mercantil, ya que creemos que ha sido una de las mayores contratistas -en número de contratos, por lo menos- con el Ayuntamiento de Tafalla”.
El PSN, por su parte, avanza que como la imputación de Sota “afecta de manera sustancial a la imagen pública y respetabilidad de la máxima institución municipal de Tafalla, la Alcaldía”, pedirá la celebración de un pleno extraordinario y urgente en el cual solicitará “la creación de una comisión municipal especial de investigación centrada en el estudio de todos los expedientes y actuaciones en los que haya sido parte la empresa Construcciones y Reparaciones La Nava SL durante las dos legislaturas presididas por la señora Sota”.
Y es que los socialistas, con su portavoz Ángel Solchaga a la cabeza, recuerdan que esta empresa “ha mantenido relaciones, al menos contractuales, con el Ayuntamiento” mientras Sota ostentaba la Alcaldía. “No podemos permitir que surja el mínimo atisbo de duda de que tales relaciones, o cualquier otra circunstancia que apareciera entre ambas no han sido acordes a la legislación vigente” subrayan a través de un comunicado.
Los socialistas exigen además a UPN, en general, y a su candidato en Tafalla, Pablo Larrasoaña, en particular que “manifieste su opinión sobre este asunto en su condición de concejal de Urbanismo y miembro del equipo de gobierno”.
Iniciativa por Tafalla (IT), sin embargo, no cree que haya habido irregularidades en el Consistorio. “No dudados de la Comisión de Urbanismo, en la que hay representantes de todos los grupos municipales, ni de sus técnicos”, apunta. Además añade que la alcaldesa “se ausentaba cuando había temas relacionados con su empresa y , en cuanto a los técnicos, confiamos tanto en el interventor como, sobre todo, en la secretaria municipal, que en caso de haber detectado cualquier irregularidad no hubiera dudado ni un momento en actuar en consecuencia, impedirlo y, en su caso, denunciarlo”.
IT dice respetar los tiempos de la Justicia, “que es quien debe actuar y dictar al respecto”. Ahora bien, “si cualquier grupo considera que puede haber irregularidades en las adjudicaciones realizadas a esta o cualquier otra empresa, su deber es denunciarlo y la justicia se ocupará de analizar si hay indicios y, en tal caso, proceder a la investigación pertinente”, subraya. “Por nuestra parte, máxima colaboración con la justicia y máximo respeto hasta que se confirmen los supuestos”, concluye Ana Ozcáriz, portavoz de Iniciativa por Tafalla.
sota lo niega Por su parte la alcaldesa de Tafalla, Cristina Sota, señala que en los hechos relacionados no concurre supuesto de apropiación indebida alguna, “circunstancia que ya quedó acreditada”, dice, “ante el Juzgado de lo Mercantil mediante sentencia de fecha 13 de enero de 2015, en la que se determinó que ni los socios de la mercantil ni sus administradores llevaron a cabo salidas de bienes o derechos que hubieran podido perjudicar al patrimonio de la concursada”. Tampoco se da, según alega en un comunicado, “falsedad documental” ya que el acta que incidiariamente podría haber sido empleada como justificante para realizar un supuesto alzamiento de bienes era una reproducción y “ya existía de un acuerdo adoptado por unanimidad por todos los socios y que no tiene contenido económico alguno que pueda afectar al patrimonio de la mercantil, tal y como se resolvía por la sentencia citada anteriormente” detalla.
Manifiesta, asimismo, que “nada de lo anterior tiene que ver con el ejercicio de mis responsabilidades públicas, pretendiéndose únicamente utilizar una circunstancia ajena totalmente a mis responsabilidades políticas, que se refieren exclusivamente a una actividad privada con anterior a mi nombramiento público, para intentar menoscaban o perjudicar mi imagen pública y mi actuación al frente del Ayuntamiento de Tafalla”.
Por último, tras responder a Bildu que la información de las adjudicaciones “siempre han estado a disposición de la corporación”, concluye que bajo su punto de vista las acusaciones buscan “perjudicar” su gestión pública.
