pamplona - Las campañas electorales municipales pueden suponer sólo dos semanas, al menos de manera oficial, pero lograr el voto del más indeciso es -a veces- una tarea que no depende solo del candidato. Influye también una propaganda política que ha de ajustarse a la legalidad y, tal y como denuncian algunas agrupaciones electorales (sobre todo las más pequeñas y nuevas), limita con creces esa capacidad para llegar a todo el mundo.
Y es que mientras los grandes partidos se financian con créditos bancarios, cuotas de sus afiliados, microcréditos o incluso a través del crowdfunding, los pequeños tienen que conformarse con pagar la campaña electoral, muchas veces, de su propio bolsillo o con ayuda de subvenciones. El límite legal de gasto establecido en 0,11 euros por habitante para las entidades que se presentan en un sólo municipio supone una cifra en ocasiones “absurda”, señalan. En los comicios de 2015 fueron 2.000 euros para Cambiando Burlada, 1.506 en el caso de Estella Orain y 852 para Corella Decide. El margen para Lodosa Organización de Independientes Unidos (LOIU) y Adelante Beriáin, por citar algunos ejemplos, fue de poco más de 500 y de 400 euros, respectivamente.
Son cifras irrisorias teniendo en cuenta que únicamente el buzoneo, el mailing o la edición de un programa electoral “ya supera los 2.000 euros”, tal y como denuncia el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Pablo Azcona, alcalde de Lodosa por LOIU. En los términos más modestos, hay campañas en las que el simple diseño y difusión de trípticos “ronda los 300 euros, el buzoneo y envío unos 400, 150 euros el mailing o 60 euros las pegatinas”.
Y a muchos no les salen las cuentas: en Urdax, Urdazubi Elgarrekin debía gastar en la de 2015 un total de 43,12 euros. “Sólo inscribirnos como agrupación en el notario nos costó más de 50 euros”, lamenta su representante, Iñigo Imaz. Invirtieron 502 euros en esa campaña, superando el techo establecido para sus casi 400 habitantes en un 1.065% y, como otras tantas entidades que han quebrantado esa muga (56 en Navarra, 800 en todo el Estado), se enfrentan a sanciones del Tribunal de Cuentas del Estado que ascienden a los 50.000 euros.
“El límite es insuficiente y está mal planteado, sólo en fotocopias ya nos gastamos 200 euros. Es una vergüenza, se supone que la ley trata de impulsar la transparencia y casi te están obligando a no presentar las cuentas. Se ha iniciado un procedimiento contra las agrupaciones que hemos declarado los gastos, cuando hay grupos que no lo han hecho y no se enfrentan a multas: esto sólo va a conducir a que el año que viene la gente no declare”, denuncia Imaz, que indica además que renunciaron a la subvención que les ofrece el Ministerio (una que en la mayor parte de los casos sólo cubre ese techo de gasto) y le parece “de chiste” tener que enfrentarse a una sanción tan desproporcionada.
DESCONOCIMIENTO. Coincide con esta postura Miguel Goitiandia, desde Corella Decide, que también asume que, “como prácticamente todas las agrupaciones”, desconocían que existía ese margen. Y a pesar de haberlo rebasado en sólo 67 euros, se enfrentan a la misma multa (50.000), algo que considera “inasumible. Somos agrupaciones pequeñas, muchos simplemente vecinos, y creo que desde el Ayuntamiento se nos debería haber informado de ese riesgo”, valora. Para él se trata de un problema que “está fuera de la realidad, se está montando una buena y en el Tribunal están sobrepasados con tantas quejas y alegaciones”.
Tal y como relata Azcona, en los últimos años ha habido un cambio legislativo que ha pasado prácticamente desapercibido para la gran mayoría de entidades, desde que en 2012 se interpusieran las sanciones por sobrepasar el techo de gasto y en 2015 se endurecieran las multas. “Hemos mantenido conversaciones con el Tribunal y tenemos la esperanza de que se aplique la norma anterior, que establecía como pena sólo la diferencia rebasada, el exceso de gasto, y no los 50.000 euros. En nuestro caso tendríamos que abonar 1.954, pero sería lo más lógico para muchas agrupaciones que se han pasado en cantidades muy pequeñas”, explica.
Desde la Federación, además de mantener reuniones con representantes políticos locales y estatales y con la Federación Española de Municipios -se están desarrollando ya durante este mes de mayo-, están trabajando en solucionar esta situación. “Queremos que se paralicen esos expedientes y proponer un cambio en la legislación para que no vuelva a suceder lo mismo. La alternativa pasa por elaborar un estudio del gasto real que se necesita para realizar una campaña, aunque sea para cubrir lo mínimo, y la solución tiene que ser conjunta”.
Han diseñado, de momento, un modelo de alegación que pueden presentar los afectados, aunque explica Azcona que los tiempos no son los mismos: a algunos les ha llegado la carta de apertura de expediente, otros no saben nada, están los que ya han sido sancionados y quienes han hecho las alegaciones pertinentes.
DESVENTAJA Y CASTIGO. De-nuncia el alcalde de Lodosa, por otra parte, que esta ley supone “un agravio comparativo. No podemos concurrir a las elecciones en las mismas condiciones que el resto. UPN y PSN en mi pueblo, por citar dos partidos, no han tenido estas pegas porque compiten como ‘marca’. Cuentan con más capacidad de gasto (hasta 150.000 euros por arriba) y están participando en la vida política de un municipio con ventaja”, valora. Sobre la sanción, que considera “totalmente excesiva”, explica que es una decisión que aboca a las agrupaciones “a desaparecer. Ese dinero tiene que ir de nuestro bolsillo y no contamos con una estructura económica detrás que pueda afrontarla. Es muy injusto”, critica.
A los representantes de Estella Orain el cambio legislativo también les ha cogido “desprovistos de argumentos y de conocimiento. Se ha hecho totalmente a traición y es un abrazo a la ley mordaza, una represión encubierta judicialmente que impide practicar la política a la gente normal y sencilla”, señala Javier Montoya. Asegura que se trata de una medida que “castiga a las candidaturas populares, que no nos metemos en esto para sacarnos un sueldo, sino porque siempre hemos pensado que es mejor cambiar la sociedad, y nada más. Esto sólo es una manera de alentar el bipartidismo”.
Jesús Sanz, edil de Adelante Beriáin, indica que no están asustados, “pero sí perplejos”, aunque confían en la Federación para encontrar una salida. Desde Cambiando Burlada el alcalde, Txema Noval, también critica que la cuantía que permite la ley electoral “es muy escasa. En un pueblo como Burlada, ese techo de 2.000 euros es irreal, se supera sólo con la publicidad, y nos deja en desventaja respecto al resto de partidos que se presentan en más municipios”. Indica que, como mínimo, “habría que incrementarlo en cantidades razonables, con cálculos realistas aunque sin dejar barra libre. Una campaña aquí, en Barañáin, Sarriguren o Burlada, cuesta mínimo 4.000 euros si quieres hacer algo decente -valora-. Para combatir la corrupción han intentado matar moscas a cañonazos. En Navarra somos muchas las agrupaciones pequeñas y en muchos casos son las que tiran de los ayuntamientos”.
