Dos años para consensuar la Reforma Local

pamplona - Dos años de plazo se marca el Gobierno para definir la reorganización de la Administración Local de Navarra a través de un proceso de participación que está previsto que concluya en diciembre de 2017, de forma que en 2018 el departamento entregue al Parlamento los proyectos legislativos. Se trata de “uno de los grandes retos de la legislatura para el Gobierno”, en palabras de la consejera Isabel Elizalde, cuyo departamento pretende ir más allá de una simple reforma administrativa y conseguir un modelo de equilibrio territorial que sea referente para las políticas de todos los departamentos del Gobierno.

Después de dos legislaturas en las que los gobiernos de UPN y PSN no lograron sacar adelante la reforma, el Ejecutivo reinicia este proceso y lo hace buscando desde el primer momento la máxima participación de las entidades locales a través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC). También a diferencia de la pasada legislatura, cuando UPN presentó un proyecto de ley de reordenación del Mapa Local que dejaba para más adelante el espinoso tema de la financiación, ahora se ponen sobre la mesa desde el principio las tres patas de la reforma: competencias, financiación y planta local. “No vamos a ir con una propuesta de partido”, expuso la consejera Elizalde, que aseguró que el Gobierno va a llevar al proceso de participación “reflexiones” con la pretensión de que lo que resulte se haga “entre todos”.

En el proceso participarán el Gobierno, con la Dirección de Administración Local como agente coordinador, las entidades locales coordinadas por la FNMC, los grupos parlamentarios, expertos y asesores, funcionarios y otros actores. Se establecerán tres grupos de trabajo que avanzarán de forma paralela.

los contenidos El director general de Administración Local, Xabi Lasa, expuso los tres contenidos fundamentales que necesitan ser actualizados con la reforma. Por una parte la definición de las competencias locales. “Desde la Ley de Administración Local de 1990 las cosas han cambiado mucho”, señaló Lasa, quien añadió que es necesario “definir qué competencias son propias, cuáles se asumen por delegación y qué pasa con otras que no son de ninguna administración pero que se ejercen”. El objetivo es que todos los navarros tengan una calidad similar de sus servicios municipales. En cuanto a la financiación, Lasa avanzó que hay que hablar de los impuestos, de los fondos de participación en los tributos forales, etc, con la idea de llegar a un sistema “justo y equilibrado”.

Finalmente, es necesario definir la planta local, el Mapa. Lasa aseguró que el Gobierno no se plantea suprimir ayuntamientos ni concejos, pero sí tiene que haber una reducción “casi drástica” de las entidades supramunicipales. Así, recordó que estas figuras han ido surgiendo de forma no ordenada, al tiempo que se solapan competencias de distintas administraciones con una distribución “caótica”, dijo, que no siempre responde a criterios territoriales.

Aportaciones. La primera fase del proceso se extenderá hasta mayo y en ella los grupos de trabajo de la FNMC, que ya han comenzado a funcionar, realizarán aportaciones a las bases del debate.

Propuestas concretas. En una segunda fase los grupos deliberativo y de asesoramiento trabajarán en la elaboración de propuestas concretas.

Grupos parlamentarios. En la tercera fase entrarán los grupos parlamentarios para dar su opinión y realizar sus aportaciones con el objetivo de llegar a un documento consensuado.

Texto final. A partir de diciembre de 2017 el Gobierno lanzará las propuestas legislativas y las enviará al Parlamento para que se aprueben en 2018.