El Consejo de Navarra declara nulos los convenios y anexos de Oncineda

PAMPLONA. El Consejo de Navarra por unanimidad ha declarado nulos de pleno derecho los convenios y anexos de Oncineda, según ha avanzado este jueves en rueda de prensa el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, un dictamen que elimina el riesgo que tenía la ciudad de acometer indemnizaciones millonarias por el proceso iniciado en 2006.

El dictamen es definitivo y no se puede recurrir. El Consejo también destaca que las exalcaldesas de PSN y UPN, María José Fernández y Begoña Ganuza, "no tenían competencia para firmar convenios y anexos", y que se actuó "en interés del sector privado".

"Hemos librado a nuestra ciudad de una gran amenaza", ha destacado el alcalde. Ahora, el Consistorio estellés deberá anular los convenios con el fin de evitar posibles reclamaciones.

Comptos puso el foco en que las exalcaldesas Mª José Fernández (PSN) y Begoña Ganuza (UPN) firmaron los convenios urbanísticos "sin autorización expresa de la Junta de Gobierno Local", y recordó que "no constan informes técnicos que justifiquen la operación, algo especialmente relevante en el caso de los anexos".

Olaechea también puso el acento en que fueron asesores externos al Ayuntamiento los que llevaron el asesoramiento, control y seguimiento de los convenios. "Las exclusión de los órganos técnicos municipales contraviene la normativa, y tampoco era adecuada a los intereses municipales". Desde Comptos también se recordaron las recomendaciones ofrecidas al Ayuntamiento y se explicó que si finalmente el dictamen del Consejo de Navarra atiende la petición del Consistorio, como así ha sido, los terrenos revertirán a los propietarios, aunque estos podrían reclamar una indemnización si justifican los daños y perjuicios causados.

EL INFORME DE COMPTOS La Cámara de Comptos de Navarra mantuvo el pasado mes de febrero las conclusiones de su informe provisional de fiscalización sobre Oncineda, una vez conocidas y analizadas las alegaciones que las exalcaldesas de PSN y UPN, Mª José Fernández y Begoña Ganuza, presentaron al citado informe.

Comptos asegura que la defensa de ambas no modifica el informe. Así, el documento provisional de Comptos, publicado en exclusiva por DIARIO DE NOTICIAS el pasado domingo día 4 de febrero, se eleva a definitivo. La Cámara recuerda que la finalidad de su informe fiscalizador sobre los convenios y anexos expropiatorios de los terrenos de Oncineda "es poner en relieve el riesgo económico para el Ayuntamiento" y es contundente al afirmar que "la tramitación y aprobación por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra de los convenios urbanísticos y especialmente de sus anexos no se adecúa a la normativa aplicable".

Como ya ha informado este periódico, en su informe, Comptos apunta que los convenios y anexos firmados por Fernández y Ganuza se suscribieron sin el respaldo de la Junta de Gobierno Local o del Pleno y además constata que en la documentación analizada no constan memorias justificativas o informes técnicos. Así, Comptos afirma que "la competencia para aprobar estos anexos corresponde al mismo órgano que debió aprobar los convenios iniciales, esto es, a la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno".

ALEGACIONES DE FERNÁNDEZ El informe provisional de Comptos ha contado con un plazo de alegaciones, en el que las exalcaldesas Mª José Fernández (PSN) y Begoña Ganuza (UPN) han planteado sus argumentos. En el caso de la ex primera edil socialista, Fernández asegura que "los convenios expropiatorios suscritos en 2006 decían expresamente que para su firma era competente la alcaldía". Así, la exalcaldesa cita los artículos 21.1.p de la Ley de Bases del Régimen Local y los 107 y 108 de la Ley Foral de Administración Local. "Todos ellos referían que correspondía al alcalde o alcaldesa la adquisición de bienes y derechos en función de la cuantía no superaba determinado tope", defiende Fernández. Sin embargo, la Cámara de Comptos responde a esta alegación insistiendo en que "la competencia para la firma de los convenios por la alcaldía exigía previamente una autorización expresa del Pleno o de la Junta de Gobierno".

Así, Comptos asegura que "se trata de un expediente único de expropiación, no susceptible de considerar de forma aislada cada una de las parcelas expropiadas y con una valoración conjunta inicial en torno a cuatro millones de euros, por lo que la competencia para adquisición de dichos bienes correspondía a la Junta de Gobierno". Fernández defiende su gestión en Oncineda recordando que "en el año 2005 el Ayuntamiento de Estella necesitaba obtener a la mayor brevedad los terrenos destinados a la nueva ciudad deportiva. A tal fin, se analizaron distintas opciones para que ello supusiese el menor coste económico. Se opta por intentar acuerdos con los propietarios expropiados en base a no pagar cantidad alguna sino acudir a la figura de expropiar a cambio de finca futura".

Mª José Fernández asegura por otro lado en sus alegaciones que "los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Estella y los particulares en Oncineda no son convenios urbanísticos de los previstos en los artículos 23 a 26 de la LFOTU-2002. En ningún momento se entendió que se estaba en ese supuesto, sino de lo que se trataba, y así lo han entendido distintas instancias judiciales (TSJN, TAN y Jurado de Expropiación de Navarra) , era de un acto en el procedimiento de Expropiación del Sistema General Dotacional Deportivo".

Sin embargo, Comptos contesta que "en todos los documentos analizados por esta Cámara se utiliza la expresión Convenios urbanísticos de expropiación forzosa. Además, las operaciones que regulan esos convenios contienen un apartado de naturaleza esencialmente urbanística".

GANUZA SE DEFIENDE Por su parte, Begoña Ganuza también ha presentado sus alegaciones al informe de Comptos, aunque la Cámara ni siquiera responde a estos argumentos de la exalcaldesa de UPN. Ganuza se defiende asegurando que "toda la tramitación del expediente se realizó de forma coordinada entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y la empresa que realizaba el asesoramiento externo. De hecho, los convenios se custodiaban y pasaban a firma de alcaldía desde el servicio de Hacienda". Sobre los precios establecidos para los terrenos, que como se recordará tras la firma de Ganuza se elevaron de 43,94 euros el metro cuadrado a 108, la exalcaldesa regionalista afirma que a ella se le informó "de que el motivo de fijar unos precios es solo relevante a la hora de poder inscribir la operación en el registro".

Begoña Ganuza afirma que suscribió los documentos que le presentaron los técnicos. "No es esta alcaldía quien fija los precios ni elabora los convenios, sino que firma los documentos que le son sometidos a la firma por los técnicos, que insisten en que es necesario cumplimentar dichos anexos por ser compromisos adquiridos". La exalcaldesa añade que "a la alcaldía le llega un anexo a firmar ya realizado que incluye ese precio. Alcaldía no intervino en la valoración del precio y firma los anexos que le presentan desde intervención", afirma. Por otro lado, Ganuza asegura que fue informada "por la empresa asesora" de que "le correspondía suscribir esos documentos que se sometían a su firma en aplicación de la Ley de Bases de Régimen Foral, de la LFAL y de la Ley de Expropiación Forzosa". A este respecto añade que "en ningún momento hubo advertencia, ni verbal ni por escrito, de ilegalidad de secretaría ni de intervención, que eran los que custodiaban y tramitaban los expedientes". Ganuza asegura que "se me informó no sólo que tenía competencia en base a la legislación que he mencionado, sino que estaba obligada a seguir tramitando el expediente firmando esos anexos". Asimismo, la exalcaldesa de UPN afirma que "el control de la legalidad de las actuaciones municipales corresponde a secretaría, el económico a intervención y el urbanístico a los técnicos correspondientes".