- La Asociación Navarra de Autismo (ANA) insistió ayer en el Día Mundial del Autismo en reclamar a la sociedad navarra empatía y comprensión ante las situaciones que viven las familias afectadas por este trastorno y que incluso ha provocado que en algunos puntos del Estado reciban comentarios inadecuados por parte de vecinos que no entienden dicha problemática, los llamados policías de balcón.

Si bien en Navarra el comportamiento general ha sido ejemplar, las familias no son ajenas a la situación que se origina una vez que el Gobierno central entró en razón y modificó el Real Decreto que no les permitía salir a la calle y que ahora sí lo permite. Desde ANA respetan a las familias que bien usan el brazalete azul, bien se calzan el chaleco naranja de la asociación, o directamente simplemente portan el correspondiente certificado de discapacidad. “Se trata de paseos terapeúticos, no son caprichos, es como el oxígeno. Y otros necesitan estímulos sensoriales que solo hallan en la calle, porque requieren salir, mover y saltarse”, recalca Amaya Áriz, presidenta de ANA.

El tiempo y las rutinas son imprescindibles para la calma, el son de paz y el no retroceso para ese medio millar de menores de 16 años afectados por autismo en Navarra. Aiko, por ejemplo, un niño 6 años (cuya abuela llenó ayer los balcones de Cárcar de azul) de que los primeros días de confinamiento se pegaba a la puerta de casa para poder acudir al colegio o coger la villavesa. A él no le encanta tanto pisar la calle, como dar una vuelta en el coche para mirar el exterior. Las gemelas Martina y Paula, de 11 años, también estaban al deseo de poder jugar con su hermana Carla al aire libre y pasear por el campo.

Precisamente para concienciar, instituciones navarras como el Parlamento o los Ayuntamientos de Tudela y Pamplona se sumaron a la hornada tiñendo de azul en unos casos sus fachadas y en otro, como el Consistorio pamplonés, su página web. Esta acción bajo el lema Puedo aprender, puedo trabajar, y reivindica el impulso de medidas que garanticen el acceso a una educación y a un empleo de calidad, así como la adecuación de ambos derechos a las capacidades, prioridades y necesidades específicas de cada persona con TEA.